Redacción AP En abril de 2018 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dieron órdenes generalizadas y sistemáticas para sofocar la protesta ciudadana que inició con la quema de la reserva natural Indio Maíz y posterior, la no aplicación de unas reformas a la seguridad social.
Estas protestas se convirtieron en reclamos de años de postergación, anulación y cierre de espacios de consulta y participación social, frente a la concentración absoluta del Poder Ejecutivo encarnado en Ortega y Murillo, quienes idearon un plan que consistió en el uso de la fuerza letal y la represión generalizada.
Para ejecutar dicho plan, el régimen utilizó al funcionariado público, y civiles que se sumaron al aplastamiento de las protestas cívicas. Cinco años después, todas las fases de la represión han continuado.
El Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad según organismos de derechos humanos como el GIEI y el Grupo de Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El uso de la autoridad territorial, el territorio y de las oficinas del Estado, así como la participación impune de funcionarios, servidores públicos y civiles en la represión, no tiene comparación en la historia contemporánea de América Latina, según el último informe del Centro de Asistencia Legal Interamericana, CALIDH .
Estos delitos han dado paso a la impunidad de todas las personas que hasta ahora han gozado de la protección del Estado en Nicaragua, sobre la base de un gobierno que ha establecido como política discursiva la negación de la participación del Estado y sus funcionarios, en las violaciones de derechos humanos, así como la negativa de que en el país se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad.
El informe del CALIDH, propone 30 medidas de justicia transicional para Nicaragua en el marco de las responsabilidades penales individuales de funcionarios, servidores públicos y civiles en Nicaragua que han participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018.
