Redacción AP En Nicaragua desde 2018 a la fecha, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mandado a cancelar personerías jurídicas de más de tres mil organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones estaban dedicadas a diversas actividades, muchas suplían la ausencia del Estado en diferentes territorios, satisfacían necesidades de grupos de población, hasta ayudarles a mejorar sus condiciones o les daban a conocer sus derechos.
Las clausuras han intentado ser justificadas bajo el argumento que las organizaciones han incumplido la ley, haciéndoles pasar por una situación humillante, intentando “reprenderles” a veces de forma satírica u ofensiva.
Se ha expropiado y usurpado muchos bienes muebles e inmuebles de las organizaciones. El régimen dictatorial ha utilizado las instituciones del Estado, las leyes y sus reformas, para despojarlas de sus bienes de 20, 30 años, y quizás más, para dizque “favorecer” a instituciones estatales.
Un ejemplo de tal arbitrariedad fue el robo que hicieron al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, de sus oficinas. En marzo de 2021, en uno de los locales la dictadura abrió un centro de atención para personas con adicción y/o drogadicción, del Ministerio de Salud, MINSA, el cual mantiene sus puertas abiertas pero hay poco movimiento de personas.
Ya un mes antes la Ministra-Asesora del Presidente de la República para Asuntos del SILAIS–Managua, Carolina Dávila, había “estrenado” otro centro de características similares nombrado “Valentín Méndez”, luego del asalto a la sede del Canal 100% Noticias, donde manifestó que desarrollarían “actividades de promoción de salud, además de actividades físicas para jóvenes y adultos en riesgo” dijo Dávila.
En el otro local propiedad de CISAS, el régimen instaló en 2023 un puesto de salud, también del MINSA.
CISAS tiene 35 años de promover la salud y el bienestar de personas de todas las edades. Es conocida por su programa Niño a Niño. También por el impulso del Movimiento de Salud de los Pueblos, el cual arribó ya a 23 años y donde han convergido personas de diversos países, para quienes la salud debe ser como el aire, que cada quien pueda tener lo que necesite, ni se compre ni se venda, no sea una mercancía, sino un derecho.
La cancelación de la personería de CISAS, data de diciembre 2018. Su directora, Ana Quirós Víquez, fue expulsada de Nicaragua el 16 de noviembre de 2018, cuatro días después fue desnacionalizada; y vivió una segunda desnacionalización el 15 de febrero de 2023, al ser incluida -se desconoce si por “error”- en el lista de 94 nicaragüenses declaradas apátridas arbitrariamente.
Casi en paralelo, en diciembre 2018, la policía, sin orden judicial y mucha violencia, entró a las oficinas de la Fundación Popol Na, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE). En los dos primeros locales, rompieron portones, candados, y parte del techo. Se llevaron lo que quisieron.
También se tomaron el local del Instituto de Liderazgo de Las Segovia, ubicado en Mozonte. el cual luego dieron a al Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), quien en 2021, inauguró una sucursal de la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM),
Posteriormente, las amplias oficinas el IPADE, fueros convertidas en el Centro Nacional de Diabetología “Porfirio García”, y el edificio del ambientalista Centro Humboldt, fue transformada por la dictadura en el “Centro de Atención de Mujeres Ligia Altamirano”.
La Corriente en la fila de usurpaciones
El Programa Feminista La Corriente también fue despojado de su personería y sus instalaciones fueron arrasadas con acciones violentas de la fuerza policial, así la dictadura se apoderó de las mismas.
La gente recuerda que ahí quedaba el restaurante salvadoreño El Cipitío. El lugar estaba un poco cambiado, se habían hecho varias reparaciones a su infraestructura, explicó María Teresa Blandón, feminista nicaragüense y directora de La Corriente, quien fuera impedida de ingresar al país por órdenes dictatoriales.
La Corriente lleva 28 años defendiendo derechos humanos y ciudadanos de las centroamericanas. Fue fundado a inicios de 1994 y obtuvo su personería a finales de 1995. Este programa feminista ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de los movimientos de mujeres en Centroamérica, construyendo agendas de sus necesidades, aspiraciones y demandas, aportando a la construcción de nuevos paradigmas emancipatorios, y ha promovido la participación de las mujeres en el espacio público, sustantiva de la construcción democrática.
También ha facilitado el estudio de la teoría feminista, la investigación, la formación de mujeres y jóvenes líderes y la promoción de alianzas entre movimientos para favorecer la acción colectiva y la capacidad de influir en espacios sociales y del Estado.
En el local de La Corriente funcionaba asimismo la Biblioteca Feminista La Malinche, a la cual asistían universitarios de ambos sexos, investigadoras y activistas feministas.
