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Redacción AP
La dictadura Ortega-Murillo asestó otro golpe a las Organizaciones de la Sociedad Civil, esta vez el Ministerio de Gobernación por medio de dos resoluciones administrativas canceló la mañana de este viernes a 17 organizaciones internacionales que trabajaban en Nicaragua, por “no registrarse como Agentes Extranjeros”.
El régimen señala a las organizaciones de incumplir con la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la Ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro.
La cancelación se dio por medio de un proceso administrativo, emitiendo dos resoluciones que publica este viernes en La Gaceta, Diario Oficial.
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La primera fue del 23 de mayo de 2022 en la que cancela a Empowerment lnternational, INC, originario de Estados Unidos; Farmacéuticos Mundi, originario de España; Proyecto Minnesota-León, originario de Estados Unidos; Project Chacocente, USA, INC, originario de Estados Unidos; Nicaraguan Humanitarian and Development Foundation, INC (Develop), originario de Estados Unidos; Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelin gsorganisatie (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo), originario de Holanda; y Nuevas Esperanzas UK, originario de Reino Unido.
En una segunda resolución administrativa emitida un día después se agregan diez más entre ellas tres de España, una de Alemania, otra de Italia e Inglaterra y cuatro de Estados Unidos. Una de las organizaciones ilegalizadas es Médicos del Mundo, una organización española que trabajaba en el acompañamiento a víctimas de violencia, así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en zonas rurales del país.
Médicos del Mundo, al igual que otras organizaciones internacionales ilegalizadas venían trabajando con instituciones de la dictadura, relaciones que fueron terminadas tras el estallido de la crisis social y política de abril 2018. «Acompañamos al Ministerio de Salud, al Ministerio Público e incluso a gobiernos municipales, una cooperación que dejó de llegar a las familias mas vulnerables del país debido a las malas decisiones del gobierno» dijo una fuente que trabajó para este organismo internacional.
Los organismos ilegalizados en un plazo de 72 horas deberán entregar todos los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables (Diario y Mayor), libro de actas y libro de registro de miembros, que fueron autorizados por esta autoridad para su resguardo», señala el artículo 3 de dicha resolución ministerial.
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