La historia se repite con idéntico guión y la dictadura Ortega Murillo ha cumplido con lo previsible, desnacionalizando a los 135 presos políticos que previamente desterró a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Los 135 pasaportes recién emitidos, vuelven a convertirse en los pasaportes de todo el planeta con la fecha de caducidad más breve. Estos, al menos, ha tenido una vigencia de cinco días. Los de los 222 expresos políticos que fueron desterrados en febrero de 2023 duraron apenas lo que se dilató el vuelo desde Managua a Washington.
La Corte Suprema de Justicia de la dictadura ha comunicado a través de una nota de prensa divulgada por los medios oficialistas que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, «con base en la Constitución Política, Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y #1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense), ha emitido una resolución judicial ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional». La pena impuesta, sin proceso judicial alguno, incluye también el robo de todos sus bienes, cuentas bancarias y, en su caso, pensiones.
Eso dice el hilarante comunicado de la dictadura, contradiciendo a la propia Constitución Política de Nicaragua, que deja bien claro que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad». En contraste, cosas de la dictadura, se regala como premio de feria la nacionalidad a sus allegados, incluidos exfuncionarios y expresidentes centroamericanos prófugos de la justicia en sus países de origen. Pero la desnacionalización con la que Ortega y Murillo castiga ahora a los 135 expresos políticos no solo viola la propia Constitución de Nicaragua, sino que entra en completa contradicción nada más y nada menos que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 15 deja bien claro que «a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad». Suma por tanto la dictadura, con esta nueva arbitrariedad, nuevas pruebas de cargo que en su momento podrán ser utilizadas en un esperable juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
Casi paralelamente a la nueva aberración de la dictadura en Nicaragua, a miles de de kilómetros de El Carmen, en Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GRHEN) rendían sendos informes en los que se destaca el recrudecimiento de la represión en Nicaragua. En este sentido, la abogada consititucionalista Azahalea Solís, presente en Ginebra, ha aseverado a Agenda Propia Nicaragua que a la hora que el GRHEN iba a a exponer su documento, el régimen en Nicaragua hacía pública su decisión por la que desnacionalizaba a los expresos políticos recién liberados. Así, Solís ha indicado que «se confirma que lo que se dice en los informes del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos es verdad, en Nicaragua se violan reiteradamente los derechos humanos».
Por su parte el abogado Yader Morazán, que fue en su día funcionario de la Corte Suprema de Justicia y fue igualmente desnacionalizado por la satrapía, ha publicado en su cuenta de la red social X que «la dictadura «aplicó de boca la nueva reforma al Código Penal» ya que entiende el letrado, se les ha condenado «sin proceso, en ausencia y dándole efecto extraterritorial a las penas que aplicaron de manera parcial, centrándose en la confiscación que ahora utilizarán como garantía de reparación a las ‘víctimas’, mientras que de forma contradictoria los expulsan, y cooperan en lo que técnicamente sería “evadir la justicia”.
Desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más uno de sus integrantes, el abogado Braulio Abarca, ha solicitado a la comunidad internacional que «siga monitoreando las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad así como también se realicen procesos de rendición de cuentas»
Estas nuevas desnacionalizaciones, en cualquier caso, generan como efecto inmediato que los 135 desnacionalizados podrán ahora solicitar la nacionalidad española en virtud de la disposición de este gobierno europeo que en mayo de 2023 ya hizo público, a través de su canciller, José Manuel Albares, que extendería el derecho a la nacionalidad española por vía de Carta de Naturaleza a todos aquellos nicaragüenses que se vieran desposeídos de su nacionalidad de manera arbitraria por la dictadura. Albares expresó entonces que «cualquier nicaragüense que se vea sometido a esta pena infame por defender la libertad, por defender la democracia, por defender los derechos humanos, siempre tendrá la cobertura de la nacionalidad española, y España será su casa si así lo desea». Muchos de los desnacionalizados en 2023 por el régimen, tanto del grupo inicial de los 222 expresos políticos como los del segundo grupo de 94, la solicitaron y les fue concedida, como es el caso de la directora de Agenda Propia, Patricia Orozco.
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 