Luego del asalto de la organización feminista, el régimen Ortega-Murillo, por medio de la Alcaldía de Managua, puso en marcha una academia de baile “inaugurada» por el vicealcalde de Managua Enrique Armas. Al redactar este artículo comprobamos que se imparte clases de zumba.
La academia fue denominada Centro Cultural Alejandro Cuadra, quien fuera bailarán y coreógrafo, originario de Masaya, otrora director del Ballet Folklórico Macehualt y de la Compañía Nacional de Danza. Cuadra representó al país en más de 30 escenarios del mundo.
La Corriente produjo una campaña que analizó el uso que el Gobierno de turno hacía de la fe cristiana, que profesa la mayoría de la sociedad, para ganar adeptos, evitar conflictos con líderes religiosos o comprar su silencio frente a la violación sistemática de derechos humanos.
En el contexto de dicha campaña se reflexionó acerca de los fundamentalismos religiosos, cómo se construyen y cuáles son sus consecuencias en las decisiones de las personas. También se conocieron otras miradas de la espiritualidad, que permitieran mayor comprensión de los dilemas personales y colectivos que las y los creyentes deben asumir en contextos adversos.
Los ejes de la campaña fueron: a) La relación entre fanatismo religioso y poder, evidenciando cómo los poderes políticos usan un discurso “religioso” como recurso para sostenerse en el poder; b) Cuestionar la resignación y el acomodamiento de muchas personas cristianas, que dejan todo a Dios como pretexto para no hacerse cargo de sus responsabilidades ante problemas personales, familiares y sociales; y c) Denunciar comportamientos abusivos de fanáticos religiosos que intentan imponer sus creencias y negar derechos a quienes piensan diferente.
El medio de comunicación Confidencial también
El medio de comunicación Confidencial fue asimismo víctima de las ilegales cancelaciones jurídicas y de los robos de bienes inmuebles a las organizaciones civiles. Sus instalaciones fueron ilegalmente confiscadas desde el año 2018.
Tres años después, 2021, en las oficinas de este medio ahora en formato digital, fue instalada una casa materna del MINSA, con el nombre de Camila López. En las instalaciones robadas, ahora pintadas de color rosa chicha el preferido de la vicepresidenta Murillo, destaca un rótulo con la imagen de la pareja de dictadores.
El periodismo independiente, como Confidencial, se ha visto obligado a ejercer su labor en medio de nuevas formas de criminalización y de perjuicio a sus instalaciones. La dictadura ha querido imponer el silencio sin lograrlo. Confidencial no abdica pese al allanamiento policial, se ha visto obligado al exilio para evitar la cárcel y seguir informando.
Incautaciones en diversos territorios
El Grupo Venancia funcionaba en el barrio Guanuca, en Matagalpa, en el noroeste de Nicaragua. La dictadura Ortega-Murillo, además de borrar los murales pintados en su exterior, estableció en el local oficinas del Programa Alimentario Hambre Cero, parte de su política social. Irónicamente, Las Venancia habían analizado el impacto de dicho programa en las mujeres rurales.
El estudio “¿Ciudadanía cero? El “Hambre cero” y el empoderamiento de las mujeres. Los casos de Matiguás, Muy Muy y Río Blanco” fue realizado en 2010 en esos municipios de Matagalpa, los cuales según el censo de población de 2005, reunían 86,622 personas, la mayoría rural.
Hasta julio 2010, el bono se había entregado a 250 mujeres en Matiguás y en Muy Muy. En Río Blanco, dado que unas comunidades tenían el proyecto Economía de Patio, con 350 beneficiarias, solo se agregó a 100 mujeres. Entre julio y agosto 2010, Venancia consultó a 48 mujeres y a 20 actores claves. Todas las personas provenían de los municipios citados.
Se revisó información para analizar cómo se había ideado Hambre Cero, pero faltaban documentos oficiales. A inicios de 2008, en internet estaba el documento “Programa para combatir la pobreza y alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria” sin fecha ni autoría. Ya no está disponible. Las únicas fuentes oficiales al alcance de las investigadoras fueron un documento del MAGFOR y el sitio web de esa entidad.
También se examinaron las nuevas políticas sociales y de género en América Latina. Hambre Cero responde a esa lógica. Sus beneficiarias están en función de ser madres y porque se las considera mejores administradoras. Para ser receptora debían firmar una carta-compromiso que obligaba a capacitaciones y a ahorrar el 20% del valor del bono recibido. Estas características hicieron relevante su estudio tomando en cuenta las nuevas políticas sociales y de género.
El sitio web del MAGFOR, en septiembre 2010, señalaba que Hambre Cero tenía por objetivo principal “la capitalización a las familias empobrecidas para que de acuerdo a sus posibilidades generen ingresos que los saquen de la pobreza. La entrega de vaquillas y cerdas preñadas, aves de corral, así como semillas y material vegetativo, lo convierte en un programa que contribuye a sentar bases sostenibles para la seguridad y soberanía alimentaria del país.”
