La Articulación de Movimientos Sociales, AMS, emitió un pronunciamiento en el que rechaza la propuesta de transición hacia la democracia en Nicaragua. El activista Jimmy Gómez integrante de la Articulación, dijo que pretender resolver la crisis de gobernabilidad mediante medidas de fuerza militar o bloqueos navales administrados desde fuera, vulnera la dignidad nacional y ninguna coyuntura de opresión justifica comprometer el territorio ni delegar las decisiones fundamentales del país a potencias extranjeras.
La controversia estalló tras la filtración de un documento borrador titulado “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, con fecha de mayo de 2026, en el que se expone una hoja de ruta transitoria de 24 meses basada en un fuerte despliegue de presión internacional y coercitiva. La propuesta ha generado reacciones en diversos sectores sociales por el nivel de injerencia estratégica que concede a actores extranjeros.
La AMS defiende la dignidad nacional frente a las propuestas que pretenden resolver la actual crisis de gobernabilidad en el país señalan en su comunicado. Quienes forman parte de este conglomerado de organizaciones (AMS) enfatizan la necesidad de mantener el decoro del país ante cualquier planteamiento político que pretenda vulnerar la soberanía del territorio. Además, rechazan la opción de implementar un bloqueo naval o promover una intervención militar de carácter extranjero. «La soberanía territorial no debe verse comprometida por medidas de fuerza externa bajo ninguna circunstancia o justificación política», sostienen.
Aquí el documento borrador:
El punto con más discrepancia radica en la conformación de una eventual Junta de Transición Nacional de siete personas quienes tendrán facultades ejecutivas y legislativas. El documento establece que la selección de las personas integrantes estaría a cargo de una comisión designada por el gobierno de Estados Unidos, previa consulta con sectores opositores. Para la AMS, este procedimiento despoja a la ciudadanía nicaragüense de su potestad soberana para elegir autónomamente a sus autoridades.
La crítica del movimiento social remarca la falta de memoria histórica en la propuesta opositora, equiparando esa postura con eventos del pasado nacional. En el pronunciamiento se evoca la figura histórica de Adolfo Díaz para advertir el riesgo de revivir patrones de subordinación y entreguismo hacia Washington. A juicio de la Articulación, la intervención del aparato militar norteamericano minimiza la fuerza de la lucha ciudadana y desvirtúa las demandas populares de justicia y democratización.
En el documento se argumenta que el régimen Ortega-Murillo ha provocado una ruptura constitucional total y representa una amenaza directa a la seguridad del hemisferio. La propuesta justifica la necesidad del acompañamiento coercitivo norteamericano debido al asentamiento de intereses de Rusia, China, Irán y Corea del Norte en el territorio nicaragüense. Bajo esa lógica, la oposición considera que la vía de la fuerza es el único recurso con capacidad para estrangular operativamente a las estructuras dictatoriales.
También se contemplan acciones de estrangulamiento económico como la desconexión del sistema SWIFT y restricciones a las exportaciones de minerales preciosos. No obstante, las cláusulas más controvertidas abordan el “emplazamiento militar coercitivo”, que incluye el despliegue de naves marítimas y aéreas en las costas del Pacífico y Caribe. Asimismo, el texto sugiere operaciones para capturar a figuras del régimen con órdenes internacionales y el ablandamiento de mandos castrenses.
Ante este escenario, la AMS reafirma que la restitución del orden democrático debe ser una tarea dirigida e impulsada de manera exclusiva por todas las personas nicaragüenses dentro y fuera del país. Aunque valoran el respaldo diplomático y la solidaridad de la comunidad internacional como soportes valiosos, rechazan que estos apoyos se traduzcan en tutelajes geopolíticos. La organización recalca que solo la autoorganización y la fuerza cívica popular poseen la legitimidad para desmontar la dinastía actual.
La propuesta opositora también detalla un cronograma que culminaría al mes 22 con elecciones generales y una Asamblea Nacional Constituyente de 60 integrantes. A pesar de que el plan busca la liberación inmediata de personas presas políticas y la restitución de bienes confiscados, el método de implementación genera división. El dilema expone las dos grandes visiones que coexisten en el espacio opositor: la búsqueda de una salida rápida apalancada en el poder exterior o el camino de la autodeterminación popular.
Aunque la AMS valora la solidaridad internacional como un soporte necesario para restituir los derechos fundamentales, sostiene que la dirección estratégica del proceso democratizador pertenece exclusivamente a la sociedad nicaragüense dentro y fuera del territorio nacional. El futuro democrático se fundamenta en una confianza absoluta hacia la organización popular, cuya fuerza cívica ya demostró históricamente su capacidad para derribar dictaduras dinásticas y definir de forma soberana el destino de la nación.
