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Con el inicio de la temporada de lluvias llegaron dos eventos en dos carreteras importantes en el país, pero también en las comunidades se reportan inundaciones y ríos desbordados, a pesar de ser los primeros días de lluvia los destrozos reportados pronostican un invierno que destruirá aún más la red vial del país, mientras el gobierno reparte millones de quetzales a empresas con poca transparencia.
Por Juan Calles| Prensa Comunitaria
Como resultado de las intensas lluvias del 18 y 19 de junio, se reportó un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en el kilómetro 24 en la carretera Interamericana, además, en el socavamiento del kilómetro 15 en la ruta al pacífico la lluvia se llevó el concreto líquido que había sido vertido para solucionar el problema en esa vital carretera.
Las dos arterias mencionadas son importantes rutas para miles de personas que las utilizan para llegar a sus viviendas, para trasladarse a sus trabajos, además de ser vías importantes para transporte comercial e industrial. Sin embargo, hasta este martes 21 de junio los dos accesos continúan bloqueados.
El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Rodolfo García, aseguró que lo sucedido en la carretera Interamericana responde a causas naturales. La deforestación o el paso a desnivel en San Lucas Sacatepéquez no tienen nada que ver con el gigantesco deslizamiento de tierra que bloqueó los seis carriles de esa importante carretera, dijo.
A pesar de la opinión de García, Alejandra Hernández de la colectiva feminista, “Artesanas”, residente en el departamento de Sacatepéquez, en una conversación con Prensa Comunitaria mencionó que son varios los proyectos que preocupan en la región, tales como la tala de árboles para colocar torres de tendido eléctrico, el basurero en la carretera entre Antigua Guatemala y Milpas Altas, el paso a desnivel en San Lucas y la construcción de los centros comerciales que han destruido gran cantidad de bosques, “Los cerros y los bosques tienen ánima y reclaman el despojo que les hacen”, mencionó.
Sobre el deslizamiento de tierra en la carretera Interamericana García informó que se trata de un área protegida, que el terreno es muy inestable y debido a la saturación de agua en los suelos sucedió este deslizamiento que bloqueó los seis carriles de la carretera, la recomendación final de CONRED fue colocar muros de contención.
La corrupción nuestra de todos los días
La madre tierra cobra sus réditos, pero la corrupción también tiene mucha responsabilidad en lo que sucede en las carreteras del país; desde los tiempos del presidente Otto Pérez Molina y su ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, entre el 2012 y 2014, las carreteras del país están abandonadas, sin mantenimiento y en condiciones precarias. Ambos funcionarios guardan prisión por actos de corrupción.
Alejandro Sinibaldi está ligado a los casos: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Oderbrecht y Transurbano, entre otros. En el caso Oderbrecht la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval lo acusó de negociar con empresarios brasileños la adjudicación de un tramo carretero en la costa sur, en esa negociación recibió 146 millones de Quetzales para repartir coimas entre los involucrados para autorizar los contratos, sin embargo, los trabajos nunca se realizaron.
Durante el gobierno de Jimmy Morales su ministro de comunicaciones José Luis Benito, quien hoy guarda prisión por corrupción, en el caso del llamado libramiento de Chimaltenango se le acusa de defraudar al Estado por medio de una licitación pública para la construcción del libramiento de Chimaltenango en el que se contrató a la empresa Constructora Nacional, S.A. CONASA y sin que tuviera la capacidad técnica, económica y financiera para realizar la obra se le otorgaron 77 millones de quetzales.
El libramiento resulta hasta la fecha un riesgo para quienes transitan por el lugar, en donde se han registrado derrumbes e inundaciones que han puesto en riesgo la vida de cientos de personas.
La ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica una puerta abierta para la corrupción
Ya durante el presente año, el 29 de marzo, el Congreso de la República aprobó una ley para fortalecer la red vial en el país, la que otorga al ministerio de comunicaciones y sus instancias ejecutivas un monto de más de 3 mil 191 millones de quetzales. Según la misma ley, estos millones de quetzales se utilizarán para recuperar 14 carreteras a nivel nacional, entre las que se encuentran tres rutas centroamericanas, dos nacionales y seis departamentales, además de la construcción de 11 nuevos puentes, entre ellos dos mega obras, el puente Belice II para el transporte pesado hacia los puertos Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios y la carretera de Huehuetenango hacia la Mesilla, frontera con México.
En opinión de Marvin Flores de Acción Ciudadana, desde el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el llamado pacto de corruptos ha logrado cooptar la totalidad de las instituciones del Estado, con lo que ha tenido luz verde para asignar recursos económicos del presupuesto nacional para proyectos poco transparentes.
“No hay contrapesos, como un sistema democrático lo exige, es preocupante porque se avecina un nuevo proceso electoral y como ha sido en otras campañas, se teme que se usen fondos públicos para financiar la campaña electoral del oficialismo”, mencionó Flores.
Quien paga la marimba pide las canciones
La construcción de puentes y carreteras son adjudicadas en procesos establecidos por la misma ley guatemalteca a empresas que entran a un proceso de licitación, es decir, compiten entre varias propuestas para que la empresa constructora que presente la mejor oferta y tenga la máxima experiencia en construcción, sea la que gane los contratos millonarios.
