La justicia de la dictadura Ortega-Murillo condenó a 26 años de prisión a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien fue declarado culpable de cuatro delitos, entre esta traición a la patria, cuando inicialmente le habían imputado dos. La justicia orteguista lo despojado de la nacionalidad nicaragüense.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo en un comunicado que la sentencia es una muestra de la inseguridad jurídica en que se encuentra la población nicaragüense.
“Aquí estamos en una exposición gravísima todos los nicaragüenses porque ahora ya no van a necesitar que venga un fiscal y te invente un falso y te pretenda acusar, aquí de la noche a la mañana pueden venir dictando una sentencia diciendo que te están condenando, esa es la inseguridad jurídica elevada a su máxima expresión a que hemos llegado en este país”, denunció la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIDH.
La defensora de derechos humanos se mostró sorprendida por la lectura de la sentencia condenatoria que hizo el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, ya que él no fue quien lo juzgó, tampoco se conoció que se haya realizado un juicio.
“A nadie se le puede imponer una pena sin que haya un previo proceso”, manifestó la defensora de derechos humanos, quien consideró la sentencia como una “barbaridad”.
Pese a que el juicio político en contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa estaba programado para el próximo 15 de febrero y era acusado de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Pero el magistrado Rothschuh agregó dos delitos más: “obstrucción de funciones agravadas, desobediencia y desacato a la autoridad. Todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua”.
Otro organismo en pronunciarse fue el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, (Calidh), quien considera que dicha sentencia es “arbitraria y contraria a sus derechos humanos que están protegidos por tratados internacionales”.
“Nada de lo expuesto en esa sentencia tiene validez frente a los tratados de derechos humanos”, enfatiza el organismo quien mostró su preocupación por la condición de apátrida en que se encuentra el religioso nicaragüense.
“Y la mayor vulnerabilidad en la que queda expuesto frente a cualquier acto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante que los agentes del Estado quisieran infligir en su contra sobre la base de que ‘ya no es nicaragüense’”, indica Calidh en un comunicado.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que la condena contra Álvarez es “arbitraria e inconstitucional” ya que se realizó por medio de un proceso judicial “oculto, desconocido y nulo”.
“La atrocidad jurídica pretenden disfrazarla de legalidad a través del Tribunal de Apelaciones de Managua que sirvió una vez más de instrumento del régimen Ortega Murillo”, señaló el organismo que recibió denuncia de un ciudadano quien fue convocada para que compareciera para el juicio del religioso el día 15 de febrero.
La organización añade que esta condena es parte de la persecución del régimen contra la iglesia católica y exigieron el respeto a los derechos humanos del religioso y su liberación.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 