Por Salomón Manzanares C.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) convocó a las comunidades garífunas de la costa atlántica a protestar frente a la Corte Suprema de Justicia en el denominado Campamento Viva Berta, un desafío al sistema judicial que dio inicio este 12 de agosto de manera indefinida.
Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, dijo a los medios de comunicación desde el campamento que «Ese juicio es ilegal, es arbitrario, es contra convencional. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte IDH».
La jueza Norma Fuentes declaró su incompetencia y trasladó el caso al Juzgado con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada. Con ello, los defensores de tierras ancestrales fueron señalados como narcotraficantes y miembros del crimen organizado tras defender las propiedades que les pertenecen por historia y por derecho.
La protesta responde a los hechos de violencia ocurridos el pasado 6 de julio, cuando habitantes de la comunidad de San Juan en Tela, Honduras, fueron desalojados de sus viviendas a pesar de que la policía no contaba con una orden judicial. Durante los altercados, se detuvo a cinco personas que lideraban las demandas en contra del Estado hondureño. «Lo más grave es que trasladaron ese juicio a la jurisdicción nacional. ¿Qué significa eso? Que te declaran criminal, narcotraficante, de alta peligrosidad. Estamos exigiéndole hoy a Warner Vallecillo (presidente de la Corte Suprema de Justicia) que cierre ese juicio. No queremos que sea político ni partidista. Llevamos 30 días exigiendo y no hay respuesta. El pueblo garífuna no es invasor, lucha por la justicia. Estamos aquí indefinidamente», señaló Miranda.
Agregó que «son los Rosenthal que están queriendo apoderarse de esa tierra a través de una empresa que se llama Promotur (Promociones y Turismo). Aquí está respondiendo la Corte Suprema de Justicia a los intereses de la familia Rosenthal».

La justicia es selectiva
A través de su cuenta de Facebook, el obispo de la Diócesis de Trujillo, Monseñor Jenry Orlando Ruiz Mora, cuestionó la selectividad de la justicia hondureña ante los desalojos en San Juan (Tela) y de campesinos en Tulito (Cholulteca), señalando que esta perjudica a los sectores con menos recursos.
El prelado preguntó al gobierno de Nasry Juan Asfura Zablah y al sistema judicial: ¿Cuándo se ordenará el desalojo de Próspera en Roatán? ¿Cuándo desalojarán a Pinares Ecotek en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa? ¿Cuándo llegará la justicia para Las Pandora? ¿Hasta cuándo continuará esta selectividad, o es que la ley solo actúa en contra de los indefensos?
El conflicto en tierras ancestrales
La organización Ofraneh sostiene que los antecedentes registrales y de posesión ancestral forman parte legítima del territorio de la comunidad, el cual ha sido utilizado en dominio útil por la familia garífuna de Timoteo Lino desde 1967. Sin embargo, estas tierras son reclamadas por la familia Rosenthal Hidalgo, propietarios del grupo empresarial Promociones y Turismo (Promotur).
Según reporta prensacomunitaria.org, «la comunidad ha denunciado esta situación desde 2006. La Corte IDH recogió sus reclamos en los párrafos 62 y 64 de la sentencia del caso Comunidad Garífuna de San Juan vs. Honduras».
La familia Rosenthal es un prominente clan empresarial y político asentado en San Pedro Sula desde 1929, fundador de industrias en los sectores financiero, agrícola y mediático. En 2015, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los acusó de lavado de activos para organizaciones del narcotráfico como Los Cachiros.
En su momento, el gobierno ordenó la liquidación forzosa de Banco Continental y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) aseguró decenas de sus empresas, bienes inmuebles, ganado y medios de comunicación. Por su parte, Yani Rosenthal fue condenado a 29 meses de prisión por una corte de Nueva York tras declararse culpable de realizar transacciones con bienes de procedencia ilícita. Jamás hemos estado involucrados en actos ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos», señaló en su momento el Grupo Continental.
Voces desde la resistencia garífuna
La defensora Mabel Robledo, de Nueva Armenia, rememoró hechos que las autoridades ignoran, Antes de que Honduras fuese Estado, nosotros ya teníamos nuestras tierras. Estamos aquí desde 1797. Si suman, se darán cuenta de que cuando Honduras se convierte en Estado en 1837, nosotros ya llevábamos 49 años aquí. No somos usurpadores, somos herederos», expuso.
El activista Cedul Lambert explicó por qué esta lucha es necesaria, «es completamente necesario. El enmudecer de la Corte en estos momentos contribuye a la estructura que quiere satanizar al pueblo indígena y garífuna. Es parte del combo: criminalizar, perseguir».
Por su parte, Jessica Trinidad, representante de la Red Nacional de Defensores, envió un mensaje directo a las autoridades manifestando «que se prepare Warner Vallecillo (presidente de la Corte Suprema de Justicia) porque aquí está el pueblo garífuna». Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones sociales, «que vengan acá a acompañar, a respaldar a Ofraneh. Los esperamos en el Campamento Viva Berta».
La justicia como estructura de poder
La periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso, analiza el papel del aparato judicial, «el sistema de justicia siempre ha estado inclinado a favorecer a los sectores poderosos. Pensar que ahí hay justicia es una gran equivocación. El Poder Judicial funciona como un sistema que no traiciona a quienes se deben, que es al poder. No hay esperanza en una persona, es un sistema».
Además, contextualizó la lucha garífuna dentro del escenario global. «Honduras es una pequeña parte de un sistema mundial al servicio de los intereses de los más poderosos. El pueblo garífuna es golpeado porque sus territorios son claves para el poder mundial. Pero es un pueblo muy organizado y consciente; su lucha es un referente que motiva al resto de la sociedad hondureña», señaló.
Foro de portada: Dunia Orellana y Kevin Contreras

