Aministía Internacional denuncia la desaparición forzada de al menos 10 personas nicaragüenses

El organismo acusa a Daniel Ortega de implementar esta técnica como una nueva estrategia para acallar a y reprimir a opositores, activistas y periodistas.  

Redacción AP

La desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementa para silenciar cualquier crítica o voz opositora, así concluye una investigación de Amnistía Internacional que titula ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua, luego de un riguroso análisis de la información disponible. 

Las desapariciones suponen un paso más en la estrategia de Ortega para hacerse con el poder en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que “los 10 casos que hemos documentado son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación. Exigimos al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos”.

Los hechos ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas dice la organización internacional.

Hasta el 2 de agosto (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas – lo cual es una exigencia del derecho internacional. La única información recibida ha sido ante la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”. Sin embargo, los agentes policiales, que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas.

Los casos de las 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, son las de Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.

Sin embargo, no son los únicos casos que se han producido desde que, a finales de mayo, Ortega aumentara la represión contra sus oponentes. Este martes 24 de agosto el Ministerio Público acusñi al periodista Carlos Chamorro, exiliado por segunda vez por la presión del régimen, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva, y apropiación y retención indebida, en un nuevo ataque por callar a una de las voces más críticas contra la dictadura orteguista.

El director de Confidencial y Esta Semana respondió a dichas acusaciones y declaró que “no nos callarán con un juicio político. Chamorro reiteró su compromiso en el ejercicio de la profesión y manifestó que “intentan criminalizar la libertad de prensa. Nuestro trabajo periodístico se defiende por sí solo ante las calumnias del régimen”. A su vez denunció que tanto su hermana Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 85 días y su hermano Pedro Chamorro Barrios lleva 60 días secuestrado a quienes aún no ha podido comunicarse con ellos.

Amnistía Internacional sostiene que «la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional» y que se trata de «una de las más graves violaciones a los derechos humanos». Estas desapariciones implican «la violación de un conjunto de derechos humanos» entre los que se encuentran la privación de libertad o la negativa a reconocer si se ha producido o no la detención o la negativa a informar sobre el paradero de los detenidos.

Pese a que los familiares de los desaparecidos y representantes legales han solicitado en numerosas ocasiones información sobre su paradero, las autoridades han desprovisto de respuesta de las autoridades más allá de que están bajo su custodia. La investigación indica que «la única información recibida sobre la posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ)», donde las familias sospechan que pueden estar detenidos.

La legislación del país señala que los detenidos tienen derecho a «comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación de asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las primeras tres horas», algo que no les ha sido permitido, incumpliendo el Estado su propia ley. Asimismo, AI indica que cualquier detenido debe compadecer ante un tribunal de justicia ordinaria, algo que no ha ocurrido.

Esta semana se cumplen 90 días de las desapariciones. «Las familias merecen tener la certeza de si sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del Gobierno de Daniel Ortega», señaló la directora para las Américas de AI.