La tragedia de Nadia Robleto, una abogada nicaragüense y madre de tres hijos, personifica el alcance devastador del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que a través de todo el aparato estatal, ha decidido perseguir a la ciudadanía más allá de cualquier frontera geográfica. Según el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), publicado este 10 de marzo, «a consecuencia del último ataque a su pareja Joao Maldonado, Robleto, quedó tetrapléjica y sufre dificultades para hablar y respirar», tras un atentado armado en Costa Rica que buscaba silenciar voces críticas. Este hecho es una pieza clave dentro de lo que el organismo califica como un «aparato de poder organizado» que integra al Estado y al partido oficialista para consolidar un control totalitario sobre la población.
Este sistema ha entrado en una fase de represión extrema, activa desde 2023, que tiene como objetivo central «eliminar toda crítica y prevenir cualquier movimiento de resistencia», incluso dentro de las propias estructuras gubernamentales y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los expertos de la ONU han encontrado motivos razonables para confirmar que en Nicaragua se cometen, de manera sistemática y generalizada, crímenes que constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad como el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y la persecución por motivos políticos.
La persecución en el país ha adquirido una profunda y dolorosa «dimensión de género», utilizada por el Estado como una herramienta estratégica para castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su autonomía y liderazgo histórico. El informe señala que las autoridades han instrumentalizado estas normas para «estigmatizar, castigar y disuadir la participación de mujeres en la vida pública», recurriendo a la violencia sexualizada, humillaciones morales y ataques directos a sus funciones de cuidado. En los centros de detención, las víctimas sufren violaciones y amenazas de agresión sexual, mientras que el aislamiento de sus hijos se utiliza como un método de tortura psicológica para quebrantar su resistencia.
El brazo de la represión ha cruzado las fronteras a través de una red transnacional de vigilancia e inteligencia que involucra al ejército, la policía y el servicio diplomático para rastrear a las personas exiliadas. Uno de los casos documentados es el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en San José, un homicidio que, según las investigaciones, fue cuidadosamente planeado y presentaba las «características de un asesinato por encargo». Esta estructura represiva internacional utiliza además el doxing, el acoso digital y el abuso de mecanismos como INTERPOL para generar un clima de miedo constante entre la diáspora nicaragüense.
Para quienes logran escapar de la violencia física, el régimen ha diseñado un método de aniquilación jurídica y social denominado «muerte civil». A través de procedimientos manifiestamente injustos, cientos de personas han sido despojadas de su nacionalidad bajo el cargo de ser «traidores a la patria», convirtiéndolos en apátridas. El Grupo de Expertos advierte que esta acumulación de medidas represivas tiene por objeto «incapacitar a largo plazo a las víctimas, despojarlas de su identidad jurídica y sus medios de subsistencia y provocar su muerte civil y, en muchos casos, su muerte económica», al confiscar sus bienes, ahorros y hasta sus pensiones de jubilación.
La operatividad se sustenta en una práctica sistemática de corrupción estatal que desvía fondos públicos para financiar la violencia política. Bajo la dirección de Fidel Moreno Briones, se ha consolidado una estructura paralela que utilizó presupuestos municipales destinados a asistencia social para financiar la logística de la denominada Operación Limpieza en 2018, una serie de ataques armados para desmantelar las protestas civiles. Esta malversación de fondos públicos continúa siendo un pilar fundamental para sostener el aparato represivo y garantizar la lealtad de grupos armados progubernamentales.
La impunidad de estos crímenes se ve reforzada por la falta absoluta de independencia judicial y la subordinación del sistema legal a los Copresidentes. El informe destaca la «destitución sumaria de más de 1.500 jueces, auxiliares jurídicos, defensores públicos y otro personal desde octubre de 2023», una purga diseñada para garantizar que no existan recursos legales efectivos para las víctimas. Esta instrumentalización de la justicia permite que los tribunales avalen confiscaciones arbitrarias y privaciones de nacionalidad sin seguir ningún debido proceso, cerrando cualquier vía interna de rendición de cuentas.
Dentro de las cárceles nicaragüenses, la situación se torna crítica, especialmente para las personas de mayor edad que padecen enfermedades crónicas y sufren la «denegación casi total de atención médica adecuada y oportuna», lo que constituye un trato cruel e inhumano.
Por otro lado, el informe documenta desapariciones forzadas que se prolongan durante meses -con 75 casos verificados- y reporta fallecimientos bajo custodia de opositores en 2025, como los de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, en circunstancias no esclarecidas por el Estado.
Incluso antiguos miembros del FSLN y funcionarios del Estado han pasado a ser objetivos de la represión si son percibidos como una amenaza para la consolidación del poder de Rosario Murillo. Esta ampliación del perfil de las víctimas busca evitar cualquier fisura en el control total que los Copresidentes ejercen sobre la población. Las violaciones por asociación también han aumentado vertiginosamente, afectando a familiares de opositores, incluidos menores y ancianos, quienes son hostigados únicamente por su parentesco con figuras críticas.
Ante la impunidad absoluta generada por un sistema judicial subordinado a la presidencia, la ONU concluye que los «Copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con altos funcionarios del Estado y del partido, son responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos».
Ante la negativa del Gobierno a cooperar y el afianzamiento de la impunidad interna, el Grupo de Expertos, insta a la comunidad internacional a aplicar el principio de jurisdicción universal para juzgar a los 52 altos cargos identificados y exigir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento de tratados sobre apatridia y tortura, subrayando que la justicia y la rendición de cuentas son las únicas vías para que el cambio sea posible. La justicia para víctimas como Nadia Robleto depende ahora de que el mundo actúe frente a una política deliberada de silencio y terror que ya no conoce fronteras.
Puedes descargar el informe aquí: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/008/78/pdf/g2600878.pdf
Foto: Tomada de internet
Tamara Morales Orozco 
Patricia Orozco