Parte I
Testimonios de 12 personas indígenas nicaragüenses actualmente en prisión, entre ellas guardabosques, líderes comunitarios y una mujer, en su mayoría mayangnas y miskitos, sirven de base al informe “La prisión política como forma de genocidio cultural y la imposición del modelo extractivista en Nicaragua”.
La investigación fue realizada en conjunto por la Unidad de Defensa Jurídica, UDJ, y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI, y presentado en la primera quincena de este mes de agosto.
La información fue compilada entre 2018 y 2025, y expone la criminalización, el encarcelamiento y la violencia institucional hacia personas indígenas defensoras del territorio y su cultura, en un contexto de deterioro democrático, políticas de expansión extractivista y regresión de derechos colectivos.
Se documenta operativos de captura desproporcionadamente violenta realizados por policías, encapuchados y paramilitares, con allanamientos, lanzamiento de bombas lacrimógenas dentro de las viviendas y golpes a mujeres y niñas y niños presentes; así como desapariciones forzadas, torturas racistas, juicios sin garantías y traslados a cárceles a unos 300 kilómetros de sus territorios de origen, lo cual ha impactado gravemente lo psicosocial, económico y cultura de las víctimas, sus familias y comunidades.
El análisis de tales prácticas desde el derecho penal internacional es vital, central y oportuno; señala que las acciones del Estado configuran no solo crímenes de lesa humanidad, también el crimen de exterminio y, potencialmente, genocidio cultural; y la privación deliberada de condiciones propias de vida (acceso a alimentos tradicionales, medicina natural, idioma y prácticas culturales) es parte de un plan de aniquilación cultural que afecta la continuidad colectiva de los pueblos indígenas.
El informe hace visible, analiza y denuncia el impacto que la cárcel tiene en los pueblos indígenas en Nicaragua, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
La criminalización de personas líderes y defensoras indígenas no puede entenderse como suma de casos individuales, sino como parte de una política que combina racismo, despojo territorial e imposición de un modelo de asimilación. Al centrarse en la experiencia de comunidades originarias del Caribe, se revela cómo la represión penal se entrelaza con procesos históricos de exclusión y políticas contemporáneas de extractivismo, desplazamiento forzado y negación de la autonomía o libre determinación.
Históricamente marginados, aún enfrentan ataques sistemáticos
En los últimos años, Nicaragua vive una escalada de represión que afecta a diversos sectores sociales, entre ellos pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe. Históricamente marginados, estos pueblos enfrentan ataques sistemáticos que combinan invasiones de personas no indígenas (colonos), deforestación acelerada, violencia territorial y persecución judicial de sus autoridades comunitarias. La detención arbitraria de guardabosques y líderes tradicionales en represalia por la defensa de sus territorios y derechos colectivos es una manifestación alarmante de la política de control y asimilación cultural.
El informe documenta cómo las detenciones han sido acompañadas de prácticas discriminatorias en los centros penitenciarios -como prohibir uso de lenguas originarias y expresiones culturales tradicionales–, así como torturas y otras condiciones de reclusión que vulneran derechos humanos fundamentales. Dichas acciones no solo afectan a las personas privadas de libertad, también erosionan la cohesión comunitaria, fracturan vínculos culturales y amenazan la continuidad espiritual de los pueblos, configurando un escenario que puede ser calificado como etnocidio o exterminio simbólico.
El análisis se nutre de testimonios directos, datos contextuales y un estudio riguroso del marco jurídico internacional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Estatuto de Roma, para evaluar la posible configuración de crímenes de lesa humanidad y genocidio cultural.
Analizar desde lo jurídico para proteger los derechos
El informe busca no solo documentar estas graves violaciones, sino también proporcionar análisis y herramientas jurídicas que aporten a la protección de los derechos individuales y colectivos, así como a la preservación de la identidad cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas en Nicaragua.
Además, aporta un marco novedoso, integra derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional, derecho comparado, derecho penal nicaragüense y estándares interculturales. Ayuda a fortalecer litigios ante los sistemas interamericano y universal de protección de derechos humanos, así como ante jurisdicciones que reconocen la justicia penal internacional.
El estudio contribuye a la documentación, visibilización y eventual sanción de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas en Nicaragua. Confirma lo señalado por el GHREN, personas líderes y defensoras indígenas de sus territorios y cultura en Nicaragua, se han convertido en blanco de la represión estatal debido a su capacidad de movilización autónoma y la función que cumplen en la protección de los derechos territoriales y culturales de sus pueblos.
Con información de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, (UDJ) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y La Lupa Press.
Foto de portada: Redes sociales
Tamara Morales Orozco 
María Gómez Mejía 