Redacción AP Desterrar a una persona es expulsarla o hacerla abandonar su país o el lugar donde vive, normalmente por motivos políticos. Eso fue lo que hizo hoy ilegalmente la dictadura Ortega-Murillo con 222 personas nicaragüenses. Otras personas presas políticas se mantienen en las diferentes cárceles del país.
Pero, además, orquestó un circo político para darle visos de legalidad a la trama. A tempranas horas de la mañana este 9 de febrero, magistrados y magistradas de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, brindaron una conferencia de prensa donde informaron la deportación de 222 personas presas políticas.
El Magistrado Octavio Rothschuh, no sabía la hora del día en que estaba, leyó muy inseguro al inicio la nota de prensa y argumentó que «de acuerdo con los artículos 1, 2, 3, 24, 34 y 29 de la Constitución Política de Nicaragua, así como los artículos 31, 409, 410, 412 y 413 de la Ley 641 del Código Penal, Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con el fin de proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, las personas presas políticas cometieron actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación”.
El magistrado al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, conocido por sus abusos de autoridad, manifestó que se giró orden al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal I, del Tribunal de Apelaciones de Managua, les tildó de traidores de la patria en la sentencia y mencionó que fueron sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública o ser electos a cargos populares. Es así que sentenciaron que las personas presas políticas no tienen derechos ciudadanos de forma «perpetua».
La dictadura también reunió de forma urgente a la Asamblea Nacional, AN, la cual controlan. Así la AN aprobó con 88 votos a favor la Reforma al Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua. Dicha norma contiene dos artículos.
Como ley máxima del país, la Constitución puede ser reformada en dos legislaturas, por tal razón se debe votar y publicar en el diario oficial La Gaceta lo aprobado hoy, pero también se deberá hacer algo similar el año que viene, en 2024. El Artículo 21 reformado se leerá de la siguiente manera, según lo aprobado:
“La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los Traidores a la Patria pierden la calidad de nacionalidad nicaragüense”
Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense
Asimismo, y a continuación, dieron trámite de urgencia a una propuesta firmada por un grupo de diputados y diputadas, denominada Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense vinculada a la ley anterior, la cual alcanzó 85 votos a favor.
El objeto de esta ley es “Regular la pérdida de la nacionalidad, estipulada en el Arto. 21” Consta de cuatro artículos donde se establece que se podrá perder la nacionalidad nicaragüense conforme lo establecido en la Ley 1055 (Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz).
La aplicación de la ley decaerá en la autoridad judicial, quien con posterioridad deberá informar al Consejo Supremo Electoral, CSE. La norma aprobada será publicada por cualquier medio sin detrimento de que se divulgue en La Gaceta, diario oficial.
Irónicamente, la sesión parlamente que duró poco tiempo, el justo para votar ambas leyes sin ninguna discusión, fue dedicada a Santos López, uno de los lugartenientes de Augusto C. Sandino.
Decisión unilateral del Gobierno de Nicaragua
Posteriormente, la periodista Lucía Pineda Ubau, directora del Canal de TV 100% Noticias conversó con Celia Mendoza, de la VOA, quien se encontraba en Washington.
Celia explicó, de acuerdo a las informaciones que, manejada a esta hora del día, que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado que el “traslado” de las personas presas políticas es una decisión unilateral del Gobierno de Nicaragua, y que para garantizar el viaje hubo coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua.
Entre las recciones que ha logrado compilar entre congresistas, en general se reconoce que la medida es positiva, pero quieren saber cómo se dieron las negociaciones.
Las 222 personas presas políticas serán incluidas en el proceso del PAROLE Humanitario durante dos años, aunque si bien el viaje ha sido voluntario, no se han dado las condiciones de proceso judicial establecido Nicaragua y se sorprendieron con la decisión del Parlamento nicaragüense de haberles quitado la nacionalidad nicaragüense y llamarles traidores de la patria.
A la hora de la entrevista, un poco antes de mediodía, no se conocía el listado y tampoco dónde iban a ir muchas personas sin familiares en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta que a las personas no se les había permitió ir a sus casas. Tampoco sabían en qué se iban a movilizar.
Mientras redactábamos esta nota, circuló la lista de las 222 personas desterradas gracias al dictador Daniel Ortega, quien en un discurso público ya había dictado muerte civil a las casi 300 personas presas políticas.
