Nicaragua vive una transformación acelerada en su mapa extractivo mediante la alianza estratégica con la República Popular China. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado 84 lotes mineros a 22 empresas de capital asiático entre el año 2021 y mediados del 2024. Esta entrega masiva de asignaciones busca asegurar el control económico y generar divisas frescas para la actual dictadura. La masividad de estas concesiones marca un hito que contrasta profundamente con la realidad socioeconómica que vive el país.
Las concesiones otorgadas a empresas chinas abarcan actualmente más de 1.27 millones de hectáreas dentro del territorio nacional. Dicha extensión equivale aproximadamente al 10% del suelo nicaragüense, sumando un total del 25% comprometido para la minería. Empresas como Thomas Metal y Shishi Lince Minería Group concentran la mayoría de los lotes adjudicados por las autoridades. Este avance territorial representa una política estatal orientada a obtener ganancias directas de este sector económico específico.
El sector minero se ha convertido en un eje trascendental para la narrativa y la estabilidad macroeconómica del país. El ambientalista Amaru Ruiz en la edición de este 12 de agosto de Agenda Propia Nicaragua, afirmó que «el oro maquilla los datos alrededor de las exportaciones y la macroeconomía» en el contexto actual. Sin el aporte de este mineral, «el crecimiento económico real de Nicaragua se vería significativamente reducido o estancado», dijo. En 2025, las exportaciones de este rubro representaron el 37.7% del total de los productos enviados al mercado extranjero.
El control sobre la minería sigue el patrón aplicado anteriormente en otros sectores estratégicos como el energético e hidrocarburos. Desde 2018, el régimen ha incrementado su incidencia para manejar una industria que antes dominaban empresas extranjeras, señaló Ruiz. Esta estrategia incluye el seguimiento fiscal a industrias establecidas y la creación de empresas vinculadas al entorno gubernamental. La meta estatal proyectada contempla concesionar hasta el 40% del territorio nacional para actividades de extracción minera.
Riqueza nacional y precariedad local
Ruiz de la Fundación del Río, detalló que las exportaciones de oro superaron los 2,000 millones de dólares, consolidándose como el principal rubro de explotación nacional. Sin embargo, «el derrame económico local no llega a las comunidades ni a las personas con empleos precarios o temporales. Existe una brecha estructural donde la riqueza se concentra en cúpulas gubernamentales y corporativas mientras persiste la pobreza». Los beneficios económicos récord reportados por las autoridades no se traducen en mejoras reales para los hogares nicaragüenses.
Los indicadores sociales en los territorios donde se desarrolla la actividad minera siguen reflejando condiciones de subdesarrollo. El ambientalista señala que «no es cierto que la actividad minera esté generando riqueza para todos» en el territorio nicaragüense. «Los municipios y las comunidades locales terminan asumiendo los costos ambientales y los pasivos sociales del proceso extractivo», expuso. La distribución de los beneficios económicos presenta una desigualdad marcada entre el nivel central y las zonas de extracción.
La actividad minera genera aproximadamente 6,000 empleos, una cifra reducida frente a otros sectores como la agricultura nacional. El sector agrícola genera más de 200,000 empleos, lo que resalta la limitada incidencia laboral directa de la minería industrial. Esta diferencia demuestra que no hay un beneficio directo sustancial para la mayoría de las familias en esos territorios. A pesar de las ganancias récord, la mano de obra local permanece en condiciones de vulnerabilidad económica y precariedad.
Al Estado nicaragüense le queda apenas el 2.5% de las importaciones del país en concepto de impuestos y de regalías. Esta cantidad es calificada como ínfima y el remanente no llega a distribuirse de manera efectiva a nivel local. Las empresas a menudo sustituyen la inversión estatal con proyectos de responsabilidad social que son vistos como migajas. La construcción de escuelas o carreteras debería ser responsabilidad del Estado y no un beneficio ofrecido por las mineras.
Derechos indígenas y despojo territorial
Un análisis cartográfico identificó 62 lotes concesionados que se superponen con 18 territorios indígenas y también afrodescendientes. De estos lotes en tierras ancestrales, 24 pertenecen a empresas chinas, marcando el inicio de un nuevo auge extractivo. Esta superposición afecta los derechos territoriales y los ecosistemas vitales como ríos, bosques y suelos de estas comunidades. La minería de este tipo genera desplazamientos indirectos y una pérdida crítica de la soberanía alimentaria en la región.
La Ley 445 establece que el 25% de las ganancias debe ir a la comunidad y otro 25% al municipio correspondiente. En total, el 75% de los recursos generados debería permanecer en los territorios, pero esto no ocurre en la práctica. Para las comunidades indígenas, la situación se describe como un desfalco o una estafa ante la falta de ingresos reales. La resistencia de estos pueblos continúa a pesar de los procesos de colonización y del avance de la frontera minera.
La minería artesanal representa el 35% de las exportaciones totales de minerales, pero opera en condiciones de ilegalidad. Esta actividad carece de permisos, evaluaciones de impacto ambiental y está vinculada a problemas graves como el trabajo infantil. Se ha identificado presencia de minería artesanal no regulada en al menos 38 municipios de diversas zonas del país. Muchas de estas operaciones ocurren dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, agravando la inseguridad en la tenencia.
La mayoría de las técnicas empleadas en Nicaragua son de minería a cielo abierto, el método de mayor impacto mundial. En algunas zonas como La Libertad se utilizan túneles que provocan vibraciones y daños estructurales en las viviendas locales. Las inundaciones en estas galerías subterráneas han causado derrumbes que afectan directamente a la seguridad de la población. El avance de estas metodologías extractivas prioriza el rendimiento económico sobre la preservación del entorno habitado por campesinos.
Impactos ambientales y salud pública
El estudio ambiental presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia una afectación a 163 ríos. Unos 19 kilómetros de la red hídrica nacional enfrentan riesgos severos de contaminación por las actividades de extracción, expuso Amaru. El agua, recurso vital para la vida de las familias, es el elemento que recibe el impacto más fuerte y directo. Los ecosistemas donde se instalan estas minas sufren procesos de degradación que comprometen el futuro de las comunidades.
Ruiz determinó que estudios realizados en mujeres misquitas de los territorios Lilamni y Liaura revelaron niveles alarmantes de mercurio en sus cuerpos. «Las muestras de cabello mostraron concentraciones de esta sustancia tóxica por encima de los límites permitidos por agencias internacionales. El mercurio entra en la cadena alimenticia a través de los peces y mariscos de los ríos donde la población pesca». Este hallazgo transforma el impacto ambiental en un problema crítico de salud pública que requiere atención estatal inmediata.
La contaminación por mercurio representa un riesgo generacional, ya que las madres pueden trasladar el tóxico al feto. Esto afecta a las futuras generaciones de los pueblos indígenas que consumen recursos de los ríos contaminados de la zona. La cuenca del río Coco es una de las áreas más expuestas debido a la ubicación de los lotes mineros activos. La falta de fiscalización del Estado ante esta crisis de salud pública constituye una omisión de sus obligaciones constitucionales, manifestó.
El régimen planea continuar con la expansión de las concesiones para mantener su balance macroeconómico y obtener beneficios. Organizaciones ambientales seguirán documentando y presentando estas arbitrariedades ante organismos internacionales de derechos humanos. El representante de la Fundación del Río, señaló que es necesario un escrutinio mayor sobre la trazabilidad del material minero en los países de destino de estas exportaciones. La paradoja entre la riqueza del subsuelo y el empobrecimiento de la gente sigue marcando el presente de Nicaragua.
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Foto de portada: Voz de Guanacaste
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