Tamara Morales Orozco La violencia es el instrumento utilizado para el despojo de las tierras indígenas para la explotación minera, forestal, maderera, pecuaria con fuerte presencia de negocios ganaderos, es lo que se concluye del primer informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que presentaron comunidades y organizaciones de la Muskitia Norte nicaragüense este martes 21 de octubre.
La investigación analizó 1291 hechos de violaciones entre marzo 2022 y septiembre 2023 en la Muskitia Norte los cuales están orientados al despojo de sus tierras. Los registros de mayores hechos de violencia se ubican en el territorio indígena de Li Lammi seguido por Wagki Twi Tasba Raya, Li Aubra y el territorio indígena Mayangna Sauni As.
Las organizaciones comunitarias señalan que «para lograr este objetivo, se utilizan diversas estrategias violentas, que incluyen aspectos culturales, simbólicos, psicológicos, políticos y de género». Por otro lado, señalan que existe presencia armada paramilitar que acompaña cada hecho violento, pasando fácilmente de la amenaza a la ejecución, lo que deja como resultado heridos, asesinados y desplazados para desposeerles de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas.
En el informe se mencionan varios casos que ilustran las amenazas constantes que enfrentan las comunidades indígenas. Las amenazas van desde la usurpación ilegal de tierras comunales, actos de violencia dirigidos hacia líderes y defensores de los derechos de la tierra hasta presiones coercitivas para permitir la invasión de sus territorios. Además, «existe falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades ha dejado a estas comunidades en un estado de vulnerabilidad y desprotección», detallan.
Los perpetradores
Se concentran en cuatro grupos: Terceros armados (colonos), autoridades de las alcaldías principalmente la de Waspán, Policía Nacional y Ejército, Consejos de Liderazgos Sandinistas y autoridades comunales impuestas o cooptadas.
En primera línea se encuentran los colonos, que en su mayoría provienen de diferentes regiones del país del pacífico, centro y norte del país. «Estas personas, por lo general empobrecidas, buscan asegurarse un medio de subsistencia a cualquier costo, lo que a su vez propicia que sean impulsados por otros actores con mayores recursos a realizar la tarea de expropiación violenta del territorio», explican las organizaciones.
Un segundo nivel de responsabilidad la tienen las autoridades regionales y municipales que velan por los intereses del Estado y las élites económicas. El Observatorio también menciona que han cooptado a líderes indígenas para «garantizar colaboración en la expropiación territorial, como también simbólicamente funcionen para darle sustento al relato de conflictos interétnicos».
En un tercer escalafón de quienes ejercen la violencia en las comunidades, se encuentran políticos, grandes empresarios y grupos económicos que se benefician de la explotación de los recursos naturales de la región, «muchas veces actúan en connivencia con las autoridades políticas y con grupos armados para conseguir sus objetivos de acumulación de capital». Las organizaciones observan que existe complicidad entre los intereses económicos y políticos en la región, en detrimento de los derechos y la vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Detallan que es fundamental identificar y sancionar a los responsables, por lo que es necesario profundizar en el entramado de actores económicos, sociales y políticos con intereses económicos que se benefician
Formas de violencia
El 41% de las denuncias registradas por la entidad, se relacionan con el uso de la fuerza y la coerción, cometidas contra defensores, autoridades comunitarias e indígenas. Los actos de violencia se producen cuando se dan las invasiones de tierras por parte de colonos e incluso se ven involucradas autoridades indígenas impuestas por el gobierno regional y central. «Las violaciones son hechos que van desde amenazas, asedios y hostigamientos armados, hasta actos contra la integridad física de las personas, que causan lesiones y muerte, como destrucción de los bienes de los comunitarios. Los hechos violentos reportados, han dejado como saldo 35 personas asesinadas», detallan.
Un 31% de las denuncias registradas se refieren las violaciones de los derechos territoriales como la venta ilegal de tierras, la emisión de avales ilegales así como invasiones y ocupaciones ilegales implican a autoridades indígenas impuestas, colonos y autoridades de los gobiernos regionales, se ultima en el documento.
Por otro lado, el 21% de las denuncias se centran en violaciones a los derechos de autodeterminación, autogobierno y administración de los asuntos internos de los pueblos indígenas, alcanzando «la imposición de líderes y la interferencia en las decisiones autónomas de las comunidades, así como la aplicación de decisiones arbitrarias que violan el derecho al consentimiento previo, libre e informado». Los actores de estas violaciones incluyen instituciones estatales, el gobierno central y los gobiernos regionales.
Un 4% -un porcentaje pequeño- de las denuncias se refiere a la criminalización de defensores de la tierra y los derechos humanos. Estas personas sufren amenazas, lesiones, ataques; la criminalización incluye la estigmatización, amenazas, persecución policial y la presentación de denuncias falsas, la que no solo busca deslegitimar la labor de éstos, sino también intimidar y desmovilizar a las comunidades que defienden, describen el documento. Lo que se busca es debilitar la capacidad de resistencia y de organización de los pueblos indígenas y afrodescendientes frente a la desposesión territorial y a la violencia.
El informe del Observatorio ha recopilado un 3% de denuncias relacionadas con la violencia de género, señalan que no se da visibilidad a estas denuncias ni diferenciación entre casos producto de los procesos de colonización y los arraigados en la cultura patriarcal interna. Por lo que la impunidad prevalece en casos de violaciones a los derechos territoriales también perpetúa la violencia de género.
La Muskitia Norte cuenta con valiosos recursos naturales, como lagunas, cerros montañosos y áreas boscosas adecuadas para la agricultura, la caza y la pesca que en los últimos años, han sido destruidos y explotados lo que ha significado la pérdida masiva de animales silvestres y sus hábitats.
La defensa y protección de los derechos de propiedad de la tierra de estas comunidades ha sido un tema transversal a lo largo de su propia historia, marcando un continuo
esfuerzo en la búsqueda de justicia y equidad para los pueblos indígenas. Esta lucha no solo refleja los desafíos y adversidades que enfrentan, sino también la firme determinación de preservar sus tradiciones, culturas y modos de vida únicos.
A pesar de las bases legales y constitucionales destinadas a proteger los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, las violaciones persisten dado que la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo en connivencia con las grandes empresas no detienen las invasiones. «Hasta ahora, el Estado no ha proporcionado pruebas creíbles ni garantías que demuestren su voluntad política.
En el informe se ultima que el Estado de Nicaragua lejos de implementar políticas públicas adecuadas para abordar de manera efectiva el problemas de las invasiones, se demuestra «cómo, a través de la impunidad, la imposición de autoridades y la criminalización de la defensa de las comunidades, el Estado lleva una responsabilidad directa e indirecta en la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas».
