Un estudio revela que el 97.5 % de los trámites consulares en el exilio fracasa, mientras organizaciones civiles y comunicadores exigen a España y a la Unión Europea mecanismos urgentes de protección ante la desprotección estatal
La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) junto a Refugees International organizan en Madrid el conversatorio «La apatridia de los nicaragüenses: impacto humano y respuestas desde España y la Unión Europea«, este 21 de octubre en el Edificio TRIPLE de Madrid (calle Ferraz, 56). El encuentro analizará las vías de protección internacional y los límites jurídicos que enfrentan miles de personas en el exilio. La actividad académica e informativa contará con la participación de especialistas y personas afectadas. En este espacio se presentará los resultados de una investigación que expone el impacto de la desprotección consular. Diversas agrupaciones civiles buscan visibilizar las consecuencias del desamparo institucional en el exterior.
Las organizaciones convocantes precisaron que la cita reunirá a personas despojadas de su nacionalidad junto con expertos multilaterales. La delegación de ACNUR en España y la Universidad Pontificia Comillas aportarán insumos técnicos de los marcos globales de protección. La reunión servirá para debatir los vacíos legales generados por la retirada formal e informal de la ciudadanía nicaragüense. Las personas ponentes expondrán testimonios del impacto psicológico y social que acarrea la imposibilidad de tramitar documentos básicos. Las entidades organizadoras persiguen articular propuestas dirigidas a los gobiernos receptores de la migración forzada.
El informe que se presentará en Madrid examina la parálisis consular que afecta a la población desplazada. La medición abarcó a personas migrantes distribuidas en nodos clave como Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Los resultados confirman que 97.5% de las gestiones ante sedes diplomáticas han fracasado. La falta de respuesta de las embajadas consolida una situación de extrema vulnerabilidad para las familias en el exilio. Este bloqueo burocrático impide la obtención de pasaportes y certificados indispensables para la vida cotidiana.
La apatridia de facto aqueja a miles de personas exiliadas junto al despojo formal ejecutado contra 452 personas. El temor a las represalias directas paraliza a casi la mitad de las personas que requieren trámites en los consulados. Un 48.7% evita acercarse a las representaciones diplomáticas por miedo a represalias detallan en una nota de prensa las organizaciones convocantes. A este factor se añade la prohibición explícita de retorno que afecta al 24% de las personas encuestadas. Las restricciones de entrada al territorio nacional se imponen mediante bloqueos en fronteras e instrucciones a aerolíneas.
Luces y sombras en la respuesta humanitaria y demanda periodística
El Estado español ha implementado mecanismos de acogida para mitigar el impacto de las expulsiones y despojos. Cerca de 150 personas han recibido la ciudadanía mediante la modalidad discrecional de Carta de Naturaleza. Asimismo, más de 1,400 han sido integradas al territorio español a través del Plan Nacional de Reasentamiento. Estas cuotas representan un auxilio importante frente a la magnitud del desplazamiento forzado en la región. Pese a estos avances, las organizaciones advierten que los recursos actuales no logran cubrir la totalidad de demandas.
La búsqueda de una nueva nacionalidad es percibida por el 75% como la única solución duradera. José Denis Cruz, coordinador de ACDD y periodista nicaragüense, valora los esfuerzos institucionales desplegados por las autoridades y dice que “España ha mostrado una solidaridad ejemplar al otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza”. A la vez, reconoce la importancia del abrigo brindado a familias procedentes de nodos intermedios como la nación costarricense. La intervención institucional ha permitido salvar de la indefensión a diversos liderazgos civiles acorralados por el despojo, detalla la comunicación de prensa.
Por otro lado, las organizaciones denunciantes alertan de la existencia de colectivos vulnerables que carecen de reconocimiento legal. Cruz manifiesta que “existe un colectivo invisible que vive una muerte civil silenciosa al vencérsele el pasaporte”. Se refiere a la situación crítica que enfrentan decenas de periodistas independientes distribuidos en Europa. Por ello, solicita atender de forma urgente la petición formal formulada por los comunicadores exiliados en apatridia. La solicitud de ciudadanía por carta de naturaleza busca garantizar la continuidad del trabajo informativo de investigación.
El ejercicio del periodismo independiente es clave para mantener el registro documental de la situación del país. El periodista enfatiza que la “labor informativa es indispensable para seguir denunciando los abusos del régimen”. La petición gremial cuenta con el respaldo expreso de la Asociación de la Prensa de Madrid y de Reporteros Sin Fronteras. La caducidad de los documentos de viaje impide a las y los reporteros desplazarse para realizar coberturas. El amparo jurídico solicitado permitiría proteger a quienes informan de las violaciones a los derechos fundamentales.
Unión Europea y testimonios de la desnacionalización
Las organizaciones instan a las instituciones comunitarias a adoptar un marco de actuación unificado frente a la crisis. José Denis recalca que el éxodo masivo responde a una estrategia calculada de asfixia legal ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sostiene que la situación “no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una política deliberada”. Las agrupaciones piden flexibilizar los requisitos documentales exigidos a las personas solicitantes de asilo en suelo europeo. El objetivo es evitar que la caducidad de los pasaportes bloquee la regularización administrativa de las personas migrantes.
El pronunciamiento apela a los antecedentes aplicados en el Parlamento Europeo para la protección de perseguidos políticos. Cruz hace un llamado directo para estructurar “un compromiso firme que armonice mecanismos de protección”. Plantea la creación de vías seguras para quienes han quedado desprovistos de amparo consular. Las entidades confían en que la Unión Europea asuma un rol activo ante el deterioro de las garantías constitucionales. La respuesta de los Estados miembros determinará el futuro de miles de personas atrapadas en el limbo jurídico.
La mesa de debate reunirá a voces destacadas que sufren los efectos de la desprotección estatal. Entre ellos figura el periodista Jorge Hurtado, quien atraviesa una condición de apatridia de facto en el exilio; Samantha Jirón, apátrida de jure nacionalizada española tras sufrir el despojo de sus derechos; el defensor de derechos humanos Braulio Abarca; y especialistas de la Cátedra de Refugiados. La interacción permitirá abordar la problemática desde el análisis jurídico y del testimonio humano.
La conducción de la jornada estará a cargo de la comunicadora Lola Hierro, especialista en temas migratorios del diario El País. El encuentro facilitará un espacio de reflexión entre la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil. Las deliberaciones aportarán insumos para formular recomendaciones dirigidas a los organismos europeos de derechos humanos. El testimonio de las víctimas pondrá de relieve las secuelas afectivas que deja la privación deliberada de la identidad. Las organizaciones esperan que esta iniciativa impulsada en Madrid marque un punto de partida para acciones coordinadas.
Daniel Rodríguez Moya