Este lunes el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las conclusiones de su informe sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
En su intervención ante el consejo de DH, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, sostuvo que el régimen “instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales”.
Además, agregó que, para realizar este informe, han tenido comunicación directa con las víctimas y otros testigos que conocen el funcionamiento directo del Estado de Nicaragua, así como la revisión de expedientes judiciales, documentos oficiales y no oficiales, y material audiovisual debidamente verificado.
“Con base a la información analizada, hemos concluido que graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos ocurrieron en Nicaragua, durante el período cubierto por este informe. Representantes de diversas agencias del gobierno (de Nicaragua), actores no estatales y grupos pro-gobierno perpetraron estas violaciones”, informó Simon.
Por su parte Angela Buitrago, integrante del Grupo de Expertos dijo que “bajo la investigación se han encontrado actividades, comportamientos planeados, coordinados y sistemáticos y generalizados sobre la comisión de diferentes clases de crímenes y sobre esos elementos narramos en la sesión de hoy algunos aspectos fundamentales que incorpora el informe del Grupo de Expertos para Nicaragua”.
Sobre la postura del régimen de no reconocer el Grupo de Expertos, Buitrago dijo que “hay acciones que los países pueden hacer desde afuera, con respecto a los hechos que ha realizado Nicaragua, activando la jurisdicción internacional contra personas específicas y contra el Estado”.
El informe que ha sido divulgado a la prensa independiente dice claramente que “las violaciones y abusos a los derechos humanos que perpetradas desde abril de 2018 no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso dinámico de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas; de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta de la República”.
El Grupo de Expertos también nombra que en Nicaragua existe una “confusión entre el Estado y sus instituciones, y el partido de Gobierno. Dichos factores permitieron a las altas autoridades del Gobierno instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico diseñado para reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras, reales o percibidas”.
Simon, indicó en su comparecencia que en el documento ofrecen recomendaciones de medidas que consideran que el Estado de Nicaragua y la comunidad internacional deben de implementar como la liberación inmediata de los reos de conciencia y poner fin a las violaciones, abusos y crímenes, y en particular a la persecución por motivos políticos.
“Además que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones y garanticen la justicia para las víctimas, y que se garantice la separación de poderes” manifestó.
Para Carlos Quezada del Instituto Raza e Igualdad “es importante resaltar que queda demostrado la falta de compromiso del gobierno de Nicaragua de asumir los compromisos internacionales”.
Quezada dijo que “cualquier dictadura lo que hace es desconocer el rol de la comunidad internacional, lo que me parece sorprendente es que Nicaragua forma parte de Naciones Unidas, es un ente intergubernamental, Nicaragua esta presente en una serie de comités, y tiene que presentar por un lado las obligaciones internacionales y tiene que dialogar con el grupo de expertos”.
“Políticamente el régimen Ortega- Murillo al no reconocer el informe se está aislando aún más, esa es una consecuencia, el otro aspecto es que tiene que ver con las consecuencias económicas y yo creo que es lo que el régimen Ortega-Murillo aún no ha entendido” detalló.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 