Redacción AP Nicaragua vive un proceso de despojo de derechos elementales de manera articulada, derechos negados por un régimen acusado por cometer crímenes de lesa humanidad, del cual son víctimas los ciudadanos de Nicaragua: la libertad de expresión y el brindar a la población una oportuna información veraz e independiente es motivo de censura, al mismo tiempo el derecho de asociación, de opinar individual o colectivamente es cercenado, así como los derechos económicos, sociales y políticos.
La libertad de expresión no es una dádiva del gobierno, pero tampoco es patrimonio exclusivo de los medios de comunicación y los periodistas. Representa un derecho humano universal, consignado en nuestra Constitución, carta magna que en estos momentos ha sido violentada al igual que los derechos humanos de las personas.
La libertad de expresarse y de opinar es un derecho ciudadano conquistado por la lucha del pueblo y sellado con su sangre y, por lo tanto, estamos moralmente obligados a defenderlo además que es el sustrato básico sobre el cual se asientan todas las otras libertades y derechos fundamentales de la persona humana y, por lo tanto, representa el fundamento del estado de derecho.
A pesar de la política secretista y represiva del régimen, las y los periodistas, los medios, y las organizaciones de la sociedad civil, han jugado un papel crucial en las investigaciones sobre corrupción pública y defensa de los derechos ciudadanos.
Es cierto que cada vez que se denuncia un atropello o se demanda transparencia, la dictadura responde con agresiones, calumnias, campañas de descalificación, y hasta destierro contra periodista y defensoras de derechos humanos; Pero también es cierto que el periodismo nacional se ha mantenido firme y unido, haciendo fracasar las políticas de intimidación oficial.
