Redacción AP Salomón Manzanares Calero
Un total de 12,955.1 hectáreas fueron concedidas por 40 años en la operación de la minera a cielo abierto para la extracción de cobre, la más grande de Centroamérica, la cual le permite la Ley 406 donde establece un contrato entre el Estado y Minera Panamá (subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals). La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2017 el primer contrato ya que no había licitación pública.
La concesión ha hecho que la población panameña se manifieste en todo el territorio, la mayoría portando vestimenta de color rojo. Sus demandan enfatizan en el sentimiento patriótico, además en no continuar con la destrucción de los ecosistemas, pues la mina está extrayendo y exportando cobre desde el año 2019.
En declaraciones para el diario El País, el abogado Roberto Ruiz Díaz, señaló que “esto supone una violación al Acuerdo de Escazú, del que Panamá es parte. Sobre todo, porque se necesitaba una mayor participación ciudadana ante la continuación de un proyecto de esta magnitud. Se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas, ubicada en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el corredor biológico mesoamericano. Es decir, sobre un área protegida”, explicó.
A las 8:45 de la noche del domingo 29 de octubre, el presidente panameño Laurentino Cortizo, en cadena nacional, después de 10 días de la aprobación de la ley, dijo, “para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023, para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no la Ley 406. A través de la participación ciudadana mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano», informó.
Mientras tanto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, contradijo al mandatario en la red X. «El Tribunal Electoral ha dicho antes que para que las consultas populares tengan efecto deben ordenarse a través de una ley. Cuesta opinar sin ver ese proyecto. Apenas lo tenga lo comparto y toca analizarlo bien».
El periodista panameño Álvaro Alvarado dijo a Agenda Propia Nicaragua que “se han desarrollado protestas bastantes pacíficas en el octavo día. Hay dos tipos, la del día que es liderada por obreros de la construcción, docentes e indígenas que cierran las vías de acceso. Mantienen al país incomunicado. En Colón donde está la zona libre, no se mueve un contenedor. Tampoco dejan pasar ningún vehículo desde la Provincia de Chiriquí, ahí es como el granero de Panamá. Durante la tarde se da la otra protesta, que es de la sociedad, estudiantes, jóvenes, organizaciones, de la gente que está molesta con el sistema. Son miles los que marchan desde las 5 de la tarde”.
Hay quienes se aprovecha de la situación
Durante las manifestaciones han ocurrido algunos incidentes provocados, según Alvarado. “Existen tres elementos que pretenden generar el caos; y hay quienes piensan que son algunos de la izquierda, que hay mano del gobierno para desestabilizar las protestas y también que hay algunos políticos de oposición que enfrentan la justicia, por lo tanto, pretenden desviar la atención”.
Para mayo del próximo año, 2024, habrá elección presidencial, por lo tanto hay intereses partidarios en medio de las protestas. “Evidentemente la izquierda quiere sacar provecho de la situación”, dice Alvarado.
Respecto a la propuesta de la consulta ciudadana del presidente Cortijo, el periodista Alvarado refiere que “la gente no compró la idea de la consulta, porque es de mes y medio y la gente ahorita está en las calles. Es muy difícil que se desarme en un país donde hay mucha desconfianza de la clase política”.
Este lunes 30 de octubre las protestas continuaron, sin que las autoridades muestren solución al conflicto. Alvarado dice que la única salida es que “la Corte Suprema de Justicia pueda declarar inconstitucional el contrato, atendiendo más de 5 denuncias. Hay quienes dicen que sería a través de una ley, sin embargo, el contrato está blindado y sería bastante difícil hacerlo, lo cual traería demandas millonarias de parte de la empresa que ha invertido millones de dólares en Panamá”.
Instituciones de socorro piden colaboración de parte de la población
Ante la falta de acceso vial, la Cruz Roja Panameña, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja emitieron un comunicado en sus páginas oficiales en las que entre otras cosas, solicitan: “las personas heridas, enfermas y en demás situaciones de vulnerabilidad deben ser respetadas y protegidas en todo tiempo y circunstancias… solicitamos también se permitan y faciliten pasos seguros para; niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidades, adultos mayores o migrantes en tránsito”.
Este 30 de octubre la Asamblea Nacional sesionó, sin embargo, algunos proyectos de ley para derogar la ley minera no se pudieron presentar, ya que el Presidente de la Asamblea Jaime Vargas cerró la sesión.
