En un pronunciamiento conjunto este 1 de octubre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas hicieron un llamado a las ministras y ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y demandaron que los derechos humanos, la rendición de cuentas y el restablecimiento del Estado de derecho sean el eje central de las deliberaciones ministeriales programadas para este 2 de octubre. La advertencia de los organismos indica que las condiciones actuales y los elementos esenciales de la democracia en Nicaragua han dejado de existir.
Los organismos internacionales señalan la acelerada ingeniería constitucional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perpetuarse indefinidamente en el poder. Tras la reforma constitucional de 2025 -que instauró la figura de la copresidencia por un período de seis años-, el régimen impulsó en 2026 una segunda modificación para elevar el mandato a siete años con posibilidad de renovación, además de constitucionalizar prohibiciones arbitrarias contra cualquier voz crítica calificada de “golpista” o “traidora a la patria”.
Dicha estrategia de desmantelamiento institucional se complementa con el anuncio oficial de que no se prevé la celebración de procesos electorales en 2027, confirmando la clausura definitiva de la vía electoral como mecanismo democrático de alternancia.
A más de ocho años de la rebelión de abril de 2018, la CIDH y el GHREN documentan un patrón sistemático de graves violaciones a los derechos humanos que se ha profundizado.
El llamado conjunto destaca el incremento en el número de personas detenidas por motivos políticos cuyo paradero sigue siendo ocultado por las autoridades, lo cual configura el delito de desaparición forzada. Quienes permanecen bajo custodia del Estado enfrentan condiciones extremas que ponen en riesgo directo su vida e integridad personal, registrándose cuadros recurrentes de tortura, tratos crueles y muertes bajo custodia estatal sin investigación imparcial.
Un elemento subrayado por ambos mecanismos es la traslación de la política represiva más allá de las fronteras nicaragüenses. La denominada “represión transnacional” se manifiesta a través de esquemas de vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia dirigida hacia personas exiliadas, sus familias e instituciones de acompañamiento. Acompañada del despojo arbitrario de la nacionalidad y la confiscación de bienes a opositores y defensores, tal práctica ha dejado de ser un problema exclusivamente interno para convertirse en un desafío de seguridad, refugio y estabilidad en varios países de la región interamericana.
En el plano interno, el diagnóstico confirma la extinción total del espacio cívico e institucional. La cancelación masiva y el despojo patrimonial contra miles de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes, universidades y congregaciones religiosas han dejado a la ciudadanía sin canales de representación ni espacios de expresión libre.
Esta política de tierra quemada ha suprimido de forma deliberada todo contrapeso al poder ejecutivo, consolidando un control social absoluto mediante organismos policiales y parapoliciales.
Frente a esta coyuntura, la CIDH y el GHREN interpelan directamente a la comunidad regional para que abandone las posturas declarativas e invoque el principio de garantía colectiva estipulado en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Los organismos independientes recuerdan que los Estados firmantes tienen la obligación jurídica y política de actuar colectivamente cuando se produce la ruptura del orden democrático en un Estado miembro, activando todos los mecanismos multilaterales y de presión internacional disponibles para exigir el retorno a la legalidad constitucional.
La declaración conjunta concluye con tres exigencias de cumplimiento inmediato para el Estado de Nicaragua: la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas junto al esclarecimiento de los desaparecidos; la restitución del espacio cívico con la devolución de los bienes confiscados a la prensa, la iglesia, así como a las ONG; y la suspensión inmediata de la represión transnacional y la apatridia. Sin el cumplimiento estricto de estas tres condiciones previas, señalan los expertos, resulta inviable proyectar cualquier salida democrática o diálogo creíble para el futuro de Nicaragua.
Tamara Morales Orozco