Agenda Propia Nicaragua
Redacción AP
Con 70 votos a favor, los diputados al servicio de Daniel Ortega, aprobaron este martes en la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, la Ley General de Bancos, Instituciones financieras no bancarias y grupos financieros (Ley 561) para imponer multas a directores, gerentes, funcionarios, empleados y auditores internos que informen a sus clientes que están bajo investigación, así como a las empresas que forman parte del mercado de capitales.
La reforma establece que si directores, representantes, funcionarios administradores de prevención de riesgos auditores internos o cualquier otro empleado de una entidad bancaria, informan a sus clientes que las transacciones están siendo analizadas o consideradas para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte, serán sancionados con multas equivalentes hasta ocho veces el salario mensual de un empleado de la banca nacional.
Mientras que para el caso de los directores la sanción será de un mínimo de 10,000 hasta 50,000 unidades de multa de acuerdo con la gravedad de la falta.
Las leyes reformadas, no gravan los ingresos ni las ganancias, sino el patrimonio, y tienen un carácter confiscatorio que contraría lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución política de Nicaragua, publica el medio digital Confidencial. En el apartado de los montos de las multas, expertos apuntan que es positivo, “porque la ley a reformar no define una estratificación clara sobre las infracciones leves, graves y muy graves, lo que solo se intentaba mediante normativas. El problema es que la ley a reformar solo establece multas entre 5000 a 60 000 dólares, pero el proyecto de ley aumenta exponencialmente las multas, siendo la más alta equivalente a 500 000 dólares para infracciones muy graves”, destaca.
La reforma pretende castigar a la banca nacional al imponer un porcentaje del patrimonio en vez de aplicar las ‘unidades de multa’, “porque imponer una multa del 0.15% del patrimonio de cualquiera de los tres bancos más grandes del sistema, resultaría en una sanción cercana a los 15 millones de córdobas señala un entrevistado en Confidencial.
El diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto señaló que las reformas “están entrelazadas con la necesidad que tiene el Estado de continuar avanzando con el seguimiento y el fortalecimiento de nuestro sistema financiero nacional”.
Como anteriormente se informó en Agenda Propia, la asamblea orteguista aprobó también la Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Ley 317) y la Ley de Mercados de Capitales (Ley 587 ) para estar en concordancia con la Ley 561.
