La dictadura Ortega-Murillo no cesa en su escalada represiva, Yonarqui Martínez, abogada y notoria pública de Nicaragua fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia, quien impuso a la defensora de derechos humanos la obligación de entregar sus títulos universitarios que la acreditan como profesional del Derecho, los protocolos de su trabajo, el sello y carné, según una circular firmada por el eterno secretario de la Corte, Rubén Montenegro Espinoza.
La resolución de los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ dice que “se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público, a partir de la notificación de la presente sentencia. Declárese nulo el título de abogado y notario público registrado ante este supremo tribunal”.
Martínez ha ejercido la profesión por diecisiete años, dedicando los últimos cinco a defender a personas presas políticas y ha sido víctima constante de acoso por operadores del régimen y de la policía orteguista.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó en 2018 medidas cautelares, a Yonarqui y a su familia, por su rol activo en la defensa de personas encarceladas, el régimen hace caso omiso y profundiza la persecución.
Sienten temor de ser detenidos
El veintiuno de marzo la policía orteguista ejecutó la detención de un abogado bajo la modalidad de delitos comunes, la denuncia fue realizada por abogados nicaragüenses ante el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos -CALIDH-, quienes externaron el miedo de ser detenidos en cualquier momento por el ejercicio de su profesión.
Agenda Propia, conversó bajo anonimato con un abogado sobre la resolución de los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial sobre la resolución de la abogada Martínez, quien dijo que “existe un nuevo patrón de represión que esta vez se va a dirigir contra los diferentes gremios profesionales y que están empezando por los abogados, con la finalidad de asegurar “lealtad” expresó.
El caso de Martínez es preocupante para el abogado y afirma que “debe de haber un seguimiento por parte de la sociedad civil, medios de comunicación y la comunidad internacional, sobre esta nueva forma de represión que está dirigida contra los abogados que ejercen en materia penal en Nicaragua”.
“No es un título lo que hace a un profesional del Derecho, sino el ejercicio real de la profesión. Para eso el Poder Judicial ‘que acaba de despojar de la acreditación de abogada a Yonarqui Martínez, tiene doctores sometido a órdenes de bachilleres y delincuentes iletrados», escribió en un tuit el exfuncionario judicial Yader Morazán.
Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia carece de validez por cuanto es una decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige.
“La referida suspensión es propio de la sistemática persecución y más que una sanción es un castigo contra Yonarqui por su calidad de defensora, además, dicho castigo se anuncia precisamente a pocos días de que ella abogara públicamente a favor de las decenas de personas recientemente privadas arbitrariamente de su libertad”, afirma el colectivo en un comunicado.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 