Redacción AP
El Consejo de Ancianos de la Moskitia de Bilwi en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, envió una carta al departamento de quejas del Banco Mundial donde le expresa su preocupación ante el desembolso de 156 millones de dólares que dicha entidad destinará al Gobierno de Nicaragua para, a través del proyecto Bio Clima, se genere oxígeno al territorio indígena, pero los recursos no serán destinados para beneficios de las comunidades indígenas.
Manifiestan que el Gobierno impone autoridades comunales y territoriales que el Gobierno en las Regiones Autónomas Norte y Sur, al no aceptar a autoridades que las comunidades indígenas eligen. Esto es una amenaza a la autonomía comunitaria, a sus formas de vida y los bosques que existen en sus territorios,
Quienes integran la máxima autoridad consuetudinaria y ancestral de la Moskitia, manifiestan en la misiva que el derecho al consentimiento previo, libre e informado es sagrado, y que para la implementación de dicho proyecto no se ha incluido a todos los miembros de las comunidades que pueden ser afectadas por las decisiones. Aseguran que las discusiones deben ampliarse y la población debe elegir a sus propios representantes sin la interferencia de la estructura del gobierno.
A su vez, señalan que todo indígena o afrodescendiente que no piensa igual que el régimen Ortega-Murillo no es un opositor, «es un comunitario consciente de los riesgos y amenazas de los planteamientos del gobierno a nuestra cultura a nuestra paz comunitaria, a nuestros medios de vida, a nuestra Madre Tierra, a nuestro futuro como pueblos originarios y por eso disiente».
Concuerdan que el arrendamiento de las tierras es buena idea, sustentada en la Ley de Demarcación territorial, Ley 445, pero primero se deben resolver los casos de impunidad no resueltos como los temas de justicia relacionados con violaciones de derechos humanos a las comunidades y a personas indígenas, «hombres y mujeres de todas las edades, y por los delitos ambientales cometidos por los colonos».
Para el Consejo de Ancianos antes de implementar el proyecto Bio Clima, se debe ampliar las consultas con las comunidades, para que estén mejor informadas para analizar la propuesta del Gobierno de Nicaragua; para lo cual se debe «incluir a representantes independientes de cada una de las comunidades en las consultas y debates con el IRM».
También señalan que el gobierno debe mostrar buena voluntad y buena fe, permitiendo la elección de autoridades sin interferencias partidarias y a su vez, investigar a los responsables materiales e intelectuales de las invasiones «sean indígenas, sean políticos, sean mestizos, sean abogados, sean militares, sean pastores».
La reparación del daño debe ser integral
En su carta reconocen que el arrendamiento no ofrece la oportunidad de reparación solo de compensación, pero es «una compensación a medias porque lo que tiene sentido para las comunidades es volver a ocupar sus bosques como parte de una reparación y compensación integral». Agregan que los costos de los arrendamientos deben ser justos. Un precio justo es para las autoridades ancestrales de entre el 30% y el 25% de los beneficios que los colonos pueden ganar de sus tierras. «De lo contrario, el pago es muy simbólico y no compensa el costo de la oportunidad ni la pérdida de nuestros medios de vida».
En los últimos diez años se ha producido una invasión masiva y forzosa de colonos que llegan de otras zonas geográficas del país lo cual ha provocado desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros y la devastación de millones de hectáreas de bosques en 15 de los 17 territorios indígenas, incluyendo la reserva natural Bosawás.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 