Redacción AP La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, y otros expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresaron recientemente una “gran inquietud” ante el riesgo al que está expuesta la vida de la defensora de derechos humanos del pueblo garífuna, Miriam Miranda.
Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), sufrió un atentado la madrugada del martes 19 de septiembre de 2023, cuando cuatro hombres armados de fusiles de asalto ingresaron a la comunidad garífuna de Vallecito en Colón, Caribe hondureño.
Lawlor, junto a otros relatores, enviaron una comunicación al Gobierno de ese país el pasado 13 de noviembre –bajo confidencialidad por 60 días– en la que lamentaron la “presunta recurrencia de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos”.
Las y los relatores de la ONU apuntaron que el ataque contra Miranda “podría considerarse un atentado por sus actividades pacíficas y legitimas de defensa de los derechos humanos y su rol como de coordinadora general de la Ofraneh, que buscaría amedrentar a la Sra. Miranda y tratar de disuadirla de continuar efectuando su labor como defensora de los derechos humanos”.
En respuesta, el Gobierno hondureño envió el oficio SEDH-0031-2024 en el que estableció las supuestas medidas urgentes adoptadas para garantizar la seguridad de Miranda tras el incidente. Entre estas se incluyó una serie de diligencias que habrían sido realizadas desde el Ministerio Público y que incluirían un oficio al director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La institucionalidad hondureña destacó como parte de las acciones, la realización de la sesión ordinaria del Comité Técnico del Mecanismo de Protección el 17 de octubre de 2023. En el documento gubernamental, obviando que la sesión estaba agendada para el 20 de septiembre y ante la ausencia de tres de las cuatro entidades que conforman el CTMP, fue cancelada.
Durante la presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo –representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)– señaló que más del 54% de las 453 víctimas de los 363 ataques registrados en 2023, corresponden a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El 31.5% de estos ataques fueron perpetrados contra personas y organizaciones integradas por indígenas y afrohondureños.
