Por salomón Manzanares C.
Ante una nueva arremetida político-publicitaria por parte del Gobierno de Honduras, la comunidad garífuna, que mantiene un campamento de protesta frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó que no se sentará a una mesa de diálogo. La representación indígena sostiene que existen sentencias internacionales firmes y denuncia que desde el aparato oficial se transmite un discurso de odio hacia las comunidades ancestrales.
Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció en conferencia de prensa desde el Campamento de Resistencia por la Vida del Pueblo Garífuna: «Lo que estamos enfrentando no es una mega falta de voluntad del Estado, sino la evidencia de un plan de despojo y genocidio contra el pueblo garífuna». Ante este panorama, el movimiento anunció nuevas protestas y confirmó que acudirá nuevamente a instancias internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Rechazo a un «falso diálogo»
Miranda cuestionó la postura del presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien pretendía entablar conversaciones para buscar salidas a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La líder indígena tildó la iniciativa de «falso diálogo» y acusó al Gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah de promover una campaña racista.
En entrevista con este medio, el periodista Jorge Burgos, del medio Criterio.hn, recordó la histórica lucha de más de dos siglos del pueblo garífuna por la defensa de sus tierras. Según Burgos, la comunidad no asistirá a las reuniones convocadas por el Poder Judicial porque el proceso carece de sentido tras existir cuatro fallos de la Corte IDH que ya superaron todas las etapas de socialización.
«El pueblo garífuna lleva más de 30 años luchando por sus territorios. Lo que el Gobierno pretende es montar un programa publicitario, tomarse fotos y montar un show para simular que están trabajando con los pueblos ancestrales», señaló Burgos, refiriéndose también a los compromisos asumidos en la evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas.
Exigen cumplimiento de fallos internacionales
En su pronunciamiento, OFRANEH rechazó la estrategia gubernamental de someter a discusión derechos territoriales que la justicia internacional ya reconoció.
«Resulta particularmente grave que, desconociendo las sentencias, este Gobierno convoque a quienes han usurpado territorios ancestrales garífunas y han sido señalados por generar persecución, amenazas, muertes, desapariciones y despojos, para discutir sobre los mismos territorios bajo el argumento espurio y racista de que el fallo es desfavorable”, expresó Miranda. “Es absurdo que pretendan sentarnos frente a quienes han violentado nuestros derechos para negociar aquello que la justicia internacional ya resolvió».
En un lapso de 11 años, la Corte IDH ha condenado al Estado hondureño en cuatro ocasiones por violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas, incluyendo el derecho a la propiedad colectiva, la consulta previa, libre e informada, las garantías judiciales, la integridad personal y la identidad cultural.
Puntos de conflicto y el impacto de nuevas leyes
Las propiedades territoriales garífunas se extienden a lo largo de la costa caribeña y el litoral atlántico, concentrándose en los departamentos de Atlántida, Colón y Cortés. Entre las zonas de mayor conflictividad destacan la comunidad de San Juan, El Triunfo de la Cruz y Barra Vieja en el municipio de Tela, Atlántida, las cuales cuentan con sentencias internacionales a su favor tras la venta ilegal de terrenos ancestrales para proyectos turísticos e inmobiliarios, registrando recurrentes procesos de criminalización y disputas con presuntos dueños registrales o entidades estatales. Asimismo, figura Punta Piedra en el municipio de Iriona, Colón, una zona que afronta constantes disputas por titulación colectiva y uso tradicional de la tierra.
El conflicto en San Juan resurgió recientemente luego de que autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) indicaran que el fallo de la Corte IDH no permite resolver la disputa territorial. A esto se suma la aprobación del Decreto 107-2026 (Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial), respaldado por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, la cual ha generado alertas internacionales por facilitar desalojos exprés y criminalizar los reclamos agrarios.
Burgos advirtió sobre la duplicidad de títulos al señalar que particulares y empresas adquieren tierras y el Estado, a través del INA u otras instituciones, les otorga títulos, a pesar de que existen títulos ancestrales que pertenecen legítimamente a los garífunas. La comunidad señala directamente a grupos económicos como las familias Rosenthal y Lazarus de utilizar la estructura estatal para despojarlos de sus territorios.
Petición de cierre de procesos penales
OFRANEH exige el cumplimiento íntegro de las sentencias y el cierre definitivo de los expedientes penales impulsados contra defensores del territorio. Entre ellos, demandan el sobreseimiento de Deinor Mejía, presidente del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, así como de Onil Fernández, Hirvin López, Carlos Fernández y Sara Acosta, acusados por presunta usurpación agravada tras las acciones de ocupación pacífica.
Cuestionamientos en el foro internacional
Durante la reciente revisión ante el CERD en Bruselas, Bélgica, el desempeño de la delegación hondureña fue objeto de duras observaciones. El relator para Honduras, Vicente Vázquez, cuestionó los escasos avances desde 2018 y exigió respuestas claras sobre las medidas concretas para sanear los territorios titulados por terceros en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, el estado del mecanismo de reforma para el cumplimiento de sentencias internacionales con participación efectiva de las víctimas, y la implementación del plan de manejo del monumento natural marino en el Archipiélago de Cayos Cochinos con la participación de la comunidad garífuna.
Pese a que la ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, calificó la presentación como exitosa, el comité de la ONU otorgó un plazo de 48 horas a la representación estatal para responder por escrito ante la falta de precisión en las contestaciones ofrecidas.
Las organizaciones territoriales remarcan que el cese de la criminalización, la paralización de las usurpaciones por parte de grupos de poder y el acatamiento de las sentencias de la Corte IDH son los únicos pasos válidos para entablar cualquier ruta de solución.
Foto: Tomada de latfem.org
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