Redacción AP
El Clero de la Diócesis de Estelí señaló en comunicado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es quien incita al odio y la violencia en Nicaragua y no las acusaciones contra Monseñor Rolando Álvarez y colaboradores que estuvieron retenidos por la policía orteguista y agresiones a diversos sacerdotes de Nicaragua.
Los curas acusan a la dictadura de tranqueros porque «quienes crean zozobra y el desorden en este país son ustedes, dicen en el comunicado. «Afectaron la libre circulación vehicular, el curso normal del comercio, de la gente que trabaja honestamente. A su vez, reprochan que convirtieron a la institución policial en el brazo represor del pueblo nicaragüense porque son quienes ejecutan las violaciones a los derechos humanos de la población indefensa, en vez de ser los centinelas de la alegría del pueblo».
La institución religiosa manifiesta que en en el acto oficial de la celebración del 19 de julio de 2018, Daniel Ortega «acusó públicamente a algunos obispos de ser golpistas, terroristas, y desde entonces, son innumerables las veces en las que ustedes, que debieran dar el ejemplo de civismo y respeto, arrojan todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones, ya no solo a los obispos sino también a nosotros los sacerdotes».
A su vez, reprochan que las acusaciones sobre ellos – de ser golpistas – son infundadas porque «aquí no hubo ningún golpe de estado, pues los golpes de estado los ejecutan los ejércitos, y aquí el ejército no le ha dado golpe de estado a nadie. Eso existe solo en la mente de ustedes. Aquí lo que hubo en 2018 fue una protesta popular, que al final lo que dejó es una enorme cantidad de jóvenes nicaragüenses asesinados, sin olvidarnos de todos los que murieron en la operación limpieza».
Los sacerdotes le recuerdan a la dictadura que fueron ellos quienes mediaron en el diálogo nacional que no obtuvo frutos porque Ortega y sus cómplices no tuvieron voluntad de detener la represión para evitar muertes innecesarias. Le recuerdan también que el clero abrió las puertas de sus iglesias para auxiliar a los heridos y proteger la vida de las personas que se manifiestan en contra de lo ocurrido a partir de abril de 2018.
La embestida contra la iglesia católica ha sido el secuestro de Monseñor Álvarez junto a ocho personas más el pasado 19 de agosto, quienes fueron trasladados a la cárcel de El Chipote por la policía orteguista, ha sido el destierro de Monseñor Silvio Báez, el padre Edwin Román; el encarcelamiento arbitrario de Monseñor Leonardo Urbina; el impedimento del ingreso al país al padre Idiáquez; la retención del pasaporte a Monseñor Silvio Fonseca; la expulsión de las hermanas de la Congregación de Santa Teresa de Calcuta; la cancelación de la personería jurídica de Cáritas de Estelí; la confiscación de la Universidad Católica del Trópico Seco; la cancelación de la personería jurídica de la Familia Fabretto, la cancelación de transmisión del Canal Católico de la Diócesis de Matagalpa, así como siete radios de la misma diócesis, entre otras acciones represivas.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 