Agenda Propia Nicaragua 
Redacción AP
Defecciones y conflictos: ¿hay rebelión en la granja? es el título de Perspectivas, edición 161, de abril de 2022, donde se analiza las fugas y las denuncias que han sacudido las filas del partido de gobierno de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Tal situación ha provocado especulación acerca de los alcances de un descalabro del aparente monolítico partido, a juicio de Perspectivas, «golpeando la confianza del régimen en sus propias bases, exacerbando la paranoia y desatando una cacería de brujas en algunas instituciones y estructuras partidarias» señala.
El suplemento de análisis político del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCA) rememora cómo casi a finales de marzo pasado, se dio la renuncia y denuncia de Arturo McFields, entonces embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
McFields reveló en una sesión del Consejo Permanente de la OEA los asesinatos del régimen Ortega-Murillo, las presiones a quienes laboran en las instituciones públicas de Nicaragua, así como el injusto encarcelamiento de 177 personas como presas políticas, contrario a lo que dice la narrativa oficial.
Le siguió la renuncia pública del asesor de los juicios sobre asuntos limítrofes que el gobierno de Nicaragua ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia desde los años 80, quien alega que Ortega instaló una dictadura como la que había ayudado a derrocar en 1979.
De acuerdo a Perspectivas, ambas renuncias, las denuncias ciudadana y la solidaridad con las personas presas políticas, evidencian que tras la “normalidad” que la dictadura ha querido imponer, hay contradicciones, frustración y heridas. No han logrado la unidad de quienes laboran en instancias públicas ni en sus bases, por el contrario hay erosión y debilitamiento.
Agrega, que más allá de un pequeño grupo favorecido y otros que por intereses sórdidos atan su carro al del régimen, el resto del FSLN y del funcionariado público sufren la represión y temen las agresiones del régimen.
Indica el suplemento que «es difícil saber qué tan extendidas o profundas son estas fisuras, pero es claro que no se trata de casos aislados». Hay desmoralización en el círculo cercano a Ortega, agrega.
A estas situaciones se añade la desactivación del «sandinismo histórico» mediante una misiva del coronel en retiro Leopoldo Rivas, encargado por el régimen para atender a la militancia «antigua» y cuya comunicación provocó un alboroto.
El conflicto de los «históricos» y Rosario Murillo se remonta a cuando ésta desplazó a viejos militantes de posiciones de poder a lo interno del partido y los sustituyó por jóvenes leales a ella. Muchos de los “históricos” quedaron al margen, afirma el suplemento.
La crisis de 2018 permitió a los «históricos» volver al protagonismo, cuando Ortega les convocó para organizarse en fuerzas paramilitares y participar con la policía y la inteligencia del ejército en la “operación limpieza”. Pensaron que volverían al lugar que les corresponde. La carta de Rivas les retornó a la realidad: irse a sus casas, ya no eran necesarios. El círculo cercano sigue monopolizado por jóvenes leales a Murillo.
Perspectivas vaticina como muy probable que la contradicción entre “históricos” y “jóvenes” permanecerá hasta que los primeros se rindan ante el paso del tiempo. Mientras, unos y otros se declaran los más leales y fieros defensores del sandinismo y de Ortega. La disputa no es por el carácter del régimen ni sus violaciones a los derechos humanos. Es una reyerta interna de egos y privilegios.
Represión a sus propios adeptos
La represión contra Bayardo Rodríguez, promotor del FSLN en el municipio de Muelle de los Bueyes quien pretendía salir del país para hacer gestiones personales fue el otro incidente que provocó ruido. Fue acusado por el secretario político de la zona, de querer abandonar el país en forma definitiva. En las redes sociales locales se desencadenaron las acusaciones de terrorista y traidor; un grupo de apoyo de Rodríguez organizó una manifestación de respaldo cancelada por la policía.
Esta situación, analiza Perspectivas, refleja el control político y policial del régimen contra sus afiliados, el descontento que provoca y la disposición de algunos para hablar y desmentir las campañas en su contra.
Los afines al régimen se han percatado que están cautivos en el país, como a quienes se les ha retirado el pasaporte, que les prohíben viajar sin justificación ni orden legal. Igualmente están expuestos a la estigmatización, al desprestigio, el acoso de la policía y eventualmente, la cárcel, agrega Perspectivas.
Señala también que los casos conocidos son pocos por el control de la información y el temor que hay entre los adeptos, pero muestran una tendencia a la erosión.
A su juicio, «muy pocos creen que Ortega y Murillo representan una esperanza de futuro; por el contrario, sin apoyo político interno, aislado internacionalmente, enfrentado a la incertidumbre económica y a sanciones, una buena parte de los que todavía permanecen a su lado ya comenzaron a calcular el momento en que los costos de la fidelidad sobrepasen las ventajas».
Valor histórico de abril
En el suplemente de análisis político se valora históricamente el mes de abril. Esto data de 1954, cuando un grupo de ciudadanos intentó matar al fundador de la dictadura somocista, creyendo que así se abriría la democratización del país. Sesenta y cuatro años después, también en un mes de abril, el pueblo nicaragüense se alzó sin armas contra la dictadura Ortega-Murillo, como ejemplo del hartazgo de los abusos, fraudes y violación a sus derechos humanos; y quien ha reprimido sin asco y queriendo sepultar la esperanza de la sociedad que demanda un cambio.
El suplemento también analiza lo que denomina los altibajos de la construcción democrática. Señala que si bien abril fue una crítica al modelo de la dictadura Ortega-Murillo, también fue un rechazo a los políticos y sus partidos tradicionales.
Su último capítulo referido a Nicaragua, está dedicado al cuarto aniversario de la insurrección de abril, e indican que «el reclamo de justicia, memoria, verdad, reparación para las víctimas y garantías de no repetición es la demanda más acuciante luego de cuatro años en los que el régimen no ha permitido investigaciones ni procesos a los responsables por los crímenes cometidos».
El 31 marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció un Grupo de Expertos que deberá “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos» desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales. No obstante, Perspectiva asevera que estas iniciativas no lograrán el cese de las violaciones de derechos humanos, pero sientan las bases para que los responsables sean juzgados y reciban las penas que les corresponden.
Hay 181 personas presas políticas confirmadas, ratifica el suplemento, tomando como fuente el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas; 171 han sido encarceladas a raíz del 2018, 126 permanecen en el sistema penitenciario y 30 en El Chipote, sometidas a aislamiento y tortura.
Se plantea que uno de los retos más importantes es acabar con la cultura jerárquica, patriarcal y autoritaria. Para lo cual se asigna mayor responsabilidad «a los liderazgos políticos de la oposición, pues en muchos perviven rasgos de la cultura política autoritaria que obstaculiza los esfuerzos de unidad, diálogo y construcción de consenso» condiciones necesarias para enfrentar de manera coherente a la dictadura.
Abril, a criterio de Perspectivas, es «una oportunidad para construir unas sociedad democrática, solidaria y con justicia para todos».
Para cerrar el primer capítulo de análisis, Perspectivas, precisa que «en el cuarto aniversario de la insurrección de abril es hora de avanzar firmemente en la dirección correcta: la dirección de la justicia, las libertades y la democracia de Nicaragua».
Un segundo capítulo, se dedica a analizar los giros políticos en Centroamérica, los cuales califica de peligrosos, e incluye una breve síntesis de cómo se usa la tecnologías de la comunicación para difundir mensajes populistas entre poblaciones ansiosas de certidumbres; y las promesas de soluciones “expertas” en las competencias políticas electorales.
