En la lista de designados figuran la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y tres hijos de la pareja
El Consejo de la Unión Europea (UE) ha decidido este martes extender a un año más -hasta el 15 de octubre de 2025-, las sanciones que afectan a más de 20 personas, entre ellas a Rosario Murillo, tres hijos de la pareja que desgobierna Nicaragua, así como a tres instituciones públicas -la Policía Nacional nicaragüense, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos-, por la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo.
“En vista de la situación en Nicaragua, el Consejo ha prolongado hasta el 15 de octubre de 2025 sus medidas restrictivas”, establecidas hace cinco años tras constatar la UE el “deterioro de la situación política y social” en el país centroamericano, indica el comunicado emitido desde Bruselas.
Rosario Murillo y tres hijos de la pareja presidencial figuran en la lista de la UE. Juan Carlos Ortega, director de Canal 8; Camila Antonia Ortega Murillo, asesora de la presidencia y asistente personal de Rosario Murillo, y Laureano Facundo Ortega Murillo, también asesor presidencial.
De Murillo, los 27 señalan que el propio Ortega reveló en febrero del 2023 su mujer “es la instigadora de nuevos actos de represión, concretamente en relación con la expulsión y la privación de la nacionalidad de 222 presos políticos”.
“Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua”, concluye la UE en su descripción de los motivos de su inclusión en la lista de sancionados, donde figura desde agosto de 2021.
Al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, se le acusa de haber “dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”, además de ejercer un “control de los medios de comunicación, mediante el cierre de emisoras de radio afines a la oposición democrática”, señalan.
La decisión es mantener congelados los bienes de 21 personas y tres entidades nicaragüenses en la Unión Europea, así como prohibir a personas y empresas de la UE proporcionarles fondos. Ninguna de las personas sancionadas podrán entrar al espacio de la Unión y tienen prohibida la entrada o el tránsito por el espacio de la UE.
Las sanciones se mantienen porque, como en 2019, la UE considera el continúo de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el país. Desde esa fecha, la dictadura ha expulsado del país a cientos de presos políticos, a los que ha despojado de su nacionalidad como lo ocurrido en septiembre, cuando la Corte Suprema de Justicia, institución controlada por el régimen, anunció el retiro de la nacionalidad a los 135 excarcelados y expulsados a Guatemala unos días antes.
En este sentido, el grupo de los 27 reiteró el restablecimiento de las libertades fundamentales en el país centroamericano, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de Derechos Humanos. “La UE reitera su llamamiento a la restauración en Nicaragua de las libertades fundamentales, la liberación de todos los presos políticos que quedan y el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos”, ha instado el Consejo de la UE en un comunicado, en el que también “subraya la necesidad de poner fin a las restricciones del espacio cívico y respetar el derecho a disentir” de los nicaragüenses.
*Con información Europa Press, El País e Infobae
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 