El Gobierno de España ha otorgado la nacionalidad española por carta de naturaleza a un nuevo grupo de 46 personas nicaragüenses, de las cuales tres personas son periodistas. De esta manera, se consolida un compromiso humanitario e institucional con las víctimas de la represión política en Nicaragua.
La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se enmarca en la respuesta diplomática frente a las políticas de destierro y anulación de derechos impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Reyna María Vallecillo Tapia, Tania Jeannette López Rodríguez y Carmen Lucía Navas, y que se encuentran exiliadas en Costa Rica, han sido beneficiadas con el decreto.
«La noticia la recibo con mucha alegría porque soy parte de un grupo de 7 periodistas que hemos perdido los derechos en nuestro propio país por ejercer nuestra profesión con ética. Esta nacionalidad nos da seguridad jurídica y protección, agradezco a España el continuar apoyando la democracia, la libertad de prensa, de pensamiento en Nicaragua y el mundo», expresó Reyna Vallecillo, del medio de comunicación Entrepatrias, al conocer también la resolución de los nuevos decretos que la amparan junto a otras personas profesionales del periodismo.
Las periodistas solicitaron al Gobierno de España la nacionalidad española, alegando que se encontraban en situación de apatridia de facto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La solicitud fue presentada el 19 de mayo ante el cónsul de España en Costa Rica, dirigida al Rey, al presidente del Gobierno, a las tres vicepresidentas, al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados.
También se han beneficiado personas del grupo de los 222 expresos políticos, el grupo de los 94 y las 135 personas que fueron desterradas a Guatemala.
Con pleno asombro y sin poder contener la emoción, al enterarse a través de Agenda Propia Nicaragua que España le había concedido la nacionalidad por carta de naturaleza, Cristhian Fajardo, exiliado nicaragüense residente en Estados Unidos desde hace cinco años, no se lo creía. «No tengo noticias que me la concedieron. Mandame eso, me estás alegrando. Déjame que aterrice. Estoy en shock. He llorado junto a mi familia», reaccionó.
Con esta tanda de aprobaciones, la cifra de personas opositoras acogidas bajo esta fórmula excepcional en España son más de 210 personas desde el inicio de la crisis migratoria forzada. Los expedientes tramitados buscan ofrecer una vía de protección jurídica urgente a quienes sufren una situación de apatridia sobrevenida.
La mayoría de las personas beneficiarias de estos decretos son periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, perfiles políticas y de la sociedad civil, que se vieron obligadas a abandonar el país para salvaguardar su integridad física y su libertad. Muchas de estas personas fueron declaradas «traidores a la patria» y despojadas arbitrariamente de sus bienes y de su nacionalidad y hay quienes se encuentran en apatridia de facto.
Jorge Hurtado periodista y líder refugiado celebra que 46 connacionales ya no se encuentran en un limbo jurídico, «esperamos que esta nueva situación les brinde un poco más de certeza para sus vidas, para reconstruir sus vidas en el exilio, para seguir haciendo periodismo, para seguir haciendo activismo o para seguir adelante, porque lo que hemos detectado a través de las encuestas y las investigaciones que hacemos sobre apatridia, es que cuando nos encontramos en este limbo jurídico de negación, de obstrucción documental generalizado porque no tenemos protección consular del Estado nicaragüense, la vida se pausa y eso es una consecuencia de esta represión trasnacional que se vive a través de la apatridia de facto y a través de que no te den documentos esenciales para para rehacer tu vida en el exterior», expuso.
Hurtado añade que «la prolongada inseguridad jurídica de los exiliados frena sus proyectos vitales y los expone a fraudes de falsos gestores con pasaportes», por lo que insta a buscar asesoría legal en canales oficiales como ACNUR antes de que caduquen sus documentos.
La concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza se fundamenta en el artículo 21.1 del Código Civil español, un procedimiento de carácter graciable que el Ejecutivo activa ante circunstancias excepcionales. En este contexto, el Estado español ha utilizado esta herramienta como un instrumento de reparación y asilo político institucional para proteger a los perseguidos por motivos ideológicos.
El impacto de estas medidas trasciende a lo mera gestión administrativa, ya que otorga a las personas afectadas plenos derechos civiles y políticos en la Unión Europea. Para la diáspora nicaragüense, disponer de un pasaporte español representa el fin de la incertidumbre jurídica y la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida con estabilidad y seguridad.
Organizaciones de derechos humanos han aplaudido la postura adoptada por España, señalando la importancia de que la comunidad internacional mantenga políticas activas de refugio y protección para los disidentes. Asimismo, recuerdan que la privación arbitraria de la nacionalidad constituye una violación flagrante del derecho internacional.
A pesar del alivio que supone la naturalización, las historias personales de las 46 nuevas personas españolas reflejan el alto coste humano del autoritarismo en Nicaragua. Entre los afectados figuran voces críticas que durante años documentaron la deriva democrática del país y que hoy continúan ejerciendo el periodismo independiente y la resistencia cívica desde el exilio.
José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) al consultar sobre la noticia, declaró que espera que «este paso sea el comienzo de un proceso que pueda ampliarse progresivamente a más nicaragüenses que atraviesan situaciones similares. La apatridia no es únicamente un problema documental: afecta a la identidad, a la libertad de movimiento, al ejercicio de derechos y a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida con dignidad». A la vez, reconoce el apoyo que España está brindando a las personas nicaragüenses afectadas por estas situaciones. «Hemos venido trabajando para visibilizar esta problemática y trasladar su importancia a actores clave. Lo hicimos también en nuestro reciente encuentro sobre apatridia, en el que reunimos a representantes de organizaciones internacionales y otros actores vinculados a la protección de los derechos humanos».
