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Redacción AP
El régimen Ortega-Murillo oficializó este martes el asalto y confiscación de las instalaciones del diario La Prensa, al enviar a su aparato propagandístico a dar cobertura al “acto de instalación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho” en la sede de ese medio de comunicación.
El anuncio se da un día después de que La Prensa denunciara que desde hace varios días operadores del régimen realizaban obras de construcción y trasladan máquinas y equipos que estaban dentro del edificio confiscado.
La Prensa sostuvo que “con esta acción el régimen Ortega Murillo concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial de Editorial La Prensa, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Norte. Bienes que en el estado en qué estaban al momento de la confiscación, tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares”.
En sus 96 años de existencia, La Prensa ha sobrevivido a diversos cierres, durante la Administración de Juan Bautista Sacasa fue suspendida entre 1933 y 1934. Luego, cuando Anastasio Somoza García, fue cerrada durante un año y diez meses en 1944 por la oposición contra el dictador.
Sufrió censura en los años de 1954, 1956, 1957 y en 1959, según las memorias de La Prensa que se editaron hace diez años. Después del asesinato a Somoza García, en septiembre de 1956, fueron apresados todos los miembros de la dirección y redacción del periódico, y las instalaciones fueron ocupadas por la guardia.
Durante la revolución vivió censura, en 1982 el gobierno estableció el Estado de Emergencia, que incluía la censura previa a todos los medios de comunicación del país. En 1986 la revolución sandinista suspendió indefinidamente La Prensa.
El 13 de agosto pasado el diario más antiguo de Nicaragua cumplió un año de haber sido tomado ilegalmente por la policía. Un día después su gerente general, Juan Lorenzo Holmann fue secuestrado y llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
En comunicado, el 13 de agosto de 2021 la policía del régimen justificó la toma de la empresa como parte de una investigación contra del Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