Aunque la misma institución en 2008 había definido como objetivo del programa “Erradicar el hambre, la desnutrición crónica, la pobreza extrema y el desempleo en 75 mil familias rurales pobres, mediante el incremento cuantitativo y cualitativo de la producción y el consumo de alimentos proteicos, favoreciendo a la vez la sustitución del consumo de leña por biogás”, y añadía como objetivos específicos la capitalización, capacitación y organización de 75 mil familias como meta inicial, pero paulatinamente fue aumentada a cien mil, según el estudio.
El enfoque de género se concebía orientado a la propiedad de las mujeres y el trabajo familiar, (MAGFOR 2008). La economista Clara Murguialday advertía del mal uso que muchas veces se ha hecho de este concepto desde políticas de desarrollo que incluyen el empoderamiento de las mujeres no como un objetivo en sí mismo, sino como instrumento para alcanzar otras metas a las que se da mayor prioridad, señala el estudio.
El bono consistía en una vaca preñada, una cerda cubierta, un gallo, cinco gallinas, materiales de construcción para corrales y porquerizas, cinco plantas frutales y cinco forestales, tubérculos, hortalizas, asistencia técnica periódica y capacitaciones, con un valor estimado de 1,500 dólares para las regiones Pacífico y Central, y de 2,000 para el Caribe. Pese a ese costo, un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEEPP, de 2008, el programa Hambre Cero representó en 2007 el 1.3% del gasto en pobreza y en el 2008 el 2.2.
Predominaba la lógica familista en el discurso de informantes clave y de las beneficiarias. Se entendía que dar el bono a mujeres era garantía de bienestar para la familia, ya que ellas son mejores administradoras y más económicas. Además, son quienes ven por los hijos o se preocupan porque tengan las necesidades satisfechas. Así lo explican dos beneficiarias:
“Los padres agarran lo que tienen, lo venden, se lo disfrutan con otras mujeres, se lo toman, y en la casa las que estamos viendo las necesidades de los hijos somos nosotras. Ellos no saben si los hijos comen, beben, a ellos no les importa eso y quienes miramos las necesidades de nuestros hijos somos nosotras.”
“Claro que el varón es el que trabaja, y es la mayor fuerza de la casa. Pero en responsabilidades no es el varón. Somos nosotras las de las responsabilidades. Creo que por eso es que somos tomadas en cuenta en este bono.”
Hambre Cero no cuestiona la división sexual del trabajo, más bien se apoyaba en la misma para su “éxito”. Este razonamiento ha predominado en las nuevas políticas sociales, en las cuales se incluye a las mujeres como “conductos de políticas” refieren las Venancia. Esto queda claro en las palabras de un trabajador del MAGFOR: “con entregar el bono a las mujeres se beneficia a los niños y a los nietos”.
No obstante, un delegado de la entidad, dijo que las mujeres habían sido marginadas del manejo de la economía de la casa y que el Gobierno ponía el dedo en la llaga al darles poder económico. Que en la cultura e idiosincrasia rural es el hombre quien tiene recursos y “las mujeres cuando tienen problemas con el hombre agarran sus chigüines, se los llevan y no se quedan con nada, y el hombre tranquilo, se mete con otra y punto”. Pero este tipo de discurso no se encontró entre las beneficiarias. No mencionaron ni equidad de género ni empoderamiento como justificación para ser receptoras de Hambre Cero, lo que una vez más confirma que las capacitaciones no incluyeron enfoque de género.
Para otro técnico, el bono es idea de la vicepresidenta Murillo y el objetivo fue “no dárselo al varón, porque es más irresponsable, siempre deja a la mujer sin bienes y se va a tomar licor, a la vagancia y puede deshacer el bien, venderlo y entregar malas cuentas”.
Que este argumento se repita en casi todas las narrativas de por qué se beneficiaba directamente a mujeres, según el estudio, hace pensar que se usó como parte del discurso oficial cuando se iba a presentar el programa en los municipios. Esto ayuda a ver a los hombres como irresponsables y a no revertir la irresponsabilidad paterna, tomándola como un hecho, dejando el bienestar familiar a las mujeres. Se re-tradicionaliza la familia, marginaliza a los hombres de lo doméstico y de las responsabilidades de cuido, reforzando el estereotipo de bebedores, malgastadores e irresponsables, justificando que no se esfuercen por cambiar, agrega la investigación.
Los hombres no se habían tomado mal que el bono fuera a su nombre, según las beneficiadas. Esto contrastaba con lo dicho por trabajadores del MAGFOR y otros informantes, quienes hablaron de la reticencia de hombres para aceptar que fueran las mujeres las beneficiarias directas. En algunos casos las y los técnicos tuvieron que ir a hablar con quienes estaban dando problemas. En otros, se acercaron a los esposos para “pedir permiso” y que las mujeres pudieran ser beneficiarias.
