El Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi) denunció este jueves que los ataques a las comunidades indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua son «sistemáticos, permanentes y en total impunidad», dijo el organismo en un comunicado.
Calpi elaboró una línea de tiempo en donde documentan las violaciones a los derechos humanos. Uno de los primeros ataques que tiene documentado, ocurrió en 2013, en el territorio Mayangna de Sauni As, con el asesinato del guardabosque comunitario Elías Charles Taylor. Mientras que el último ataque, ocurrió en la comunidad mayangna Wilu, el pasado 11 de marzo y dejó un saldo de al menos cinco muertos y dos lesionados. En esa comunidad no quedó nada en pie, los colonos destruyeron todo a su paso.
El organismo detalla que en 2020 y 2021 fueron asesinados al menos 28 indígenas, de los cuales cerca de 15 fueron ultimados en la masacre que se produjo en agosto de 2021 en el cerro Kiwakumbaih, territorio Mayangna Sauni As.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (0ACNUDH) dijo recientemente que “estos actos de violencia se enmarcan en un grave contexto de violencia sistemática de colonos no indígenas contra las comunidades indígenas en la Costa Caribe, exacerbados por la falta de aplicación de la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal con relación al saneamiento de los territorios indígenas”.
La OACNUDH, instó al Estado de Nicaragua, “de conformidad con sus obligaciones internacionales, a tomar las medidas oportunas para proteger la vida, la seguridad y la integridad física y psíquica de todas las personas de la comunidad de Wilu, que incluya un enfoque de género y diferencial y tome en cuenta las necesidades específicas de mujeres, niños, adolescentes y personas mayores desplazados”.
A su vez, María Luisa Acosta, activista y defensora de los derechos de las comunidades indígenas, explicó en Agenda Propia Nicaragua que “los Estados están obligados a prevenir este tipo de situaciones, pero si ocurren, deben investigar y eventualmente a encontrar a los responsables y judicializarlos, y de resultar culpables aplicarles la ley”.
La defensora de derechos humanos enfatizó también que “los Estados están obligados a prevenir que no repitan estas situaciones y cuando no lo hacen incurren en una falta internacional. En esos casos la vía es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que, si no se llega a un acuerdo entre las partes, se pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a menos que sea una solicitud de medida provisional, pero incluso, para pedir medidas previsionales, primero hay que pedir medidas cautelares”.
Las razones inmediatas de la violencia política contra los pueblos indígenas para Juan Carlos Ocampo, líder indígena, quien también participó en Agenda Propia, tienen que ver con la aprobación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas, Ley 445, en 2003.
Es muy bueno que se preocupen cuando hay tragedias como asesinatos, pero es que todos los días hay hectáreas invadidas, nuevas familias de colonos que están llegando a nuestros territorios, nuevas familias de miskitus y de mayagnas que están saliendo de sus tierras, familias que están sufriendo hambre. El impacto de la invasión en las mujeres y los niños es brutal porque son las que sufren más… Sé que la situación es difícil, pero hay que intentarlo, no hay que dejar que la represión y el temor generalizado que se ha creado, nos inmovilice… Es una situación dramática e inhumano lo que está pasando en los territorios indígenas” manifestó el líder indígena.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 