Redacción AP La periodista y directora de Agenda Propia Patricia Orozco, despatriada por el régimen de Ortega y Murillo, y cuyos bienes fueron usurpados por la dictadura, ha recibido este miércoles la nacionalidad española. Orozco se encontraba dentro del procedimiento extraordinario que el ejecutivo español ha implementado después de conocerse, el pasado mes de febrero, la desnacionalización de los 222 ex presos políticos que el régimen expulsó del país y de otro grupo de 94 personas opositoras, entre las que se encontraba la periodista.
Junto a Patricia Orozco el Boletín Oficial del Estado de España publica el nombre de las personas que faltaban por recibir la nacionalidad dentro de este procedimiento y que lo habían solicitado. Entre otros, conforman el listado de nombres que desde hoy son reconocidos como españoles, el arzobispo auxiliar de Managua Silvio Báez, los también periodistas Sofía Montenegro y Wilfredo Miranda, la presidenta de Unamos Suyén Barahona, la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano y su hija, la abogada y ambientalista Mónica López Baltodano, así hasta completar las 29 personas que faltaban desde que el pasado 12 de mayo se otorgara la nacionalidad al primer grupo. En total, España ha nacionalizado a casi ochenta nicaragüenses a los que la dictadura Ortega y Murillo convirtió en apátridas. Entre otros reconocidos opositores al régimen criminal orteguista, entre los nacionalizados por el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentran Dora María Téllez, Cristiana Chamorro, Carlos Fernando Chamorro, Lesther Alemán y Ana Margarita Vigil.
El gobierno español fue el primero de una lista a la que luego se sumaron otros ejecutivos como los de México, Chile, Colombia, Argentina o Brasil en ofrecer la nacionalidad a las personas opositoras represaliadas por la dictadura. Nicaragua, paradójicamente, manda al exilio y desnacionaliza a algunas de sus personas más valiosas mientras otorga nacionalidad y protección a delincuentes internacionales como los ex presidentes de El Salvador Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, prófugos de la justicia en su país por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. También al guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, señalado por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala de estafar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; así como los hondureños miembros del ejecutivo del expresidente Juan Orlando Hernández Eval Jair Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, investigados igualmente por corrupción.
Patricia Orozco ha sido una de las voces opositoras más beligerantes y reconocibles contra el régimen de Ortega y Murillo mucho antes del comienzo de la espiral de violencia y crímenes de lesa humanidad que la pareja de dictadores comenzó a perpetrar en abril de 2018.
Desde distintos ámbitos de lucha, en el movimiento feminista y desde el periodismo, Orozco lleva años denunciando las arbitrariedades y abusos de un régimen que la convirtió en uno de sus blancos. Hace dos años, en junio de 2021, fue citada por la Fiscalía dentro del proceso que la dictadura inventó contra la Fundación Violeta Chamorro. En su comparecencia, según ella misma relató a la salida, se produjeron varios momentos de gran tensión al encarar al fiscal sin amedrentarse lo que provocó que el funcionario del régimen, según palabras de la periodista a su salida del Ministerio Público, “botara la gorra” porque “no están acostumbrados a que la gente les diga la verdad en su cara”. En estas declaraciones públicas ante sus colegas Orozco también desafió a la dictadura cuando, al ser preguntada si tenía algún mensaje para Ortega, ella contestó “¿quién es Ortega?”.
A la segunda citación que le realizó la dictadura, tras la que con mucha probabilidad habría acabado en sus mazmorras, Orozco ya no acudió. Había salido al exilio por punto ciego. El régimen la convirtió también en una de las primeras personas opositoras en ser usurpadas de sus bienes. Le arrebataron su casa de habitación por más de 36 años precisamente en El Carmen, prácticamente muro con muro de la residencia de la pareja criminal Ortega Murillo. Patricia Orozco, además, ha sido desposeída de manera ilegal de la pensión que recibía para la que había cotizado durante toda su trayectoria profesional en el país.
Desde enero de 2022 reside en España, donde solicitó asilo político. En este tiempo, Orozco no ha dejado de hacer lo que siempre ha sabido hacer con maestría, ejercer un periodismo crítico y comprometido al frente del medio digital Agenda Propia, fundado por ella tras más de 20 años al frente de Onda Local. Su trabajo ha sido premiado en España con varios reconocimientos como el prestigioso Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, que recogió en la ciudad andaluza de Córdoba en abril de 2022 y, más recientemente, el Premio a la Libertad de Expresión en los Premios Avuelapluma 2023, en la ciudad extremeña de Cáceres.
