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| En la nueva embestida del régimen de Daniel Ortega se ha detenido a líderes políticos, sociales y económicos. Foto: Carlos Herrera |
Redacción AP
Alrededor de 33 organizaciones políticas, agrupaciones feministas, expresiones de SOS Nicaragua en Europa, organizaciones sociales nacionales y de solidaridad con Nicaragua, así como el pre candidato presidencial George Enríquez, denuncian ante la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, que las detenciones ilegales cometidas por el régimen, han sido llevados a cabo bajo conceptos penales ambiguos y sin evidencia probatoria, violando todos los principios del debido proceso.
En un pronunciamiento público, solicitan a la comunidad internacional exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia, además tomar las recomendaciones de la OEA, de no ocurrir esto, piden poner en marcha mecanismos internacionales creados para corregir dichos distanciamientos.
Para las organizaciones firmantes la vía electoral es la salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua, para ello exigen la liberación inmediata de las y los presos políticos, incluyendo precandidatos presidenciales, líderes políticos y sociales. El retiro inmediato de las inhibiciones e impedimentos que no hacen un proceso electoral competitivo, transparente, con observación internacional. A su vez, demandan la restitución inmediata de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía nicaragüense, incluyendo la libre movilización, reunión y la libertad irrestricta de prensa. El cese inmediato de la represión e intimidación en contra de liderazgos territoriales a través del Poder Judicial, la Policía y fuerzas paramilitares. También piden una observación internacional y nacional, el ingreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH), la CIDH y el MESENI.
En el mes de junio el régimen ha realizado secuestros y allanamientos “al margen de los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal, en horas de la noche, sin órdenes judiciales, con lujo de violencia y con la participación de civiles armados, conocidos como “paramilitares”, que cuentan con el total resguardo y observación por parte de la Policía Nacional”, dice el pronunciamiento.
Las organizaciones señalan la instrumentalización del Poder Judicial el que persigue a quienes son oposición en Nicaragua, lo que evidencia el Estado totalitario y la falta de institucionalidad en que se encuentra el país. Estos hechos empeoran la realización de unas elecciones libres y transparentes como dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “se encaminan a ser las peores elecciones posibles para Nicaragua”, lo que evidencia la falta de garantías constitucionales que el Estado debe brindar a la ciudadanía, manifiestan las agrupaciones.
Condenan los actos de persecución política en contra del periodismo independiente, quienes se enfrentan acoso, asedio, citaciones ante el Ministerio Público, amenazas y el exilio forzado. “Desde antes de 2018, son incontables las violaciones a la libertad de prensa y expresión. Y ante la nueva ola represiva hay quienes, para proteger sus vidas, se han visto obligados a irse al exilio.
Para las y los firmantes, en la oposición debe existir una concertación nacional, para lo cual se debe dejar de un lado “temas que no han permitido la unidad en el pasado. Nicaragua nos necesita con un solo objetivo: salir de la dictadura. Es por tanto que de manera conjunta repudiamos una vez más el actuar del régimen, nos solidarizamos con todas las víctimas y sus familiares; exigimos se nos garantice a los nicaragüenses una salida justa y pacífica de esta crisis”.
La continua escalada represiva por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que al amparo de leyes inconstitucionales como la Ley de 1055, «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz” y acusaciones de lavado de dinero, ha dejado a cinco precandidatos presidenciales detenidos arbitrariamente, líderes los liderazgos políticos y sociales, un cronista deportivo el periodista Miguel Mendoza, un integrante del Grupo Promérica, dos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro detenido recientemente.
