Redacción AP Voces del Sur, una red de organizaciones civiles de América Latina, contabiliza que en el primer trimestre de 2023, se han exiliado al menos siete periodistas, dada la criminalización, asedio, persecución y agresiones a la prensa independiente, por parte de la dictadura Ortega-Murillo, lo cual contabiliza que un total 185 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua desde 2018.
Voces del Sur promueve y defiende la libertad de prensa, de expresión, el acceso a la información, y la seguridad y protección de periodistas en la región.
En el informe “Libertad de Prensa en Nicaragua sin respiro: Ortega no deja de atacar”, de Voces del Sur (VDS) y la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), se señala que además del exilio, se registraron 14 alertas de casos de violaciones a la libertad de prensa y 38 agresiones a periodistas. Las violaciones se tradujeron en 14 agresiones y ataques, y 24 casos de uso abusivo del poder estatal. Las víctimas fueron 22 hombres y 10 mujeres periodistas. Los mayores agresores fueron agentes estatales.
Las organizaciones condenaron el destierro y arrebato de la nacionalidad a 222 nicaragüenses incluidos periodistas, y otros trabajadores de medios de comunicación, acciones violatorias a los derechos humanos por la dictadura orteguista el primer trimestre del año.
«Igual repudiamos el retiro de la nacionalidad de otras 94 personas, lo cual incluye al menos a 10 comunicadores. Lamentamos que con este hecho se busque infundir mayor terror entre los hombres y mujeres de prensa, quienes se han mantenido apegados a la ética y han desafiado la censura y la represión que ‘receta’ el gobierno Ortega-Murillo”, destacan.
A su vez, cuestionaron y denunciaron la toma ilegal de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias, la negativa del pago de pensión y otras medidas coercitivas denunciadas por las víctimas, así como «el silencio sepulcral y complaciente que han mantenido las entidades bancarias que han ejecutado congelamiento de cuentas a periodistas y otros ciudadanos, a la fecha no se han pronunciado ni presentado los documentos legales propios de este tipo de procesos», apuntan las organizaciones.
FLED y VDS mostraron preocupación por las constantes amenazas de la dictadura Ortega-Murillo contra el periodismo independiente y aseguran que “lejos de amedrentar lo comprometen a fortalecer sus capacidades y brindar más información a sus audiencias”.
La organización regional informó que el informe que originalmente producían cada mes, durante 2023 se hará trimestralmente por el “creciente aumento de la autocensura de las mismas víctimas; lo que ha provocado la disminución de denuncias y el avance de la criminalización del periodismo independiente.
Finalmente manifestaron que ejercer la profesión va «más allá de edificios y equipos; se requiere entrega, disposición y compromiso; cualidades que han demostrado las mujeres y hombres de prensa con mayor ímpetu en los últimos años».
