La intención de vender activos del Estado para pagar deuda, anunciada por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, generó sorpresa en el país centroamericano y abrió una polémica entre el Gobierno y los sindicatos que se oponen a la iniciativa.
El pasado martes, el presidente Chaves dijo durante la presentación de su informe de 100 días de labores que presentará iniciativas de ley para vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y el Banco de Costa Rica (BCR), así como el 49 % de las acciones del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS).
«Una acción clave es la venta de activos como Bicsa y el BCR, que nos darán recursos frescos de aproximadamente un 2,8 % del PIB, que usaremos para reducir la deuda. Pronto presentaremos al Congreso un proyecto de ley en ese sentido», dijo Chaves.
El presidente agregó que el INS «es una de las empresas estatales más sólidas, y también contribuirá en esta lucha, con la apertura del 49 % de sus acciones para que los fondos de pensiones del país puedan invertir en ellas».
Según Chaves, del derechista Partido Progreso Social Democrático, la venta del 49 % del INS le puede dar al Gobierno 593.000 millones de colones, equivalente a unos 870 millones de dólares (1,2 % del PIB).
Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron a inicios de 2021 una financiación por 1.778 millones de dólares desembolsables en tractos hasta 2024, ante lo que el Gobierno costarricense se comprometió a cumplir metas como eliminar el déficit primario en 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035, mediante una serie de leyes y reformas que no incluyen la venta de activos.
La deuda de Costa Rica ronda el 70 % del PIB.
En 2021 el INS, que se encuentra en un mercado de competencia con empresas privadas, reportó una ganancia neta de cerca de alrededor de 200 millones de dólares, mientras que el BCR, uno de los tres bancos públicos del país, registró ganancias por unos 80 millones de dólares.
EL RECHAZO SINDICAL
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el principal sindicato del país, afirmó este jueves que lo que el Gobierno debe hacer es atacar la evasión de impuestos y renegociar deuda en lugar de impulsar la venta de activos.
«Jamás se puede enfrentar el grave problema de la deuda con la venta de activos. Rechazamos categóricamente, desde cualquier punto de vista, estas ideas que no son nuevas. Con este nivel de deuda pública y un pago de intereses brutal, el paso fundamental es renegociar el pago de intereses tan obsceno y darle duro a la evasión fiscal y el robo de impuestos», expresó.
El secretario general adjunto de la ANEP, Walter Quesada, anunció que el sindicato estará «en la primera línea de pelea» porque no van a aceptar “que se vendan las instituciones del Estado para pagar deuda».
«No vamos a aceptar que la institucionalidad pública, garante de la igualdad en este país, la vayan a vender para entregarla a las mismas empresas y ricachones de siempre», dijo.
El Banco de Costa Rica, fundado hace 145 años, publicó un comunicado en el que pidió a sus trabajadores y clientes «continuar confiando en la entidad» y exigió a las autoridades un «profundo análisis sobre el alcance de la posible venta, así como la afectación real que la medida tendría para el país en su desarrollo socioeconómico».
La Unión de Empleados del BCR también calificó como «populista» la idea de vender activos y anunció que su «línea de defensa será estar en contra de esta y cualquier otra propuesta que implique la venta del BCR».
Partidos políticos de oposición también expresaron sus dudas sobre la venta de activos, pues consideran que aportarían muy poco a la reducción de la deuda.
El Gobierno aún no ha publicado los proyectos de ley ni los ha presentado al Congreso.
Con información de EFE y Listín Radio