En un contexto marcado por el autoritarismo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha liberado a más de 6.200 reos comunes en lo que va del 2025, incluidos 1.500 en julio pasado. Esta medida, repetida durante fechas festivas, ha sido presentada como un gesto humanitario. Sin embargo, contrasta con el encarcelamiento sistemático de opositores políticos, quienes continúan privados de libertad por ejercer sus derechos ciudadanos.
Expertos y organizaciones de derechos humanos internacionales han denunciado que muchas de estas liberaciones incluyen a personas condenadas por delitos graves como femicidio, abuso sexual y narcotráfico, lo cual alimenta un clima de impunidad.
Según cifras oficiales del propio régimen, más del 7% de los excarcelados ha reincidido en actividades delictivas. Esta práctica, más que una política de rehabilitación, parece responder a una estrategia de control social y manipulación de la narrativa pública.
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La jurista Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, advierte que estas excarcelaciones masivas violan los límites legales del poder judicial, y podrían tener fines políticos. “Muchos de los liberados terminan integrando fuerzas parapoliciales o redes de vigilancia territorial, reforzando así el aparato de represión del régimen”, detalla.
Para Solís, con estas acciones la dictadura promueve la percepción de que el poder puede actuar sin rendición de cuentas, debilitando aún más el Estado de derecho en Nicaragua.
Mientras tanto, los presos políticos enfrentan condiciones precarias, persecución a sus familias, e incluso el destierro o la pérdida de nacionalidad.
La jurista finaliza enfatizando que estas medidas forman parte de una violencia institucionalizada que erosiona la cultura jurídica del país y pone en riesgo a toda la ciudadanía, especialmente a las mujeres, en un entorno donde el delito no encuentra castigo.
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