La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) ha emitido una alerta urgente ante la comunidad internacional por la gravedad de la situación en la Costa Caribe nicaragüense. Esta advertencia surge tras el fallecimiento bajo custodia estatal del líder miskitu Brooklyn Rivera Bryan, un hecho que ha desencadenado una nueva ola de persecución y riesgos inminentes para las defensoras de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región.
Este 31 de mayo de 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció oficialmente la muerte de Rivera, exdiputado y máxima autoridad del partido indígena YATAMA. Al momento de su deceso, el líder se encontraba «injustamente privado de la libertad por razones políticas», tras haber pasado casi tres años en una situación de desaparición forzada que culminó trágicamente en una celda estatal.
Días antes de confirmarse su fallecimiento, las autoridades del Ministerio del Interior y de Salud publicaron imágenes de Rivera que causaron alarma por severo deterioro físico. Estas fotografías representaron la primera fe de vida del líder desde su detención en septiembre de 2023; sin embargo, su familia denunció que el la situación de salud, era consecuencia directa de la falta de atención médica y las condiciones inhumanas de su cautiverio, asegurando que al ser capturado gozaba de “condiciones óptimas de salud”.
El organismo regional señala que la muerte de el líder indígena representa la séptima persona presa política que fallece bajo custodia del Estado nicaragüense desde el estallido social de abril de 2018. Este dato refuerza las denuncias sobre una política sistemática de vulneración de derechos hacia quienes el gobierno considera opositores, especialmente aquellos con liderazgos territoriales fuertes.
La represión se intensificó inmediatamente después del anuncio del deceso, cuando fuentes locales denunciaron la detención de seis familiares y líderes comunitarios miskitu. Estas personas se habían desplazado con la intención de identificar y reclamar el cuerpo para darle sepultura según sus ritos ancestrales, pero fueron interceptadas por las autoridades y, hasta la fecha, “se desconoce su paradero”.
En un acto que ha sido calificado como un ultraje a la identidad cultural, medios oficialistas reportaron que el líder fue enterrado en horas de la noche sin la autorización ni presencia de su familia. Esta acción constituye una “falta de respeto a la cosmovisión del pueblo miskitu y el derecho de brindar honras fúnebres dignas”, violentando las tradiciones que rigen la vida y la muerte en las comunidades indígenas.
La zona se encuentra militarizada, detallan, con el reporte de un incremento en los controles estatales en las regiones de la Costa Caribe Norte y Sur. Se ha observado un despliegue de fuerzas especiales de la Policía Nacional y la activación de mecanismos de vigilancia destinados a asediar a liderazgos locales y a personas defensoras de la comunidad que intentan alzar la voz por lo sucedido.
Esta respuesta estatal se enmarca en lo que organismos de derechos humanos definen como un “patrón de represión que durante estos 8 años ha caracterizado al gobierno totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala la IM-Defensoras. La estrategia parece estar enfocada en desarticular cualquier estructura de autonomía indígena, utilizando la criminalización y la desaparición forzada como herramientas de control social.
En el comunicado exponen que la vulnerabilidad de las mujeres defensoras en este contexto es extrema, ya que además de enfrentar el duelo colectivo por la pérdida de un líder histórico, están expuestas a ser las próximas víctimas de la persecución política. Las organizaciones exigen la «inmediata presentación con vida» de los seis familiares desaparecidos, entre los cuales se encuentran dos mujeres cuya integridad física y psicológica corre grave peligro.
Estos hechos son la constatación de una “política sistemática de violaciones a los derechos de las personas presas políticas”, donde el racismo y la discriminación juegan un papel fundamental. La dictadura parece haberse ensañado con especial saña contra los territorios indígenas y afrodescendientes, castigando su resistencia histórica y su demanda de respeto a la autonomía territorial.
Por ello, la exigencia de la Iniciativa es que el Estado nicaragüense “deje de perseguir y despojar al pueblo miskitu de sus derechos, autonomía y territorios”. Es imperativo que cesen los ataques y la violencia política contra quienes defienden los derechos humanos en una de las zonas más castigadas por la violencia extractivista y estatal en la región centroamericana.
El organismo hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que no guarde silencio ante esta escalada de violencia y se mantenga atenta a los acontecimientos. La denuncia y el pronunciamiento externo son vistos como mecanismos necesarios para frenar la impunidad con la que actúa el gobierno y para garantizar que se respeten, al menos, las garantías mínimas de humanidad para las familias de las víctimas.
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Daniel Rodríguez Moya