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Redacción AP
En un esfuerzo colectivo 15 organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas y familiares presentaron de manera conjunta el Informe de la Verdad «Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad», que sistematiza y actualiza más de tres años de trabajo de apoyo a las víctimas y de documentación sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El documento registra y analiza las violaciones masivas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en Nicaragua. Asimismo, evidencia la criminalización de la protesta, la violencia institucional, la estigmatización, detención y enjuiciamiento de quienes son opositores al régimen de Ortega Murillo así como el hostigamiento a sus familiares.
También menciona los despidos arbitrarios de personas que se niegan a participar en actos políticos oficialistas, la violencia y amenaza contra periodistas, la agresión a quienes se manifiestan pacíficamente en contra del gobierno, el uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza; la persecución y amenazas y la impunidad como mecanismo de control judicial.
Vilma Núñez de Escorcia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos recordó que la concentración de poder de Daniel Ortega y la degradación del Estado de derecho se han podido efectuar gracias al pacto con Arnoldo Alemán iniciado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista e impulsar reformas constitucionales y electorales en el año 2000 que destruyeron el pluralismo político, la democracia participativa y la institucionalidad. «Las reformas electorales derivadas de ese pacto limitaron el derecho a la participación real de la oposición política y dieron lugar el control absoluto de la Asamblea Nacional lo que le permitió promulgar leyes como nuevas reformas constitucionales en 2014 que estableció la reelección indefinida», detalló.
La ex comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola dijo que es un documento histórico, valiente, inédito y claro que servirá para un futuro. A su vez dijo que la impunidad no puede regatearse. «Si la estrategia de las autoridades nicaragüenses es dotarse de elementos de negociación para conseguir sortear negociadamente la crisis de derechos humanos así como la condena y sanciones internacionales que enfrentan sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento y sin reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos; si ese fuera el objetivo del gobierno, resulta oportuno recordar que ese tipo de planes además de ser contario al derecho internacional, no producen resultados estables ni arreglos institucionales sostenibles. No es posible el regateo de la impunidad», afirmó.
Erika Guevara de Amnistía Internacional para las Américas quien monitoreó en 2018 como los paramilitares disparaban a matar, expuso que la sistematización demuestra que la comunidad internacional sostiene una mirada pasiva ante la realidad que viven miles de nicaragüenses. «Demuestra como esta política de terror se ha venido a profundizar en los últimos años ante la mirada pasiva de la comunidad internacional porque a pesar de las múltiples denuncias, a pesar de los últimos informes, de los informes generados por mecanismos legítimos nacionales o internacionales como la CIDH o el GIEI que pudo determinar que los hechos de 2018 constituían crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional sigue pasiva», detalló.
El informe determina que el régimen Ortega Murillo cometió graves violaciones a los derechos humanos consideradas crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción.
El doctor Boanerges Fornos de Acción Penal señaló que una de las características esenciales del ataque sistemático del régimen de Ortega fue la articulación de diversas estructuras del Estado o vinculadas a éste. «Entre los perpetradores y responsables de los crímenes y graves violaciones de derechos humanos se mencionan a la policía, grupos paraestatales que actuaron con aquiescencia estatal, el sistema penitenciario, los ministerios de gobernación, salud y educación, alcaldías, el sistema de justicia penal, lo que indica que en Nicaragua se estableció una política de terror generalizado».
Entre tanto, Jimena Reyes de la FIDH mencionó que el poder judicial está parcializado y totalmente sometido a la pareja dictatorial. El poder judicial se ha transformado en un instrumento de represión y tortura» al perseguir y castigar a toda persona que disiente del régimen.
Juan Carlos Arce del colectivo Nicaragua Nunca Más explicó que la represión estatal empujó a miles de nicaragüenses a huir de sus hogares, esconderse en casas de seguridad o irse al exilio para evitar ser capturadas, apresadas ilegalmente y en el peor de los casos ser sometidas a tratos crueles, torturas, golpizas y humillaciones.
La investigación demuestra que en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua existieron patrones repetitivos en los cuales actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques organizados de diversa índole como asesinatos, detenciones arbitrarias, selectivas e ilegítimas; tortura física, sexual y psicológica; y tratos inhumanos y crueles a gran escala de manera generalizada, contra la población civil, de forma premeditada y con conocimiento. Estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y líderes sociales (campesinos, indígenas, religiosos, de comunidades tradicionales, de la comunidad LGTBIQ+, integrantes de la oposición política) y las propias organizaciones de derechos humanos fueron los principales blancos de la represión.
Las mujeres opositoras siguen siendo perseguidas y sufren asedio, hostigamiento, violencia, vigilancia, amenazas, deportaciones ilegales y privación de sus libertades que la expone a riesgos diferenciados por motivos de género. «Las mujeres privadas de libertad en este contexto fueron y siguen siendo sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes. Las personas del colectivo LGTBIQ+ también han sido afectadas de manera desproporcionada» dijo la activista defensora de derechos humanos Haydee Castillo.
Para las organizaciones el informe aspira a ser una valiosa herramienta para la transformación política, social, económica, cultural y democrática del país. Se espera así que constituya un instrumento vivo de la lucha por la libertad, la democracia plena y en contra de la impunidad para las actuales y las próximas generaciones.
La representante del Cenidh, Núñez de Escorcia, valoró que el esfuerzo de documentación no hubiese sido posible gracias al trabajo y acompañamiento de los organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional o Human Right Watch. «Las instituciones tienen rostros y nombres no se nos olvidan jamás». Núñez agradeció a Paulo Abrao quien fuera secretario ejecutivo de la CIDH por «el acompañamiento, la guía y el compromiso con los derechos humanos que con su capacidad, su disciplina, su impaciencia y persistencia fue capaz de unir nuestro vigores dispersos».
Se trata de un documento que pone rostro a las víctimas y sirve para preservar la memoria, fortalecer la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación de víctimas y familiares, así como de la sociedad toda. Está dedicado a la memoria de todas las víctimas a quienes rinden tributos, a quienes han destinado su vida a la lucha por promover la democracia y proteger los derechos humanos.
