Agenda Propia Nicaragua
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| Foto: La Prensa de Nicaragua |
Redacción AP
La Asamblea Nacional aprobó a solicitud del Ministerio de Gobernación, la cancelación de la personalidad jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales que se dedicaban al trabajo comunitario en las zonas rurales del país, temas de salud, participación ciudadana, gobernabilidad democrática, la defensa de los derechos de niñas y mujeres víctimas de abuso entre otros.
Con ello, ya son más de 40 organizaciones civiles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impide que operen en Nicaragua. Las organizaciones despojadas de su personería jurídica son:
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Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA)
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Acción Médica Cristiana
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Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa
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Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS)
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Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM)
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Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES)
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Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (OYANKA)
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Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG-NICARAGUA)
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Fundación Diakonía Nicaragua
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Fundación Entre Volcanes
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Fundación Médica Nicaragüense Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC)
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Fundación Mejía Godoy
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Fundación Xochiquetzal
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Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP)
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Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).
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Los diputados sandinistas aprobaron la cancelación con 70 votos a favor, 1 en contra, 13 abstenciones y 6 presentes. Con estas 15 organizaciones, suman ya 48, las que han sido canceladas por el régimen orteguista en los recientes días.
En la iniciativa presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, otrora del partido liberal, las organizaciones habrían “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa, obstaculizando la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob”.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una de las organizaciones civiles afectada por la decisión de los legisladores orteguista, condenó y denunció esta decisión jurídica “basada en artimañas y mentiras y la sistemática represión y violencia estatal del gobierno Ortega Murillo, se suma la cancelación de 55 organizaciones nacionales e internacionales para imponer miedo y silencio.
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más repudió la cancelación arbitraria e inconstitucional y acusó al Estado de Nicaragua ser responsable de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, quien a su vez “cancela derechos y garantías desde el parlamento y palacios de justicia al margen y en violación al orden constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos.
A su vez, señaló que el Ministerio de Gobernación al solicitar a la Asamblea Nacional la cancelación de personalidades jurídicas, “violenta los procedimientos establecidos en la Ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo, no se les permitió el derecho a ser oídos, el derecho a la defensa ni a recursos administrativos.
El informe enviado a la Asamblea Nacional señala que las organizaciones “no han presentado los convenios entre donante y ONG, sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la fundación”.
De acuerdo a la solicitud enviada por el Migob a Gustavo Porras, se les acusa a las oenegés no haber presentado los documentos de identidad de sus donantes y beneficiarios. “No han entregado los documentos de identidad y origen de sus miembros donantes; nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono”.
