Redacción AP El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) estableció para que investigara por un período de un año las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos desde abril de 2018, a fin de contribuir a la rendición de cuentas y a el acceso a la justicia para las víctimas, concluyó que Daniel Ortega, Rosario Murillo, agentes de la policía, funcionariado del Estado y actores no estatales, «han realizado, y continúan realizando, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense».
En el informe presentado este 2 de marzo, el GRHEN detalla que se han realizado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión.
«Dichas violaciones y abusos, constituyen un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, a través de una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y que, además de haber resultado en la destrucción del espacio cívico y democrático en Nicaragua, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad».
La policía y paramilitares actuaron de forma conjunta y coordinada en la masacre. Tras investigar 40 muertes en el contexto de protestas, el GHREN determinó que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales. A fin de corroborar los patrones identificados en los casos investigados, examinó otras 75 muertes en el contexto de las protestas de 2018; por lo que el GHREN «tiene motivos razonables para creer que los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio nacional», se especifica en el documento.
Los expertos aclararon que se requieren investigaciones adicionales, para determinar responsabilidades individuales de los perpetradores incluyendo en las estructuras de mando. Sobre la participación del Ejército en los actos represivos, los especialistas aseguran que se requiere una investigación adicional.
Juan Carlos Arce del Colectivo Nicaragua Nunca + y de la delegación que representa a la Coalición Nicaragua Lucha, manifestó que «es un informe que confirma las sistemáticas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua, confirma también como se desmanteló y se usaron las instituciones del Estado para perseguir, para torturar, para cometer violaciones de derechos humanos que en el marco del derecho internacional son crímenes de lesa humanidad».
El Grupo investigó 142 casos, hablaron con familiares, víctimas, exfuncionarios, testigos de las violaciones, y analizaron videos, fotografías, redes sociales, para determinar “la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
El informe ampliado contiene recomendaciones detalladas sobre las medidas que deberían adoptarse por el Estado de Nicaragua y la comunidad internacional, con el fin de hacer frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados. El GHREN sugiriere a los gobiernos y organismos multilaterales que, en las negociaciones de proyectos de cooperación, prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de derechos humanos.
Según el Grupo de Expertos, entre junio y diciembre de 2022, el GHREN envió 11 cartas a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, no recibió respuesta alguna.
La dictadura orteguista envió una comunicación al Presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022, con copia al Secretario General de las Naciones Unidas, desconociendo el mandato del GHREN.
En junio de ese mismo año, el régimen rechazó de forma rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022, alegando que la Comisión es “parcial y sesgada, porque representa un ataque contra Nicaragua, alineado a los intereses de Estados Unidos”.
Los integrantes del Grupo de Expertos Independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y especialistas en Derecho Penal: Jan-Michael Simon, Ángela María Buitrago y Alexandro Álvarez.
