La dictadura Ortega-Murillo no cesa en la persecución y criminalización en contra de sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez, un total de 12 testigos, entre ellos policías, y 4 peritos serán llamados a comparecer en el juicio que el régimen hará por “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.

El abogado Yader Morazán publicó en su Twitter: “Jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Nadia Camila Tardencilla, inicia diligencias de organización del Juicio en contra de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Una vez que se graba los testigos y peritos en el sistema digital, proceden a citarlos”.

Los cuatro peritos que actuarán en el juicio son: “Talavera Martínez o en su defecto el licenciado Levis Josué López López. Alejandra Marcela Salgado Mendoza o en su defecto Jesús Alberto Velásquez. Herrera Rolando Ismael, Gutiérrez Valverde o en su defecto Xavier Corea Martínez. Francisco Antonio Silva Espinal o en su defecto Xavier Corea Martínez. Jorge Luis”.

Entre los testigos está Josefa Jirón López, secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa. En varias fotografías se le ve junto al sancionado alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón y en actividades de la policía.

Gabriela Alejandra Rayo Castro, -quien también figura como testigo – es una reconocida militante orteguista, es casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa Lalo Soza, según testimonio de la ciudadanía.

Emiliano Antonio Pérez Castro, otro testigo es hermano del ex comisionado Marvin Pérez, quien después de abril fue nombrado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa.

Elba Marina Rayo, una agitadora política que trabaja en la Radio Insurrección que opera dentro del Departamental del FSLN, es una de las testigos en el juicio político, Rayo antes abrazaba a Álvarez, y ahora declarará en su contra.

Nieves Francisco Hernández Flores, trabajaba para Radio Hermanos de la diócesis de Matagalpa, conduciendo a los sacerdotes, instalando sonido y ayudando a trasmitir las misas. Actualmente trabaja como sonidista y hace el peritoneo a la Alcaldía de Matagalpa, según información divulgada por el abogado Yader Morazán en su cuenta de Twitter.

La dictadura hace uso de todo el aparato estatal para tratar de consumar en su narrativa los ataques a la iglesia católica y opositores, para ello el Ministerio Público es pieza clave en la persecución política.

Erling Francisco Picado Montoya, recientemente fue nombrado defensor público en el complejo judicial de Matagalpa, servirá de testigo en el juicio político en contra del obispo Álvarez, Picado es pareja de Maritza Rodríguez quien fue concejal de la alcaldía de Matagalpa.

Entre los citados como testigos también está el comisionado de la policía Francisco Villarreal, y en total son 12 los llamados a comparecer bajo esta figura.

Para Gonzalo Carrión, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aunque aseguró que desconoce a los testigos, enfatizó que el régimen podría poner a desfilar a 200 testigos, pero ello nunca podrá quitarle la calidad de preso político a monseñor Álvarez.

“Incluso miles de testigos, pero ahí se va a probar el delio de infame al que se está procesando al obispo. Él con los sacerdotes criminalizados junto a los más de 200 detenidos, siguen y seguirán siendo presos políticos en cuanto no han cometido delito alguno. Por lo que sus arrestos, acusaciones y procesos son absolutamente arbitrarios, inconstitucionales e infame”, sostuvo Carrión.

El pasado 10 de enero el obispo Álvarez fue remitido a juicio oral y público, sin fecha precisada, un proceso que ha sido catalogado por especialistas como nulo y carente de argumentos judiciales.