Redacción AP Custodiado por alguaciles estadounidenses, en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, California, aterrizó este domingo el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) extraditado desde el país norteamericano para enfrentar las acusaciones de corrupción que pesan sobre él en su país.
Toledo una vez que pisó suelo peruano, fue recluido en la cárcel limeña de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir prisión preventiva por 18 meses, a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue quien se encargó del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rimac, hasta la prisión ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.
En un comunicado, el INPE ha explicado que la junta técnica de clasificación determinó que Toledo sea enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, conforme a una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El diario británico BBC detalla que Toledo «fue sometido a un reconocimiento médico para verificar su condición física y luego fue trasladado, en helicóptero, a los juzgados para verificar su identidad, informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter«.
En 2017, el Juez Richard Concepción Carhuancho dictó una orden preventiva contra Toledo, por cobrar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de construcción de la Carretera Interoceánica, que conecta la costa atlántica brasileña con el Pacífico peruano.
Según el Ministerio Púbico de ese país, el exmandatario cobró US$ 25 millones en coimas. En 2015 fue acusado de lavado de activos por la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra, valorados en unos US$ 4,5 millones, con fondos presuntamente no declarados. Estas adquisiciones se realizaron, según la Fiscalía de ese país, a través de una empresa «fantasma» creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva.
En noviembre de 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, aseguró a la Fiscalía peruana que la constructora le pagó US$20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El dinero habría sido transferido a cuentas offshore del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo en ese entonces y luego colaborador de la Fiscalía. Maiman, en declaraciones a fiscales citadas por medios peruanos, afirmó haber recibido hasta US$35 millones como sobornos para Toledo.
Los presuntos sobornos fueron parte de un paquete de coimas a mandatarios y funcionarios latinoamericanos que ejecutivos de la constructora reconoció ante las autoridades judiciales estadounidenses. Cifraron los pagos en cerca de US$ 788 millones.
El expresidente Toledo fue inicialmente encarcelado en un penal de San Diego y liberado por motivos de salud, a la espera que se resolviera el proceso. En su última entrevista, cuando ya se conocía su inminente extradición, Toledo pidió a las autoridades judiciales de Perú que en lugar de encarcelarlo se le impusiera arresto domiciliario: «No me maten en la cárcel; déjenme luchar con nuestros argumentos», reclamó.
Con información de BBC Mundo