Eso es lo que dice la ley, sin embargo, según lo que explica Marvin Flores la adjudicación de obras millonarias se realiza tras la simulación de una licitación, para autorizar las obras a empresarios (en muchas ocasiones son alcaldes y diputados afines al gobierno de turno) que participaron en la campaña electoral apoyando con dinero al que ahora es presidente, por lo que las obras construidas no tienen la calidad necesaria y hoy vemos como las rutas nacionales colapsan cada invierno.
“Quien financia la campaña electoral obtiene las obras públicas de construcción, esas empresas no cumplen con los requisitos de calidad y experiencia, por eso vemos que las carreteras y puentes son destruidos con las primeras lluvias, los casos de la Interamericana y Villa Nueva son los más visibles, pero también en Chiquimula y Alta Verapaz hay destrozos en carreteras y puentes”
En otras palabras, quien financia la campaña electoral con millonarias cantidades obtiene de regreso su dinero y con ganancias, dinero que viene de los impuestos que toda la ciudadanía paga con sus impuestos. Es por ello que las obras públicas se hacen sin cuidar la calidad y buen funcionamiento de las mismas, cumpliendo con el dicho antiguo que dice que quien paga a los músicos es quien elige qué canciones se escucharán en la fiesta.
¿La fiscalización da resultados?
Desde el Congreso de la República, la diputada Evelyn Morataya ha realizado fiscalización de las empresas a las que se le han adjudicado parte de los 93 millones de quetzales aprobados en la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, los hallazgos de la diputada generan dudas y suspicacias en la forma en la que se usarán estos millones de quetzales.
Entre otros, destaca la adjudicación a una empresa llamada Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A. que nunca había tenido adjudicaciones del Estado, es hasta este año que el Ministerio de Comunicaciones le asigna 93 millones 298 mil quetzales para la construcción de obra pública, además de ello, el representante legal de la empresa, el señor Jorge Martín González quien tiene además un contrato en la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, de enero a diciembre de 2022 por 180 mil quetzales.
La adjudicación de Aleisa se divide entre la construcción de una escuela bicentenario en Parramos, Chimaltenango por 39 821 quetzales y el recapeo de 16 kilómetros de carretera en San Marcos por 53 390 971.60 quetzales, es decir, 3 336 935.72 por cada kilómetro recapeado. Finalmente, una tercera adjudicación por 85 900 quetzales para el mantenimiento de un centro recreativo llamado “La playita”, en la empresa Portuaria Quetzal.
“A pesar que el artículo 11 de la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica designa a la Contraloría General de Cuentas para que sea esta entidad la que haga la verificación y fiscalización de los procesos de contrataciones que garanticen la transparencia en la ejecución del gasto público, no he podido reunirme con el subcontralor de la calidad del gasto José Alberto Ramírez, entonces, ¿a dónde llevo la información de lo que he fiscalizado?” se preguntó la diputada.
Para el próximo lunes 27 de junio se espera una próxima reunión de trabajo con el subcontralor Ramírez, para presentar la información obtenida por la diputada Morataya. Hasta el cierre de esta nota no se contaba con la confirmación de la asistencia del subcontralor a la invitación de la parlamentaria.
El papel de la ciudadanía frente a la corrupción
Ante las diversas convocatorias de colectivos ciudadanos a protestar por la situación política y económica del país, la respuesta ha sido negativa, desde las jornadas de protesta el 21 de noviembre de 2021, cuando la ciudadanía salió a las calles a rechazar la aprobación del presupuesto nacional, no se han registrado protestas en las calles del país.
En esa ocasión las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), reprimieron a la ciudadanía lanzando gases lacrimógenos, capturando a jóvenes hombres y mujeres. Dos manifestantes perdieron un ojo debido al impacto de las bombas lacrimógenas en el rostro y dos activistas enfrentaron un proceso judicial, por supuestos daños en las paredes del palacio legislativo.
En esa misma fecha, algunos manifestantes ingresaron por la fuerza al Congreso de la República, provocando destrozos y quemando archivos y papelería. Como respuesta la represión y la posterior criminalización de protestantes ha hecho efecto en la población que teme salir a protestar ante la violencia policial. Sumando a ello los efectos de la pandemia, que desmotivan la organización social y la protesta.
Marvin Flores, opina que a pesar del desánimo y frustración de la ciudadanía se debe hacer auditoria social, promover la cultura de denunciar la corrupción; y mencionó que Acción Ciudadana promueve capacitaciones para realizar esta auditoria social, principalmente con los Consejos Departamentales de Desarrollo y otras instancias comunitarias ya establecidas, pero también cuentan con un centro de asistencia legal anticorrupción, en el que por medio del número gratuito 1-801-811-1011 se pueden denunciar actos de corrupción.
La diputada Evelyn Morataya, quien pidió a la ciudadanía estar atentos a la información que ella comparte y que sea la misma población la que observe y verifique que las obras en verdad se construyan y que se realicen con calidad y efectividad y de no ser así que denuncien.
Guatemala está a las puertas de un nuevo proceso electoral, con las muestras que ha dado el sistema de no permitir la oposición y cooptar todas las instituciones del Estado se teme que se obstaculice la participación de sectores y partidos políticos que plantean refundar el Estado y cambiar las estructuras de corrupción, en ese escenario la ciudadanía organizada es la única que pude exigir y generar un cambio en el actuar de las autoridades gubernamentales.
