Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha reclamado de forma urgente al Gobierno de España que intervenga ante las autoridades de Estados Unidos para garantizar la protección e integridad del periodista nicaragüense nacionalizado español Luis Manuel Chavarría Galeano. La organización internacional de defensa de la libertad de prensa advierte que el comunicador se encuentra detenido en Florida y afronta un procedimiento de deportación que podría enviarlo de regreso a Nicaragua, donde su vida y libertad corren peligro por su labor informativa.
Galeano, director del programa radial Café con Voz, fue arrestado el pasado 14 de septiembre de 2026 en la ciudad de Orlando mientras se desempeñaba como conductor de la plataforma Uber. Según la información recabada por RSF a través de Immigration and Customs Enforcement (ICE), la detención fue ejecutada por efectivos de Customs and Border Protection (CBP).
Actualmente, el periodista permanece privado de libertad en el centro de detención Baker Correctional Institution, en el estado de Florida. Las autoridades judiciales estadounidenses han fijado su primera comparecencia ante un juez de inmigración para el próximo 2 de octubre.
Exigencia de amparo consular y diplomático
Frente a este escenario, RSF subraya que existe una circunstancia jurídica fundamental que el Gobierno de España y las autoridades estadounidenses deben atender: el periodista posee la nacionalidad española. El Ejecutivo español le concedió dicho estatus mediante el procedimiento de carta de naturaleza a través del Real Decreto 449/2025, expedido el 3 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de julio de 2025.
Edith Rodríguez Cachera, presidenta de la organización en España, enfatizó que el Estado español no puede permanecer al margen cuando uno de sus ciudadanos es perseguido por ejercer el periodismo. La representante institucional sostuvo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consulado General en Miami deben activar todos los mecanismos de asistencia consular y comunicar formalmente a Washington la condición de refugiado y nacional español del comunicador.
Historial de persecución e despojo de nacionalidad
La trayectoria de persecución contra Chavarría Galeano se remonta a 2018, año en que debió exiliarse tras la intensa ola represiva desplegada contra las protestas sociales y la prensa independiente en Nicaragua. Pese a la distancia y al despojo de sus condiciones operativas locales, el periodista ha mantenido la difusión de contenidos informativos de manera ininterrumpida desde el exilio.
El acoso estatal contra su persona escaló severamente en febrero de 2023, fecha en la que el régimen nicaragüense lo incluyó en una lista de 94 ciudadanos despojados arbitrariamente de su nacionalidad originaria. En esa resolución administrativa, las autoridades del país centroamericano lo catalogaron formalmente como «traidor a la patria».
Un entorno hostil para el ejercicio periodístico
La posible expulsión de Luis Galeano hacia territorio nicaragüense representa una alarma crítica para las organizaciones de derechos humanos debido al cierre sistemático del espacio cívico. Las acciones ejercidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo han forzado el cierre de decenas de medios de comunicación y el desplazamiento obligado de cientos de profesionales de la comunicación.
El impacto de esta política estatal sobre la libertad de información queda reflejado en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 elaborada por RSF, donde Nicaragua ocupa el puesto 168 entre 180 países y territorios evaluados. Este indicador confirma el nivel de deterioro estructural que enfrentan los reporteros que intentan documentar los abusos de poder.
Llamamiento internacional de la prensa independiente
Diversas asociaciones internacionales de periodistas han sumado sus demandas a las de RSF para requerir a las autoridades migratorias de Estados Unidos la inmediata liberación del director de Café con Voz y la suspensión del proceso de expulsión. En esa misma línea, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Gobierno estadounidense a frenar cualquier intento de deportación, salvaguardar las garantías del debido proceso y asegurar el pleno acceso del periodista a una representación legal adecuada
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Daniel Rodríguez Moya