Redacción AP La dictadura Ortega-Murillo cada día está más expuesta mundialmente por las violaciones de Derechos Humanos que comete, catalogados como crímenes de lesa humanidad. Este lunes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las representaciones de Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paragua, Perú, Unión Europea, Luxemburgo, Islandia, Francia, Bélgica, Países Bajos, entre otros, condenaron las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nicaragua.
La Unión Europea aseguró estar preocupada por los “resultados claros” del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) al mismo tiempo que hizo una condena “sin ambages a las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”.
La UE pidió al mismo tiempo que el régimen orteguista “garantice la entrada al país al grupo de expertos para ver un posible diálogo” y deploró la “instrumentalización del sistema de justicia en Nicaragua, que propicia que prevalezca la impunidad por las violaciones de derechos humanos”.
La representante por un grupo de países –Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú– aseguró que están “consternados por las graves y sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos detallados en el informe” del GHREN.
Al mismo tiempo este grupo hizo un llamado a la renovación del mandato del Grupo de Expertos “para avanzar en investigaciones más detalladas sobre violaciones en derechos humanos, y abusos contra mujeres y niñas, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos”.
La dictadura, con su doble retórica, no aceptó las conclusiones del informe porque asegura que son lineamientos hechos por los medios de comunicación independientes y opositores, y que tales situaciones no existen en Nicaragua. “No aceptamos reporte alguno del unilateralmente llamado Grupo de Expertos, por ser subjetivos y contrarios a los intereses supremos de nuestro país, en la búsqueda del buen Vivir, en toda la dimensión de lo que ello implique”, según un documento leído por Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República de Nicaragua.
Agenda Propia cuestionó la postura de la dictadura, pero la respuesta de la funcionaria fue el silencio, la política estatal que se impone en Nicaragua.
Los cuestionamientos a la dictadura fueron fuertes, Luxemburgo, uno de los cooperantes del régimen en materia de turismo dijo en nombre de Bélgica y Países Bajos, que la medida es “un intento evidente de las autoridades de liberarse de la oposición”. A la vez, que demandó la liberación de todos los reos políticos, especialmente, del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, después que se negó a ser desterrado de su patria.
