Redacción AP

El régimen Ortega Murillo apuesta por implementar una conducta en los centros del Sistema Penitenciarios y en el nuevo Chipote dirigida a quebrar física y psicológicamente a las personas presas políticas, que con presiones, acciones y medidas represivas dentro de la cárcel, están  dirigidas a matar a las personas presas políticas, «es una política de exterminio» dijo Héctor Mairena del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

La UNAB manifestó preocupación por la vida de las personas presa políticas y respaldó el comunicado emitido este lunes por los familiares de las personas presas políticas después de la última visita a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el nuevo Chipote.

La organización opositora denunció las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que son sometidas las personas presas políticas. El régimen Ortega Murillo en su radicalización «pone en peligro sus vidas y es urgente que sean liberados a lo inmediato para evitar otra muerte como sucedió en el caso del General en retiro Hugo Torres Jiménez, el pasado 11 de febrero de 2022″. Muerte que aún continúa sin esclarecerse y en la impunidad».

La UNAB manifestó que es imperativo que se cumplan las Reglas Mandela y lo establecido en la Ley No. 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de Pena. Además, «exigimos que las personas adultas mayores sean enviadas a sus viviendas, bajo el régimen de casa por cárcel».

A través del comunicado envían una alertan a nivel nacional e internacional para que se condene y respete los derechos humanos de las personas presas políticas en tanto demandan su libertad incondicional y total. Mairena explicó que tienen seguridad que «ante la diversidad de organismos no gubernamentales, agencias no gubernamentales, gobiernos y organismos multilaterales a los que estamos recurriendo de inmediato, informando de esta situación que se ha agravado en las últimas semanas habrá reacciones». 

En enero un grupo de familiares buscaban un acercamiento con el régimen para buscar la libertad de las personas políticas, pero hasta ahora no han sabido de ningún efecto del llamado, dice Ana Quirós también del Consejo Político. «No hemos sabido de ningún efecto, no hemos visto más que lo que conocemos de que se ha logrado a través de las distintas presiones que al menos una parte de los presos hayan sido enviados a sus casa donde si bien siguen sin libertad están mejores condiciones y no están sometidos a la tortura cotidiana por parte del régimen. Creemos que esta presión debemos continuarla», detalló.

Parte de las acciones que estarán realizando es acercarse a los organismos internacionales de derechos humanos para que programen visitas a Nicaragua y constaten la situación de las personas presas políticas, incluyendo quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.

A su vez, trabajan en el acercamiento con distintas organizaciones y plataformas para unificar las acciones alrededor de la liberación de las personas presas políticas y se ha enfatizado en presionar por conseguir la liberación incondicional, y mientras eso sucede, presionar para las condiciones dentro de las cárceles puedan cambiar y concientizar en que quienes están presos son humanos que están siendo torturados por la dictadura dijo María Laura Alvarado de la UNAB.

Otras medida es la participación en distintos foros internacionales y ante organismos americanos y europeos, así como durante la IX Cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio próximo.

Ante el silencio de la empresa privada, quien tres de sus líderes gremiales están detenidos arbitrariamente, la UNAB se dirigió a las organizaciones empresariales tengan una posición más beligerante y que actúen «con energía frente a la actual situación que padecen decenas de nicaragüenses en las cárceles de la dictadura». 

Quirós dijo que podrán más empeño en hacer más presión porque «nos preocupa la vida de nuestras hermanas y hermanos. Nos preocupa la vida de Víctor Hugo Tinoco, la vida de Evelyn Pinto, de Violeta Granera, de Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil; de los presos en Waswalí que entraron en una huelga de hambre y de quienes tenemos poca información sobre su situación».

Por otro lado, la Unidad Nacional hace un llamado a las iglesias y en particular a la Iglesia Católica que interponga sus buenos oficios para establecer un acercamiento con el régimen y ante la dramática situación que viven las personas presas políticas y su liberación.

Héctor Mairena responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo como jefes de la Policía de ser culpables de lo que les pase a sus compañeros. También a Francisco Díaz por ser jefe ejecutor como director de la Policía y al director de procesamiento judicial responsable del Complejo de Auxilio Judicial, «esta gente tendrá que rendir cuente ante la justicia», expresó.

La UNAB tiene 24 integrantes detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial y el Sistema Penitenciario.