Este 21 de octubre en Madrid se presentó el estudio titulado Apatridia de facto: El impacto humano de la desnacionalización en Nicaragua en el que se documenta la exclusión jurídica institucional prolongada que enfrentan nicaragüenses en el exterior. El despojo sistemático de la nacionalidad opera mediante decisiones coordinadas desde las estructuras gubernamentales así como las medidas estatales vigentes privan a cientos de personas del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.
“El estudio evidencia la desprotección consular de la comunidad nicaragüense en el exterior y los desafíos para una persona arrojada a un limbo jurídico”, dijo Jorge Hurtado, miembro del Programa de Becarios Refugiados 2025 (Refugee Fellows) de la organización Refugees International y autor del estudio.
El diagnóstico recopila datos mediante una encuesta digital estructurada aplicada entre septiembre de 2025 y enero de 2026 con una muestra que incluyó a 41 participantes distribuidos en nodos de Estados Unidos, México, Costa Rica, España y Guatemala. Un 88% de las personas encuestadas corresponde a nicaragüenses con edades a partir de los 30 años. El documento resalta que «la privación arbitraria de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta de persecución política en Nicaragua». Asimismo, se indica que esta condición produce «una población en situación de exclusión jurídica prolongada».
El origen de esta situación se remonta a los acontecimientos registrados a partir de abril de 2018. Desde ese período se contabiliza la cancelación de más de 5,500 organizaciones civiles. También, la clausura de 58 medios de comunicación y el desplazamiento de 293 periodistas y/o comunicadores. Se señala que las autoridades implementaron medidas de retención de documentos e imposibilidad de ingreso al territorio nacional. En febrero de 2023 se ordenó la privación de ciudadanía a 222 personas en un proceso coordinado.
Las reformas legislativas aprobadas posteriormente institucionalizaron la cancelación de la nacionalidad adquirida. Los registros que se contabilizaron en el estudio, indican que al menos 452 personas fueron afectadas por estas medidas. A la vez, se explica que estas decisiones buscan eliminar la crítica pública y consolidar el control sobre la población. La falta de reconocimiento legal afecta la capacidad de movilidad internacional y la seguridad personal de las personas nicaragüenses. El fenómeno continúa expandiéndose debido al temor de las personas a sufrir consecuencias impositivas adicionales.
Obstáculos consulares y restricciones a la movilidad
La investigación revela impedimentos en la atención consular destinada a la población nicaragüense en el extranjero. Un 97,5% de las gestiones sobre documentación carece de respuestas positivas oficiales. El silencio administrativo y las negativas directas caracterizan el tratamiento otorgado a las solicitudes tramitadas. Se documenta que solo una persona de la muestra logró un resultado favorable en sus trámites consulares. Esta realidad obstaculiza el acceso a pasaportes vigentes y certificados de identidad indispensables.
El reporte destaca la aparición de la denominada barrera del miedo entre personas ciudadanas residentes en otros países. «El 48.7% evita acercarse a representaciones diplomáticas por temor a represalias o a poner en riesgo a familiares en Nicaragua», se lee en el documento. A causa de esta intimidación, un 71% de las personas consultadas percibe que no recibe reconocimiento como nacional. Por lo que, optan por mantenerse alejadas de los consulados para proteger la integridad de sus familiares. La desprotección diplomática se suma a la imposibilidad de tramitar actualizaciones de documentos básicos.
Por otro lado, el diagnóstico señala que «se identificaron 6 casos donde aerolíneas impidieron el embarque de ciudadanos nicaragüenses por instrucciones directas del gobierno». Esta práctica traslada el control fronterizo fuera del territorio nacional mediante intermediarios privados. Un 24% por ciento de las personas encuestadas intentó retornar al país y enfrentó la negativa de ingreso. Los bloqueos se aplican en puntos terrestres y en terminales aéreas internacionales de diversos países. La imposibilidad de volver a la patria consolida una condición de destierro forzado e indefinido.
Las repercusiones socioeconómicas derivadas de la falta de documentos se extienden al ámbito financiero individual. Un 12% de quienes participaron en la encuesta mencionó enfrentar dificultades para abrir o mantener cuentas bancarias en los países en los que se encuentran. Esta situación coloca a las personas en la informalidad laboral y vulnerabilidad económica. La imposibilidad de realizar transacciones bancarias básicas complica el sustento diario de las familias. El vencimiento de sus pasaportes impide actualizar permisos de residencia y realizar contrataciones formales.
Consecuencias familiares y la insuficiencia de la protección tradicional
La ausencia de identificación jurídica válida genera un impacto directo en la estructura de los hogares. La fragmentación familiar se profundiza ante las restricciones impuestas al desplazamiento entre fronteras internacionales. Además, las medidas administrativas perjudican a menores de edad que dependen de personas adultas en situación irregular. Muchas de ellas reducen su presencia en espacios públicos para evitar se detenidas por las autoridades. También se registran casos de distanciamiento de sus seres queridos para prevenir acciones coercitivas en Nicaragua.
El informe resalta la insuficiencia de esquemas tradicionales de asilo para resolver el problema de fondo. Aunque existen mecanismos de protección temporal, la carencia de pasaportes restringe la movilidad y la regularización. Las personas con residencia en terceros países enfrentan bloqueos al no poseer certificados de nacimiento o cédulas, y la falta de renovación documental, impide realizar trámites administrativos exigidos por los países de acogida. La incertidumbre jurídica se prolonga en el tiempo al no contar con un respaldo estatal efectivo.
Demandas de la población y recomendaciones internacionales
La encuesta evalúa las aspiraciones prioritarias de las personas consultadas. El «75% de los encuestados demanda reconocimiento de otra nacionalidad, muy por encima de la renovación de documentos nicaragüenses (46%)». Esta cifra demuestra la pérdida de confianza en las instituciones públicas de Nicaragua. Igualmente, se indica que «la confianza en el Estado de origen se ha perdido» de manera generalizada. El acceso a un nuevo estatus jurídico se considera la vía principal para recuperar la seguridad.
Parte de las recomendaciones dirigidas a gobiernos receptores y a organismos multilaterales internacionales es establecer vías complementarias como la naturalización acelerada y programas de regularización migratoria. Se exhorta a eliminar la exigencia de pasaporte vigente para solicitar asilo y gestionar derechos laborales, así como reforzar el apoyo a organizaciones civiles e implementar las disposiciones de la Convención de 1961. La cooperación regional resulta indispensable para atender a la población privada de su nacionalidad, detallan en el el documento.
Daniel Rodríguez Moya