Los derechos humanos en América Latina se atacan a través de iniciativas legislativas, persecución política y ejecuciones extrajudiciales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un logro en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones, según explica Naciones Unidas.

En el documento de 30 artículos, se establece, los derechos humanos fundamentales que deben prevalecer y protegerse en el mundo entero. «La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional», versa en el preámbulo del mismo.

Han pasado 78 años desde que los Estados miembros optaran por impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se volvieran a repetir en cualquier parte del mundo. Por tal razón decidieron promover y proteger los derechos humanos y dar mayor sostenibilidad elaboraron un Código de Ética, Moral y Jurídico que permitiera someter a la justicia a los que violentan tales derechos, sean los abusadores representantes de los mismos Estados o personas en particular.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señala que en muchos países «se observan ataques a la independencia judicial, manifestándose a través de iniciativas legislativas para acortar anticipadamente el mandato de operadores de justicia, destituciones congresales mediante procesos sumarios y sin motivación, juicios políticos basados en figuras ambiguas, actos de acoso motivados por género u origen étnico-racial, traslados, reasignaciones de funciones sin fundamento, hostigamientos, amenazas, apertura de procesos penales y disciplinarios, así como detenciones arbitrarias en represalia por el actuar independiente en funciones jurisdiccionales”.

Mientras tanto, desde Washington, el organismo interamericano rechaza por ejemplo, la decisión de Perú que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Esto, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH.

El 4 de diciembre, “el Tribunal Constitucional del país ordenó la liberación inmediata de Alberto Fujimori, basándose en un indulto presidencial concedido en 2017 ‘por razones humanitarias’. El exmandatario venía cumpliendo una condena de 25 años desde el 2009 como autor mediato de la masacre de quince personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.

En 2022, la Corte IDH ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplieron las condiciones determinadas en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, señaló en un nota de prensa.

En Nicaragua, hay vulnerabilidad por los derechos humanos, muchas acciones distan de su irrespeto, según el analista económico Enrique Sáenz, hay “ejecuciones extrajudiciales, despojos de nacionalidad, prisión y condenas sin juicio, torturas, abusos sexuales, confiscaciones, cierre de organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y universidades, destierros, persecución religiosa en la conmemoración del día Internacional de Los derechos humanos”, señaló.

Foto: EFE