Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
Un llamado a que Nicaragua, Cuba y Venezuela unan esfuerzos y logren una coordinación unificada ante el autoritarismo imperante en los tres países. En eso se resume la llamada Carta de Granada que se ha hecho pública hoy en esta ciudad andaluza avalada por la firma de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, el alcalde metropolitano de Caracas (Venezuela) en el exilio, Antonio Ledesma, el dramaturgo cubano y dirigente del Movimiento Archipiélago Yunior García, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda y el presidente de Prisoners Defenders Javier Larrondo Calafat.
El documento referido se ha rubricado durante la sesión inaugural de las XXX Jornadas de Extranjería y Protección Internacional, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Granada, y que reúne a más de 250 abogados de Extranjería de toda España. En él se pide como primer punto de resolución que haya encuentros en los que “conversar sobre la manera de unir esfuerzos y, de ser posible, crear una instancia de coordinación unificada”. Del mismo modo, se propone que se debata en las distintas instancias de solidaridad de los tres países “los modos de organización, las ventajas y obstáculos” de un proceso de estas características y, por último, acuerdan poner en marcha la iniciativa y darla a conocer en América Latina y Europa.
A grandes rasgos esas son las líneas de trabajo común que propone el documento, en el que se reflexiona sobre las situaciones similares que viven los tres países latinoamericanos en los últimos tiempos.
Consideran que Cuba, Venezuela y Nicaragua son países hermanos “que coinciden en sus aspiraciones de libertad” y apuntan algo importante: “la liberación de cualquiera de ellos tendría repercusiones significativas en los otros dos”.
La carta apela a las necesidades de solidaridad y apoyo para las luchas de cada uno de estos países por parte de los gobiernos democráticos de Europa y América Latina. Del mismo modo, reconocen que los exilios cubanos, venezolano y nicaragüense “han reunido un caudal de fuerza importante en la denuncia y en la búsqueda de soluciones” en cada uno de estos países, aunque, lamentan, “carecen de la adecuada coordinación y de la unidad en la acción que permita multiplicar y fortalecer el impacto en el exterior y, por ende, en el interior de cada país”.
Para los firmantes de este documento, con el que se aspira a la unidad de acción, las democracias del mundo “se ven amenazadas” por la presencia e influencia de gobiernos autócraticos como los que representan en la actualidad Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este sentido señalan como origen de esta situación en el modelo cubano “y su larga experiencia en consolidar un sistema de partido único” que, hoy día, se ve reproducido, apuntan, “en las técnicas represivas que se aplican en Venezuela y Nicaragua”.
En los tres países hay elementos comunes según se señala en la Carta de Granada: “la disolución absoluta del Estado de Derecho, la aplicación de la vigilancia vecinal, la difusión de mensajes doctrinarios que criminalizan la crítica y el desacuerdo, el control partidario del sistema de Justicia que aplica penas desproporcionadas con el objetivo de sembrar el miedo, la desaparición forzada de los medios de comunicación independientes, la persecución a periodistas, intelectuales y artistas, la prohibición del derecho a la libre movilización y la violación constante a otros muchos derechos humanos”.
También se llama la atención en el documento firmado en Granada a la “notable indiferencia” de los gobiernos de los tres países a las amonestaciones de organismos humanitarios, regionales e internacionales apelando siempre, señalan, “a una doctrina de no intervención para negar acuerdos y reglas de coexistencia entre los Estados”. Y en este argumento, se indica, se apela siempre al “discurso antimperialista” de los años sesenta que “se sigue utilizando para justificar los atropellos dentro de sus países”, y en una “supuesta” defensa de la soberanía “no dudan en aplastar el soberano derecho de sus ciudadanos a que se respete su libertad y a elegir a sus gobernantes democráticamente”.
