La violencia hacia personas el colectivo LGBTIQ+ en Nicaragua es un problema grave que persiste en la sociedad, una de las formas más comunes es la violencia física y verbal.
Juana Mena Hernández, una mujer trans falleció el 07 de marzo de 2023 tras ser golpeada brutalmente por su pareja Sidar Murillo, de 34 años, quien fue capturado posteriormente por la policía orteguista en el municipio de Masaya, es una víctima de la realidad que enfrentan las personas LBTIQ+, donde la impunidad prevalece y les invisibiliza. El caso de Juana, un dictamen médico legal señala que murió a consecuencia de un trauma craneoencefálico severo, según el informe anual del Observatorio de Violencia hacia personas LBTIQ+ del Programa Feminista La Corriente Somos Todas.
«Juana Mena falleció en el hospital Humberto Alvarado de Masaya, luego que fuera golpeada la tarde del lunes en el lugar conocido como Las 7 Esquinas en Masaya, según la denuncia presentada por el papá de la víctima», señala la organización feminista en su último informe.
A ello, se suma otros tipos de violencia como la exclusión social, lo que dificulta el acceso a servicios básicos como la salud y la educación.
«En el segundo trimestre del año 2023, una mujer trans fue agredida verbalmente por una funcionaria del Ministerio de la familia (MIFAMILIA) y el INATEC, por haber asistido a un acto de entrega de diplomas con vestimenta “femenina”. Esta actitud abiertamente discriminatoria contrasta no solo con lo establecido en la Constitución Política, sino con normativas difundidas por instituciones del Estado que prometen combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género» plantea la organización feminista en el informe.
Un activista gay consultado por Agenda Propia quien accedió a hablar bajo anonimato, dijo que «lo preocupante de la situación que vivimos los que estamos dentro del país es la falta de protección y apoyo por parte de las «autoridades» y de la sociedad en general. Muchas personas LGBTIQ+ en Nicaragua no denuncian los actos de violencia por temor a represalias o por la falta de confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Esto crea un ciclo de impunidad que perpetúa la discriminación y la violencia», expresó el activista quien acompaña clandestinamente a personas de la diversidad sexual que son víctimas de la violencia que impera en el país.
«Es importante destacar que la violencia hacia personas LGBTIQ+ no solo afecta a individuos, sino también a comunidades enteras. La discriminación y el estigma socavan el bienestar psicológico y emocional de las personas LGBTIQ+ y obstaculizan su pleno desarrollo y participación en la sociedad» expresó «Marta», una defensora de derechos humanos que brinda atención psicológica.
El programa Feminista La Corriente detalla en su informe que «la impunidad y la cultura del silencio son una clara evidencia de la normalización social de la violencia, que como sabemos desempeña una función de vigilancia y castigo hacia aquellos cuerpos que desafían los mandatos impuestos desde una comprensión binaria, esencialista y jerarquizada de los cuerpos».
Un análisis con el que están de acuerdo activistas de derechos humanos quienes plantean que «es necesario fortalecer los mecanismos de apoyo y protección para las personas LGBTIQ+ que son víctimas de violencia, garantizando su acceso a la justicia y a servicios de apoyo integral».
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 