Redacción AP La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su afán de mantener el control y cercenar aún más los espacios democráticos en Nicaragua, mandó a cancelar el pasado 3 de febrero, la personalidad jurídica de otras 17 organizaciones no gubernamentales.
El Ministerio de Gobernación (Migob) obedeciendo la orden orteguista, alegó que estas organizaciones no reportaron sus estados financieros y que tenían juntas directivas vencidas, en el acuerdo ministerial firmado por la ministra de la cartera, María Amelia Coronel, publicado en La Gaceta, Diario Oficial.
El cierre de las 17 organizaciones de sociedad civil, que incluye a organizaciones recreativas, médicas, deportivas, literarias, gremiales, de acción social, obedece a la determinación totalitaria de la dictadura, manifiesta el abogado y economista Enrique Sáenz. «Su designio es clausurar todo espacio independiente: universidades, alcaldías, medios de comunicación, organizaciones sociales, iglesia católica y celebraciones religiosas, centros de pensamiento, alcaldías… hasta llegar a los propios hogares, a las propias familias», expresa.
Llama la atención que entre las organizaciones canceladas está la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), a la que también señalan de incumplir las leyes nacionales por tener a su directiva vencida y no reportar sus estados financieros.
El abogado y economista expresa que la cancelación a Asobanp, se trata de algún «forcejeo» por intereses. «Ortega no solo es la cabeza de la dictadura sino también es cabeza de un conglomerado empresarial privado que tiene la misma vocación totalizante: apoderarse o participar en todo negocio privado rentable».
Las otras organizaciones canceladas son la Asociación Casa Xalteva, Fundación A.MAR.TE, la Asociación de Jubilados del Departamento de León (Asojudel), Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano (Iberonic) y la Asociación de Comerciantes del Mercado Central (Acomercen).
También dejaron sin personería jurídica a la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios (Anayn), Asociación para el desarrollo de Santo Tomás del Norte (Asodesn), Asociación de enfermos de insuficiencia renal crónica Nueva Esperanza (Asociación Adedircne), Fundación Amor Abundante (FAA) y la Asociación de alcaldesas de Nicaragua.
Otras organizaciones canceladas son la Asociación Fondo Histórico Documental de la Música Nicaragüense (Fonmunic), Asociación Dimensiones del Desarrollo (Dides), Asociación de Desmovilizados del S.M.P. de Nicaragua Esperanza y Reconciliación, Asociación Civil Cihualcoalt para el Desarrollo Integral Socio Económico (Asocideis), el Club Veinte-Treinta de Managua y la Fundación Isla (FIS).
Con estas 17 organizaciones canceladas suman ya 3199 oenegés sin el derecho a poder operar en Nicaragua. Organismos que trabajaban en la defensa de la democracia, los derechos de la mujer y la niñez, el desarrollo local y sostenible, el medio ambiente, la salud, la educación, a la ayuda humanitaria, atención a sectores vulnerables, entre otros.
Para Haydée Castilo, defensora de derechos humanos, «la decisión del régimen Ortega-Murillo de cancelar 17 organizaciones sin fines de lucro, en la cual incluye la Asociación de Banqueros de Nicaragua, es una muestra de que este régimen tiene como política de Estado el aniquilamiento de la participación de la ciudadanía del Estado».
La defensora de derechos humanos considera que han decapitado el derecho de asociación, de participación y de organización. A su juicio, el país está llegando a un estado en que «Nicaragua no tiene nada que envidiarle a países y regímenes absolutistas como Irán y otros que están incluidos en la lista de países que fomentan el terrorismo. Valora que al ir despojándonos de los derechos y de las libertades, «el régimen está mandando un mensaje de que poder es absoluto y esto es bastante peligroso porque el terrorismo de estado se está apoderando del país».
Agrega que es bastante lamentable -por lo cual deberían de opinar con mayor propiedad los banqueros, quienes serán afectados- que mientras el régimen continúa con estas barbaridades, Nicaragua ha sido excluida del GAFI, y el FMI emite un informe que de alguna manera es un respaldo al accionar del régimen Ortega-Murillo.
«Lamentamos este doble rasero de la comunidad internacional. Algunos gobiernos, algunos Estados, que son socios del FMI, del BCIE, del Banco Mundial, del BID, emiten una serie de protestas, de documentos, declaraciones en el marco del multilateralismo, donde condenan al régimen, pero por otro lado, se le sigue oxigenando económicamente pese a que ha decapitados todos los derechos humanos» agregó Castillo.
Por ese tipo de situaciones, desde la sociedad civil se sigue demandando el retiro del apoyo económico que directa o indirectamente fortalezca la capacidad represiva del régimen, «Estamos ante un monstruo que está armado hasta los dientes, protegido por la arquitectura financiera mundial, donde lo que más importa es la rentabilidad económica, mientras algunos de la comunidad internacional que muestra su apoyo, su compromiso con Nicaragua y el pueblo no deja de resistir, pero no es fácil» finalizó diciendo la defensora de derechos humanos.
