Un informe del Alto Comisionado documenta detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades y persecución de la disidencia dentro y fuera del país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el pasado 13 de agosto su informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua cuyo período analizado comprende entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. La investigación ofrece una radiografía de la erosión institucional y la violencia de Estado. Ante la negativa de la dictadura de no dejar ingresar al organismo de derechos humanos al territorio nacional desde 2018, la ACNUDH hizo el trabajo de forma remota.
La investigación enfrentó severas limitaciones presupuestarias y de personal derivadas de la crisis de liquidez en la Secretaría de las Naciones Unidas. Por esta razón, la ACNUDH enfatizó que las cifras presentadas no reflejan la magnitud total de los abusos, sino una muestra representativa de los casos verificados. Se concluye que las violaciones ocurren en un contexto marcado por la impunidad generalizada, el desmantelamiento del estado de derecho y el temor constante de la ciudadanía a sufrir represalias.
Concentración del poder ejecutivo y desmantelamiento de contrapesos
El partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Naciona (FSLN) consolida el monopolio del poder al mantener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, en los 153 municipios y los dos consejos regionales autónomos de la Costa Caribe. En agosto de 2025 el poder legislativo aprobó la Ley Orgánica número 1259, la cual adscribió la Procuraduría General de la Justicia a la Presidencia y le otorgó el control directo sobre el Ministerio Público. Esta misma norma subordinó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a la autoridad del Procurador General, anulando su independencia total.
El debilitamiento del marco institucional ubica a Nicaragua entre con el 15 %, de los países con peores indicadores globales de gobernanza y estado de derecho. Las modificaciones legales eliminaron las garantías de independencia judicial y los mecanismos de prevención de la tortura, relata el informe. En este escenario, las elecciones generales pautadas para 2026 fueron aplazadas oficialmente hasta noviembre de 2027, después de prorrogarse los mandatos de las autoridades vigentes.
Asfixia al espacio cívico, persecución a la prensa y control digital
El informe constató la cancelación de al menos cuatro organizaciones de la sociedad civil en el año evaluado, sumándose a las más de 5.535 asociaciones disueltas previamente. El ejercicio del derecho a la reunión pacífica no existe por parte de las personas opositoras al régimen por temor a represalias violentas, mientras que los actos gubernamentales contaron con promoción estatal y asistencia obligatoria del funcionariado público.
En el ámbito periodístico, la ACNUDH verificó el cierre de un medio de comunicación y registró cerca de 100 ataques contra comunicadores dentro y fuera del país, incluyendo amenazas, acoso policial y el exilio forzado de al menos dos periodistas. Las mujeres periodistas enfrentaron agresiones diferenciadas por razones de género, como intimidaciones dirigidas hacia sus hijos y sus centros escolares.
El control sobre la información se ha profundizado con la entrada en vigor en noviembre de 2025 de la Ley General No. 1223 de Telecomunicaciones Convergentes. La ley obliga a las empresas proveedoras a entregar a TELCOR información detallada de las personas usuarias, incluidos datos de georreferenciación en tiempo real. La norma carece de exigencia de orden judicial previa, lo que facilita la vigilancia masiva y el rastreo de personas críticas, se indica en el documento.
Detenciones arbitrarias, desaparición forzada y tratos crueles
En el período de estudio se señala que organizaciones independientes denunciaron la privación de libertad de 243 personas por ejercer derechos políticos entre junio de 2025 y junio de 2026. La ACNUDH documentó directamente 35 casos de detención arbitraria, confirmando que al 15 de junio de 2026 al menos 46 personas permanecían recluidas por motivos políticos. Entre las personas detenidas se encontraban 55 funcionarios públicos o simpatizantes del partido oficialista víctimas de purgas internas.
En 29 de los 35 casos documentados por la ONU, las detenciones constituyeron desapariciones forzadas iniciales al ocultarse el paradero de los arrestados. Asimismo, el índice del World Justice Project posicionó al sistema de justicia penal de Nicaragua en el último lugar del mundo (puesto 143 de 143) en materia de interferencia gubernamental. Los procesos penales se caracterizaron por audiencias telemáticas a puerta cerrada, uso de testigos policiales exclusivos y acusaciones infundadas de terrorismo. En los centros de reclusión se reportó el suministro de agua contaminada y la privación del sueño mediante iluminación intensa ininterrumpida.
Represión transnacional y persecución religiosa
Con un estimado de 800.000 nicaragüenses en el exilio desde 2018, la represión rebasó las fronteras nacionales. El informe documentó el asesinato del opositor y oficial retirado Roberto Samcam el 19 de junio de 2025 en Costa Rica. También se registraron 41 casos de denegación arbitraria de entrada al país a ciudadanos que intentaban regresar, y 19 casos de negativa consular para emitir pasaportes o certificados de nacimiento, exponiendo a las víctimas a la apatridia. Paralelamente, se documentaron diez casos de hostigamiento y amenazas contra 13 familiares de opositores que aún residen en Nicaragua.
La persecución contra la Iglesia católica y otras confesiones sumó al menos 20 incidentes documentados de vigilancia, amenazas e injerencia en ceremonias, manteniéndose la prohibición absoluta de procesiones religiosas en espacios públicos.
Afectaciones a pueblos indígenas, género y corrupción
En agosto de 2025 la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura, aprobó la Ley No. 1258 de Territorio Fronterizo, confiscando una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras, despojando de tierras ancestrales a comunidades indígenas y afrodescendientes. De las 81 concesiones mineras otorgadas en el período, la mitad afectó a las regiones autónomas del Caribe sin consulta previa e informada. En materia de gobernanza tradicional, el exasesor indígena Steadman Fagot continuaba detenido arbitrariamente al 15 de junio de 2026.
En el ámbito de género, la reforma a la Ley 779 restringió la figura del feminicidio únicamente a relaciones de pareja, dejando desprotegidas a las mujeres en espacios comunitarios. La sociedad civil contabilizó 53 feminicidios en 2025 con escaso avance judicial, agravado por la liberación masiva de reos comunes condena por delitos graves. Hay casos en que han vuelto a agredir a sus parejas. Además, se verificaron cuatro delitos de odio contra mujeres transgénero.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubicó a Nicaragua en el puesto 175 de 182 países, situándolo como el país más corrupto de Centroamérica y dentro de los diez más corruptos del mundo. Ante estos hallazgos, el Alto Comisionado instó al Gobierno de Nicaragua a liberar a todas las personas presas políticas; cesar la represión transnacional y restaurar la nacionalidad a las personas despojadas de ella, al tiempo que pidió a la comunidad internacional garantizar la protección de los exiliados y frenar las devoluciones forzadas.
Podés leer el informe completo aquí:
Tamara Morales Orozco 
Daniel Rodríguez Moya