Juan Carlos Arce, del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más recibe la noticia «con satisfacción la nacionalización de estos 46 nicaragüenses víctimas apatridia, una de las peores violaciones a los derechos humanos por sus impactos en la víctima directa y en sus familias». Recuerda que la dictadura de Nicaragua es quien más utiliza la apatridia en el mundo, siendo un arma política. Añade que «si bien felicitamos al gobierno de España por este paso, también destacamos que estas acciones continúan siendo insuficiente frente a la magnitud del daño causado por la dictadura, por ello instamos a la comunidad internacional a reforzar las medidas para proteger a los nicaragüenses víctimas de la apatridia, actualmente dispersos en el mundo como resultado del mayor éxodo de nuestra historia como resultado de la violencia del régimen», señala.
El proceso administrativo exige ahora que cada uno de los beneficiarios formalice la jura o promesa de fidelidad a la Constitución y a las leyes españolas ante el Registro Civil correspondiente. Este trámite presencial completa un ciclo burocrático que sella definitivamente su vinculación legal con el país de acogida.
La cobertura mediática y el seguimiento de estos decretos continúan siendo esenciales para visibilizar la realidad de las personas exiliadas y mantener en la agenda pública la situación de los presos políticos y ciudadanos que aún permanecen en Nicaragua bajo un clima constante de hostigamiento y censura gubernamental.
Este nuevo decreto del BOE no solo formaliza la integración legal de 46 nicaragüenses a la ciudadanía española, reitera un mensaje firme de rechazo a la impunidad y a la vulneración sistemática de derechos fundamentales, consolidando a España como un refugio seguro para la defensa de la democracia y la libertad de expresión.
Con la publicación de estos decretos, España se posiciona de manera pionera como un refugio seguro y un pilar fundamental de la solidaridad internacional, ofreciendo una vía de protección jurídica urgente, plenos derechos ciudadanos y estabilidad a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos despojados arbitrariamente de su nacionalidad y forzados al destierro. Aunque para el representante de la ACDD es fundamental que esta realidad siga presente en la agenda pública e institucional. «Detrás de cada caso hay una persona a la que se le han arrebatado derechos básicos. Confiamos en que esta decisión contribuya a impulsar nuevas respuestas y a que ninguna persona nicaragüense que se encuentre en circunstancias similares quede atrás».
Entre las personas beneficiadas por esta esta resolución figuran
- Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero (Real Decreto 870/2026)
- Federico José Sacasa Patiño (Real Decreto 871/2026)
- Jader Modesto Téllez (Real Decreto 872/2026)
- María del Socorro Oviedo Delgado (Real Decreto 873/2026)
- Medardo Mairena Sequeira (Real Decreto 874/2026)
- Norlan Josué Cárdenas Ortiz (Real Decreto 875/2026)
- Quinto Pedro Joaquín Chamorro Barrios (Real Decreto 876/2026)
- Abdul Montoya Vivas (Real Decreto 877/2026)
- Adela Elizabeth Espinoza Tercero (Real Decreto 878/2026)
- Adolfo Yoel Vegas Rodríguez (Real Decreto 879/2026)
- Alba Paola Martínez Lira (Real Decreto 880/2026)
- Axel Javier Balladares Merlo (Real Decreto 881/2026)
- Carlos Alberto Bojorge Martínez (Real Decreto 882/2026)
- Carmen Lucía Navas Galeano (Real Decreto 883/2026)
- César Facundo Burgalín Miranda (Real Decreto 884/2026)
- Cristóbal Lorenzo Ramos Olivas (Real Decreto 885/2026)
- Daniel Agustín Garay Serrato (Real Decreto 886/2026)
- Danilo Adolfo Dumas Blanco (Real Decreto 887/2026)
- Edder Oniel Muñoz Centeno (Real Decreto 888/2026)
- Elvis Josué Sirias Chavarría (Real Decreto 889/2026)
- Erickson Antonio Calero Díaz (Real Decreto 890/2026)
- Fanor Alejandro Ramos (Real Decreto 891/2026)
- Isaías Javier Ruiz (Real Decreto 892/2026)
- Jolman Ricardo Avendaño Flórez (Real Decreto 893/2026)
- Joseling Mayela Campos Silva (Real Decreto 894/2026)
- Juan Pablo Tórrez Morales (Real Decreto 895/2026)
- Juan Ramón Mena (Real Decreto 896/2026)
- Julio César Dávila Munguía (Real Decreto 897/2026)
- Kevin Emilio Castillo Prado (Real Decreto 898/2026)
- Leonardo Antonio Guerrero Jirón (Real Decreto 899/2026)
- Lester Antonio Solís Paniagua (Real Decreto 900/2026)
- Luis Enrique Obando Palma (Real Decreto 901/2026)
- Marisela de Fátima Mejía Ruiz (Real Decreto 902/2026)
- Martha Candelaria Rivas Hernández (Real Decreto 903/2026)
- Nelly Grisselda López García (Real Decreto 904/2026)
- Obed Eliezer Bejarano Morales (Real Decreto 905/2026)
- Pedro José Gutiérrez González (Real Decreto 906/2026)
- Ramón Mena Matus (Real Decreto 907/2026)
- Reyna María Vallecillo Tapia (Real Decreto 908/2026)
- Rubén Ismael Ney Téllez (Real Decreto 909/2026)
- Tania Jeanneth López Rodríguez (Real Decreto 910/2026)
- Tyron Enrique García Tapia (Real Decreto 911/2026)
- Víctor Manuel Carranza Espinoza (Real Decreto 912/2026)
- Walner Omier Blandón Ochoa (Real Decreto 913/2026)
- Wilbert Alberto Pérez (Real Decreto 914/2026)
- Yesenia del Carmen Palacios Maltez (Real Decreto 915/2026)
Aquí puedes consultar el BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/23
Tamara Morales Orozco