Algunos hombres siguieron participando en capacitaciones, encargados de “lidiar” con el ganado, pero el programa daba toda la responsabilidad a las mujeres, quienes debían pagar el 20% de ahorro, asistir a reuniones y recibir al técnico. No había ni un componente para conseguir “un nuevo comportamiento social del hombre en el hogar” como plantea el documento del MAGFOR 2008.
El estudio comparte lo expresado en “El derecho a la alimentación y la lucha para combatir el hambre en Nicaragua, 2008. FIAN Internacional, Heidelberg” donde se señala que para el empoderamiento de las mujeres “no es suficiente entregar animales como sus bienes. Se recomienda integrar el tema de género de tal forma que toda la familia se concientice para tener éxito. En este contexto hay que vigilar que la entrega del bono no signifique una carga de trabajo adicional para la mujer beneficiada”.
Hambre Cero necesita incorporar a los hombres para que pueda ocurrir un “nuevo comportamiento social”. La consecuencia perversa es que al final, el Estado “termina haciendo a las mujeres responsables de arreglar las desigualdades de género, de las que ellas mismas son las principales víctimas” señalan las autoras.
No sólo no se ha trabajado un cambio de comportamiento de los hombres, si no que se ha reforzado su rol como “cabeza del hogar” dándole poder de decisión sobre los compromisos de las mujeres, afirma el estudio.
Una beneficiaria de Río Blanco supo que lo era hasta un año más tarde. En una reunión se dijo que las mujeres tenían que llegar y el marido le comunicó que el bono era para ella. Una situación más generalizada fue el de mujeres que tenían, y siguen teniendo, problemas para ir a reuniones.
La entrada del bono para la mayoría de familias no supuso ninguna ruptura con la división sexual del trabajo. Pero las mujeres dijeron que su situación económica ha mejorado ligeramente. Ha significado mejora en su autoestima, ahora tienen “algo” y les da seguridad económica y poder de decisión en relación a sus parejas.
Aunque varios elementos matizan la capacidad de Hambre Cero de promover el empoderamiento. El limitado acceso a la tierra es el mayor obstáculo para la atribución de poder económico. Por sus características, el programa no ha dado respuesta a las más empobrecidas, sin tierra a su nombre, ni acceso a la misma. Tampoco se ha promovido que las familias beneficiarias tuvieran tierra por lo menos a nombre de la pareja. Esto es de gran importancia si se quiere trabajar a favor del empoderamiento de las campesinas.
Al finalizar el estudio, al Grupo Venancia le preocupaba que Hambre Cero se implemente en un contexto donde el abandono de la población es tal que se ha ido socavando la ciudadanía, tierra fértil para el cultivo del clientelismo. Además, políticas como el bono alimentario son un doble filo para el empoderamiento de las mujeres, sobretodo en contextos donde se hace uso claro del clientelismo, la fuerte polarización política como la existente en Nicaragua, lo que puede representar un gran retroceso en la ciudadanía de las mujeres.
Puede ser que las condiciones materiales de las mujeres mejoren, pero a costa de reforzar su rol como cuidadoras del hogar y transformarlas en clientas obedientes del gobierno. Seguir apostando desde el movimiento de mujeres por construir una cultura de ciudadanía sobre esta base de clientelismo va a ser un gran reto que deja “Hambre Cero”.,
Las Venancia realizaban diversos tipos de investigaciones, campañas referidas a los derechos de las mujeres y contaban con un Observatorio de Femicidios, publicando un boletín al respecto. Además, daban acompañamiento y alojamiento a víctimas de violencia machista cuando fuese necesario y a otras mujeres cuyas casas estaban ubicadas en comunidades lejanas.
El Grupo Venancia era un espacio cultural feminista, único en su género, contaba con un espacio para el encuentro, la recreación y la promoción de diversas expresiones artísticas, y era un lugar seguro y confiable para que chavalas y chavalos plantearan sus dudas sobre sexualidad, particularmente.
Venancia se definía como organización de Educación y Comunicación Popular Feminista. Sus integrantes eran activas en la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, donde participaban mujeres de diversos municipios de Matagalpa.
En Agenda Propia consultamos a tres jóvenes del área rural de Matagalpa, integrantes de la Red de Mujeres del Norte quienes señalan:
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El pasado mes de mayo circuló una carta pública firmada por Maria, que puede ser cualquiera nicaragüense, denunciando a la ministra de la Mujer, Jessica Yaoska Padilla Leiva, por la “inauguración” de un bien robado para asignarlo en este caso a otras mujeres. ¿Hasta cuándo la dictadura Ortega-Murillo seguirá entregando bienes que no le pertenecen?
